El camino de ida comenzó en 1997. “Quieto el viento, el tiempo, Mapiripán es ya una fecha” escribió María Mercedes Carranza entonces para nombrar los cinco días de horror que dejaron un número indeterminado aún de víctimas mortales entre el 15 y el 20 de julio de aquel año, y que fueron recogidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que condenó al General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez. (1)

Esos cinco días de horror fueron sólo un capítulo de la guerra y la violencia sociopolítica en este puerto del río Guaviare. Mapiripán había sido elegido por sectores de las Fuerzas Armadas como escenario de consolidación de su proyecto paramilitar de despojo por la vía del terror y control territorial en todo el Meta. Los máximos responsables de este plan criminal siguen sin responder ante la justicia.

Y es que se suele pensar en la masacre como un suceso aislado. Incluso la justicia no lo ha analizado dentro del conjunto de hechos atroces que incluyen otras masacres como la de Puerto Alvira o Caño Jabón, como la conocen sus pobladores, así como los combates, las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos que marcaron la peor ola de muerte, guerra, desplazamiento y despojo territorial que ha vivido el departamento, y que tuvo lugar entre 1997 y 2002.

“Fue un chulo el que me señaló dónde encontrarlo. Aún con todo el miedo que sentía fui hasta el sitio y lo encontré, encontré su pierna, aún con el pantalón y el zapatico, sus brazos… lo único que no encontré fue la cabeza y hasta el día de hoy no la he encontrado. Como pude y con ayuda de un vecino, metí su cuerpo en unas lonas y lo cargué. Nadie más quería ayudarme, yo parecía loca en ese pueblo, pero entendía que no quisieran. Ya habían matado a varios de quienes ayudaron a recoger cuerpos. Luego con un cemento que conseguí un señor me ayudó a hacer una cruz y la tuve escondida durante varios días en mi casa, sin saber dónde esconderla para que los paramilitares no la encontraran. A mi casa llegó el comandante “Richard” a preguntar si yo había recogido el cuerpo de mi esposo. Le dije que sí y le pregunté que si por eso me iban a matar. Él me dijo que denunciara, que había sido la guerrilla y que era natural que yo lo hubiera buscado para enterrarlo. El otro muchacho que andaba con él me conocía y también a mi familia, cuando ya se iban yendo me dijo que eso era mentira y que eran ellos los que lo habían asesinado. Luego, años después, la guerrilla se llevó reclutado por la fuerza a uno de mis hijos. Yo no logro olvidarme de eso ni un solo día de mi vida. Me olvido de pagar un recibo o de donde dejé las llaves, pero de eso nunca me voy a olvidar.”

El esposo de Rosa Elia Rodríguez fue una de las cientos de víctimas que dejó el recorrido macabro de los paramilitares que salieron de Mapiripán hacia La Cooperativa, corregimiento de Vistahermosa, hasta donde llegaron para robarle sus tierras, destruir su economía próspera, que vivió también de la coca.

Días después de la masacre, el 2 de agosto del 97, un comando guerrillero llegó a la La Cooperativa, e inició un combate con los paramilitares. También fueron víctimas, jóvenes reclutados en Bogotá y otras ciudades, los que luego aparecerían como falsos positivos, quienes eran enviados como carne de cañón a morir en la primera línea de fuego de los grupos paramilitares, agrega el sacerdote Alberto Franco, integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que acompaña a la comunidad en su proceso de retorno, junto con la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, más recientemente.

Más adelante vendría otra guerra para la zona, la de los paramilitares de alias “Martín Llanos” y los hombres de Castaño ya entonces nombrados como “los Urabeños”, como recuerda Juan Carlos Castro Arango, víctima de la masacre e integrante de Asomudem, quien tenía 13 años cuando ocurrieron estos hechos donde perdió a su tío y por los cuales se desplazó con su familia.

