Las circunstancias que rodearon la aparatosa renuncia de Jorge Armando Otálora hicieron que el tema fuera objeto de noticias y comentarios por pocos días y que se olvidara muy pronto. Tanto es así que ya pocos tienen en cuenta que la Defensoría continúa acéfala. Este ente, a pesar de no tener facultades sancionatorias es muy importante por la capacidad de representar a los sectores tradicionalmente marginados y abogar causas ligadas a los derechos humanos.

Los hechos demostraron el proceder antiético e ilegal por parte del entonces Defensor y promovieron una importante polémica sobre el acoso sexual y laboral en el país sobre todo por parte de funcionarios varones a mujeres, abusando de los cargos que les ha confiado la institucionalidad.

Pasados unos meses de estos lamentables episodios, todo indica que los responsables políticos de la elección del oscuro personaje que salió por la puerta de atrás de una entidad a la que nunca debió acceder, no aprenden la lección y persisten en proponer y nombrar para tan alta dignidad a otro político activo o en todo caso a una persona ligada a los círculos de intereses y negocios en que se han convertido los partidos políticos y los altos órganos del Estado.

El país no ha escuchado la menor autocrítica por parte de quienes propiciaron su nombramiento, el Presidente de la República y la Cámara de Representantes. También ha callado como un pez el Partido Liberal, grupo al que pertenece el doctor Otálora y que lo promovió y apoyó, como tampoco se ha oído de ningún proceso disciplinario a su interior con ocasión de su vergonzoso comportamiento público. Por el contrario, lo único que se oye, soto voce, es que dicha colectividad, sin mancharse ni romperse, maniobra para conservar a uno de los suyos en esa posición y se menciona al hijo de un expresidente de esa filiación.

Entre tanto, caen en el olvido las justas propuestas de personalidades democráticas y organizaciones de mujeresy feministas, en el sentido de que se postulara para regentar la Defensoría del Pueblo una terna integrada por mujeres comprometidas con la causa de los derechos humanos y no con los acuerdos políticos e intrigas burocráticas que desde su creación han regido el proceso de escogencia del titular de ese cargo.

Es justo que si la terna no está integrada en su totalidad por mujeres, si lo esté mayoritariamente y, en todo caso, por profesionales realmente independientes, de gran autoridad ética, con conocimiento y trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Del seno de las propias ongs no solamente dedicadas a esa área sino de las ambientalistas o de formación popular, de investigación y acción jurídica, y de los y las académicas, surgen excelentes nombres de juristas que además de hacer una gran labor en beneficio de la sociedad y de sus sectores más vulnerables, pueden contribuir a rescatar la imagen de ese importante órgano del Ministerio Público.

Llamamos a las organizaciones a respaldar algunas postulaciones escogidas de entre sus integrantes y a coordinar pronunciamientos y estudios sobre los candidatos a la Defensoría para evitar otro descalabro como el sucedido en el pasado inmediato, que no es responsabilidad de una sola persona sino de la perversión de todo el sistema político que ha desnaturalizado una institución tan cara a las necesidades e intereses de la población.

Más allá del debate sobre las personas, lo más importante es recuperar no solamente la credibilidad e imagen de la Defensoría del Pueblo como verdadera “magistratura moral” que oriente y apoye a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos.

En esa tónica es necesario que no dependa únicamente de las pautas que trace su cabeza sino que sea, como se desprende del carácter social y de derecho de nuestro Estado y de las normas que regulan la entidad, un organismo compenetrado con la participación de la comunidad y de las organizaciones de la sociedad civil.

Por ello se hace imperativa la convocatoria del Consejo Asesor contemplado en el artículo 32 de la ley 24 de 1992, ya, por lo demás puede efectivizarse mediante acción de cumplimiento porque extrañamente no ha sido constituido y por ende nunca ha sesionado.

Este consejo debe ser presidido por el Defensor del Pueblo y estará integrado por los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones legales de Derechos Humanos de cada Cámara Legislativa, un representante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, un representante de las universidades privadas, un delegado de la Federación Nacional de Personeros de Colombia y cuatro voceros de las Organizaciones no Gubernamentales con personería jurídica y cuyo objeto sea la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Despersonalicemos el debate y profundicemos en acciones que superen las fallas de los órganos de control para contribuir a la superación de los graves problemas que los afectan.