Diálogo, imposición y asimetrías: Comunidades sometidas al abuso de poder corporativo

Diálogo, imposición y asimetrías: Comunidades sometidas al abuso de poder corporativo

El Colectivo de Abogados denunció abuso de poder de la empresa Cerrejón y pidió investigación sobre la forma en que ésta llego a suscribir un documento con la comunidad Wayuu del Resguardo Provincial en La Guajira.

 

La comunidad indígena wayuu de Provincial, está integrada por 600 personas que habitan su territorio ancestral en el sur de la Guajira colombiana.

Desde hace más de treinta años, junto al resguardo, se explota carbón a tajo abierto en la mina más grande de América Latina, denominada Cerrejón.

Esta actividad minera ha afectado el territorio y la vida de la comunidad de Provincial; el acceso al agua, el ambiente sano, la salud, la cultura, la alimentación, la productividad de la tierra y la autonomía han sufrido graves daños, en algunos casos, irreparables.

A raíz de ello, la comunidad indígena decidió emprender un proceso de fortalecimiento interno y autonomía, en busca de la recuperación y exigencia de sus derechos. Para ello buscó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y, acompañado por éste, desarrolló diversas actividades de formación, denuncia, incidencia, comunicaciones, y acciones jurídicas de protección al territorio y reclamación de daños.

El proceso de reclamación de daños en la fase prejudicial terminó con un documento de cierre del caso firmado el 29 de septiembre de 2015 entre la empresa y un grupo de líderes.

Aunque la comunidad indígena solicitó su acompañamiento en este proceso, el Cajar no tuvo acceso al documento final firmado por la comunidad, y por ello tampoco pudo asesorar su redacción. Esto a pesar de haber sido su derecho como asesores jurídicos y haber manifestado su voluntad de acompañar las reuniones entre la empresa y los líderes. Así, a pesar de haber estado permanentemente en la zona, el Cajar no fue invitado a las reuniones en que la empresa se reunió con la comunidad.

Así, por la gravedad del documento, y los obstáculos que puso la empresa a su asesoría, el Cajar se vió en la necesidad de renunciar a su representación jurídica para la firma del mismo, y solicitó las investigaciones correspondientes sobre presiones a los líderes y la inconformidad de la mayoría de la comunidad con este documento.

En la opinión del Cajar, el documento de cierre del caso no reconoce siquiera el 0,6% de las afectaciones reclamadas, y lesiona gravemente los derechos de la comunidad, pone en peligro su futuro, su cohesión y armonía.

Vale la pena mencionar que el pueblo indígena Wayuu es de tradición oral, no es experto en el lenguaje escrito, tampoco en el lenguaje del derecho. Su idioma materno es el wayunaiki, y aunque algunos de los líderes conocen el español, no hubo una interpretación adecuada, de acuerdo a la complejidad de una negociación que se realizaba en castellano y en un contexto totalmente ajeno a su cosmovisión y conocimientos.

En este contexto, es importante también tener en cuenta la difícil situación de pobreza, sequía y daños ambientales que enfrentan las comunidades en la Guajira, así como el desamparo institucional que deja a comunidades como la de Provincial en total desventaja frente al poder económico, político y de negociación de la empresa Cerrejón.

Por todo lo anterior, insistimos en que la suscripción de este documento se dió en condiciones de absoluta asimetría entre las partes. De esta manera, la empresa llevó a la comunidad a la firma de un documento en el que impuso su poder sobre las necesidades y vulnerabilidad de la comunidad.

Esperamos que esta situación sea investigada tanto por las empresas matrices del Cerrejón como por los Estados en donde éstas tienen su sede y por el Estado colombiano. Esto en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos así como en el marco de la “debida diligencia”, principio que orienta a tomar todas las medidas correspondientes para evitar la vulneración de los derechos humanos y territoriales por empresas. Estas obligaciones también han sido incorporadas en los principios de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos que exigen de los Estados y las empresas “respeto, protección y remediación”.

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