Esta guerra que dejó cerca de mil muertes y se desató por la masacre de once miembros de una comisión judicial en octubre de 1997 entre San Martín y San Carlos de Guaroa, quienes iban a realizar un allanamiento en la finca Alcarabán. La llegada de urabeños dividió también a los paramilitares “Autodefensas Campesinas del Casanare”: las del sur, comandadas por Martín Llanos, y las del norte, por Luis Eduardo Ramírez Vargas, alias ‘HK’ entre quienes se desató otra matanza.

Un pueblo fantasma, 511 familias desplazadas, y alrededor de cinco mil muertes violentas fueron dejando a su paso el recrudecimiento del conflicto y la violencia estatal solo en Mapiripán. Las estadísticas sobre desplazamiento forzado son el resultado del trabajo de documentación y organización de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, Asomudem, liderada por Cecilia Lozano, y Mi Consuelo Campesino, Micomcamp, quienes se agruparon desde 2006 para exigir la atención estatal que aún sigue pendiente.

“Yo tenía 15 añitos cuando pasó eso. Como al quinto día de la masacre, llegó un helicóptero como de canadienses, (Cruz Roja Internacional) era gente que no hablaba en español y ellos nos sacaron en un avión y nos sacaron a toda la juventud, porque decían que esto se iba a armar la guerra peor entre los paramilitares y la guerrilla, y que los primeros a los que iban a reclutar era a los jóvenes. Fuimos a dar a Villavicencio a donde una amiguita de mi mamá y un hermano que vivía en Uruguay se enteró de la masacre y vino a buscarnos a Villavicencio pensando que mis papás habían muerto. Con mi otro hermano les dijimos que no, que ellos estaban vivos. Ya después ellos lograron salir de Mapiripán y nos volvimos a reunir… a empezar de cero. Mi mamá sufría mucho por las cositas que había dejado allá, por todo lo que perdimos…” Jackeline Torres Prada, víctima sobreviviente

Los obstáculos de la reparación integral

El camino de regreso comenzó a vislumbrarse como algo posible unos seis años atrás, cuando el escándalo de las víctimas que atribuyeron falsamente su tragedia a lo allí ocurrido, quiso poner en tela de juicio la verdad histórica y judicial ya establecidas. Fue entonces cuando las víctimas de Mapiripán volvieron a juntarse, empezaron a buscarse en Villavicencio a donde fueron a parar muchas de ellas desplazadas por la masacre.

Al primer reencuentro en 2012 llegaron 50 personas y al segundo 500, recuerda Luis Guillermo Pérez, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, quien ha acompañado este caso desde su origen. Entonces, agrega, comenzó la búsqueda de una reparación colectiva, de un reconocimiento integral del daño causado a estas familias, y también la comprensión más a fondo de la magnitud de los hechos ocurridos en Mapiripán.

Luego, en el año 2013 se inició el proceso de su reconocimiento como sujetos de reparación colectiva por parte de la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras, Uariv, que incluye medidas materiales individuales y colectivas, medidas políticas de inclusión social, garantías de no repetición y medidas simbólicas de reconocimiento y dignificación. Ninguna de ellas ha cobijado hasta hoy a las víctimas de Mapiripán.

Los obstáculos para que las familias sobrevivientes retornen con garantías a sus tierras son el reflejo de un modelo de despojo territorial por la vía del terror que se consolidó con la llegada de la multinacional de origen italiano Poligrow. Desde el año 2008, la empresa comenzó a adquirir tierras en Mapiripán, a través de la compra irregular de tres fincas: Macondo I, II Y III, en transacciones que presuntamente se hicieron violando la Ley agraria vigente, Ley 160 de 1994, pues los tres predios fueron adjudicados como baldíos, y superando el área de la Unidad Agrícola Familiar de la zona, establecida entre 1360 y 1840 hectáreas, de acuerdo con la resolución 041 de 1996 del extinto Incora.

La empresa Poligrow también ha sido cuestionada por daños ambientales documentados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz la cual acompaña a los pueblos indígenas Sikuane y Jiw, azotado por la destrucción de sus ecosistemas y la guerra, así como a la familia Aljure, de arraigada tradición en la zona, que logró la restitución de tierras adjudicadas a sus abuelos y que no había podido recuperar por la presencia paramilitar y la actividad de explotación palmera de Poligrow.

