Uno de ellos, el guerrillero y comandante de la operación, Alfonso Jacquin Gutiérrez, quien según video revelado por Noticias UNO el domingo 30 de spetiembre salió con vida, conducido por militares, y cuyos restos fueron identificados 32 años después en la sepultura del escolta del magistrado Alfonso Reyes Echandía, Libardo Durán, agente de la Policía. Ante las imágenes reveladas por el noticiero, la identidad de Alfonso Jacquin fue indudable para su amigo de toda la vida Héctor Elías Pineda y para su familia, quien prefirió no hacer el reconocimiento ante las cámaras.

Esta prueba de que salió con vida revelaría violaciones al derecho internacional humanitario que cobija a todos los combatientes, y a los derechos humanos por cuanto habiendo salido en manos de la fuerza pública, su paradero estuvo oculto durante más de 32 años, lo que lo convierte en víctima de desaparición forzada.

El otro video es del magistrado auxiliar Julio Cesar Andrade, a cuya familia le entregaron los restos de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, empleado de la cafetería del Palacio, y 32 años después descubrieron el engaño del que habían sido víctimas. En medio de profunda consternación, uno de sus hijos el abogado Gabriel Andrade corroboró la identidad de su padre saliendo con vida del Palacio, a través de los recursos técnicos de los equipos de visualización de Noticias Caracol, que hizo la revelación este martes 2 de octubre.

Estas nuevas imágenes confirman el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 cuando responsabilizó al Estado colombiano por la actuación de la fuerza pública durante la toma: “… la Corte consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”.

Para la familia de Alfonso Jacquin Gutiérrez, la búsqueda del cuerpo concluyó el pasado 27 de julio cuando se cumplió el acto de entrega digna de los restos óseos hallados, aunque siguen luchando por la verdad y la justicia. Pero para la familia del magistrado Andrade la búsqueda de su paradero apenas comienza.

Estas nuevas revelaciones vuelven a abrir el interrogante sobre la responsabilidad del alto mando militar de la época que conocía previamente de los planes de la organización guerrillera de tomarse el Palacio y no previno la toma sino que preparó una emboscada en la cual murieron casi 100 personas, entre civiles y combatientes, y al menos veinte se encuentran aún desaparecidas.

Contrario a su deber de garante de derechos humanos, la fuerza pública habría detenido y desaparecido a personas que salieron con vida del Palacio para luego retornarlas sin vida a las instalaciones del mismo, incinerar sus cuerpos y entregarlos de manera irregular y confusa a algunos familiares. Otros debieron buscar y siguen buscando para recuperar los restos de sus seres queridos. “…la Corte destacó que no hay controversia en que bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”, señala el fallo de la Corte IDH, del 14 de noviembre de 2014.

Con estos nuevas pruebas, se espera que la Fiscalía y la justicia en su conjunto, avancen en el esclarecimiento de la totalidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma del Palacio de Justicia, que comprometen a la cúpula militar de la época, en cabeza en ese momento del presidente de la República Belisario Betancur Cuartas, e incluye al alto mando militar: Ministro Vega Uribe hoy fallecido; General (r) Rafael Samudio Molina, jefe del Estado mayor conjunto de las Fuerzas Militares; General (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII -hoy en juicio por otros cinco desapariciones-; General (r) Iván Ramírez Quintero, comandante del Batallón Charry Solano -llamado a indagatoria por 11 casos de tortura; Coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, comandante de inteligencia de la Brigada XIII -condenado por dos desapariciones forzadas; y Coronel (r) Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería y de la operación de retoma, absuelto por la Corte Suprema de Justicia en el caso de dos desapariciones forzadas, pese a pruebas contundentes en su contra.