Eje Político 1: Lucha contra la impunidad

Consiste en contribuir al esclarecimiento de la verdad procesal e histórica de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; a la investigación, juzgamiento, sanción y visibilización de los autores materiales y máximos responsables intelectuales o beneficiarios de los crímenes; a la identificación de macro casos emblemáticos, modus operandi y patrones de agresión; a la reparación integral de daños individuales y colectivos; al fortalecimiento organizativo de las víctimas, comunidades y procesos organizativos; y a la adopción de reformas estructurales para la materialización de garantías de no repetición, a nivel nacional e internacional.

Eje Político 2: Defensa del territorio y lucha contra la crisis climática

Consiste en construir con las comunidades rutas de exigibilidad integral de derechos para contribuir al fortalecimiento de su autonomía; a la protección de las personas, comunidades y sus procesos organizativos para la defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales; a la permanencia en el territorio; a la identificación de máximos responsables y protección de derechos colectivos frente a la imposición de proyectos extractivos; y a la justicia ambiental para enfrentar el cambio climático.

Eje Político 3: Superación del conflicto armado y construcción de paz

Consiste en promover el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz; los diálogos entre el Gobierno y el ELN; el desmonte del paramilitarismo; la protección de líderes/as sociales y defensores/as de DD.HH.; una cultura de paz, y la construcción de paz desde los territorios.

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La decisión de decretar medidas correccionales contra el gerente de Empresas Públicas de Medellín -EPM- por la Justicia Especial para la Paz -JEP-, dada a conocer este 18 de agosto de 2020, corrobora las denuncias que las víctimas realizamos en la Audiencia Pública del 8 y 9 de octubre de 2019 en la ciudad de Medellín, sobre la falta de compromiso con la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en la zona de influencia del proyecto Hidroituango,…

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Un fallo de tutela en segunda instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, del 18 de agosto de 2020 pone freno a la erradicación forzada y violenta en los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte, en el proceso de tutela donde se pidió el amparo de los derechos la vida, integridad, intimidad, libertad personal y la familia, salud, mínimo vital, debido proceso, paz, al principio de distinción y otras principios del DIH.