La conmemoración

20 años después, un poco más de 120 de las víctimas sobrevivientes que salieron desplazadas volvieron a encontrarse, a revivir y relatar el horror, pero también a reafirmar su esperanza de verdad, justicia, y de poder retornar con garantías. Esta conmemoración de los 20 años fue también el momento para reconstruir lazos rotos entre habitantes que permanecieron en el municipio soportando muchas dificultades y quienes no tuvieron otro camino que huir después de la masacre. Esa destrucción del tejido social ha sido otra de las estrategias para frenar el retorno y la reparación colectiva en Mapiripán.

Para enviar ese mensaje de unidad, el día previo al acto oficial, una chiva recorrió las escasas calles del casco urbano saludando con alegría y fraternidad a los pobladores quienes desde las puertas de sus casas observaban con asombro, nostalgia y alegría a sus antiguos vecinos.

Leida Castro, víctima sobreviviente

Las lágrimas fueron inevitables al llegar al río Guaviare, testigo de la vida próspera que dejaron atrás, donde las casetas de pescado y otras mercancías ya no existen. Queda el río, lugar sagrado donde reposan los restos sin hallar de muchos de sus seres queridos.

“Había una perrita que llegaba a las casas con manos… partes de los cuerpos de las víctimas que sacaba del río Guaviare, cuando los paramilitares se dieron cuenta dijeron que había que matarla y así lo hicieron” recordó Gloria Castro, otra de las víctimas sobrevivientes.

Mapiripán entonces era un pueblo pequeño, recuerdan las lideresas desplazadas, pero aquí venía gente de otras partes por lo que era puerto, y venían a descansar, a comprar, se movía mucha gente y mucha plata. Igual en Puerto Alvira, allí se movían dólares.

Hoy Mapiripán ha crecido, según perciben pero también notan la pobreza, el abandono de algunas zonas del casco urbano del municipio, donde aún permanecen sitios de memoria como el Matadero, lugar de tortura y descuartizamientos durante la masacre. Sitios que esperan que un día hagan parte de un museo que honre a las víctimas y cuente lo que pasó allí para que no se olvide y no se repita.

Esa primera jornada de la conmemoración terminó con un emotivo evento preparatorio del acto oficial, donde los participantes plasmaron en carteles los nombres de sus seres queridos, sus anhelos de paz, justicia, verdad, la memoria de lo que dejaron atrás y la esperanza que no desfallece.

Allí, el abogado Luis Guillermo Pérez, anunció que le solicitó a la Fiscalía declarar la masacre de Mapiripán como un crimen de lesa humanidad y que el General Rito Alejo del Río será finalmente llamado a indagatoria por su participación en la masacre, como comandante de la XVII Brigada del Ejército en Urabá cuando despegaron los dos aviones hacia Mapiripán.

También hubo lugar para recordar la lucha por la restitución y la justicia, a través de un documental realizado por Humanidad Vigente y el Cajar, y para escuchar la retractación a la que obligó la justicia a José Obdulio Gaviria, senador del partido Centro Democrático del ex presidente y senador Álvaro Uribe, por sus injurias y calumnias en relación con la representación de las víctimas ejercida por el Cajar.

Al finalizar el día, en un largo telar, las víctimas reconstruyeron la historia vivida al son de la guitarra de don Ancizar Cano, víctima de la masacre de Trujillo, Valle, invitado especial a la conmemoración. Allí dejaron plasmado el pasado tranquilo que destruyó una incursión guerrillera al casco urbano en 1996 y luego la masacre de 1997, el presente donde prevalece la palma sembrada por Poligrow, hoy principal empleador del municipio, y un futuro donde se contempla el retorno con garantías y en armonía con la naturaleza.

El mural encabezó el escenario de la conmemoración oficial del día siguiente, 18 de julio, cuando el acto se inició con una emotiva ceremonia interreligiosa de las iglesias presentes en el municipio, liderada por el padre Alberto Franco. Luego los discursos de representantes de la Gobernación, la Unidad de Víctimas y la Alcaldía Municipal.

A su turno intervinieron las representantes de las organizaciones de víctimas, Marina Sanmiguel cuyo esposo José Rolan Valencia fue asesinado y decapitado en la pista del aeropuerto de Mapiripán, y Cecilia Lozano, lideresa de Asomudem, quien perdió a su esposo en 2002 cuando fue desaparecido.

También el abogado del caso, Luis Guillermo Pérez, quien recordó los incumplimientos del Estado de la sentencia que lo condenó por la masacre, de la Unidad de Víctimas, y las deudas en materia de verdad y justicia. Así mismo, le recordó al general Jaime Humberto Uscátegui que en 1997 reconoció su jurisdicción sobre Mapiripán en una declaración rendida a la Procuraduría delegada ante la justicia penal militar.

El general condenado a 37 años de prisión de los cuales ha cumplido 16, recientemente se acogió a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz para obtener la libertad transitoria, pero insiste en negar su jurisdicción en la zona y su responsabilidad en los hechos. “Si no contribuye con la verdad de los hechos, y sigue mintiéndole al país, a su familia y a sí mismo, podría enfrentar una nueva condena de 20 años en esta jurisdicción”, aseguró el abogado de las víctimas.

Los actos públicos de conmemoración se cerraron con un conversatorio entre las víctimas que abrió la intervención de Viviana Barrera, cuyo padre Antonio María Barrera, fue ejecutado en el casco urbano de Mapiripán.

Luego se dio inicio a una marcha que comenzó silenciosa y que fue elevando la voz e irrumpiendo en la cotidianidad con sus consignas:

¡20 años y no los olvidamos, cada día los recordamos!
¡Ante el olvido y la impunidad, memoria con dignidad!
¡Que no se olvide, que no se repita!

El Ejército y la Policía se hicieron presentes durante todo el recorrido, así como en distintos momentos y lugares de la conmemoración, incluso hicieron un intento de detener la chiva en la que se movilizaban las víctimas desde el lugar de hospedaje hacia el acto público, dejando interrogantes sobre su papel en el territorio, y sobre la lógica de guerra que persiste en este, uno de los 39 municipios que hace parte de las circunscripciones especiales de paz y priorizados por el Ministerio del Interior dentro la estrategia estatal Paz en Acción.

El camino de regreso hizo un alto indispensable a la entrada de la vereda La Cooperativa. Allí se rindió un homenaje, el más sentido y el más triste, lejos de la razón y el discurso, a todas las víctimas. Las y los participantes renovaron el compromiso de volver, de seguir buscando sin descanso ese camino de vuelta a un Mapiripán en paz, con justicia social y ambiental. A construir ese Mapiripán que sea, como en su traducción indígena, una mochila tejida donde se guarda el pan.

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Nota:

1. “El 12 de julio de 1997 arribaron al aeropuerto de San José del Guaviare dos aeronaves provenientes de los municipios de Apartadó y Necoclí, localizados en el Urabá Antioqueño, transportando aproximadamente treinta integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, (en ese momento aún se identificaban como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU)

Posteriormente los hombres se dirigieron por vía terrestre hacia el sitio conocido como «Trocha Ganadera» para reunirse con otros miembros de esa agrupación que operaban en los Llanos Orientales, trasladándose así un número aproximado de ciento cincuenta sujetos por vía fluvial y terrestre hacia el municipio de Mapiripán (Meta), lugar al que llegaron en la madrugada del 15 de julio siguiente.

En ese sitio empezaron una incursión armada, así como en el corregimiento aledaño denominado La Cooperativa, allí impidieron la libertad de locomoción y comunicación de los habitantes, clausuraron las vías de acceso terrestres y fluviales, cerraron oficinas públicas, retuvieron y ultimaron a varios de sus pobladores tras señalarlos de ser auxiliadores de la guerrilla, desmembraron sus cuerpos y luego los lanzaron al río Guaviare. Los cadáveres de tres víctimas que habían sido degolladas fueron encontrados en el perímetro urbano de la población.”
Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, SP 7135-2014 p. 3