Para quienes le han hecho apología a las teorías del libre mercado, que argumentan que este “lo regula todo”, tendrán mucho que reflexionar sobre el discurso del presidente Uribe en la instalación del nuevo Congreso el pasado 20 de julio, pues sólo expuso medidas intervensionistas en beneficio del gran capital extranjero.

Sin duda el llamado “Estado comunitario” corresponde a la lógica del mercado neoliberal antes que a los intereses nacionales y populares, de ahí que el aspecto fundamental de su discurso haya sido la exaltación a la inversión de las multinacionales, convocando a las reformas para la “competitividad internacional”, mostrándola como tabla de salvación a la aguda crisis social que vive la mayoría de la población colombiana.

Estas medidas son anunciadas como los incentivos tributarios para las multinacionales, con el vano argumento de constituirse en generación de empleo y crecimiento económico. También muestran a qué sectores sociales pretende beneficiar con su nuevo paquete tributario: con lo que llamó “formalización de la economía”, busca imponer mayores impuestos para los sectores populares, ya que ahora vendedores ambulantes, tenderos y toda la economía informal ingresará al banco de contribuyentes, por medio del llamado IVA presuntivo, añadiendo que se ampliará la base tributaria a toda la canasta familiar a cambio de una promesa de devolución a los estratos bajos de este gravamen, que en los hechos lo poco que se devuelva en programas asistenciales no es otra cosa que fortalecer el sistema clientelista que trafica con las necesidades del pueblo. Con esta reforma tributaria el gobierno busca recaudar más de seis billones de pesos para entregárselos principalmente a la banca internacional.

En cuanto a la descentralización financiera, sobre las responsabilidades en servicios, por ejemplo, el mantenimiento de las vías terciarias tiene un nuevo ingrediente, introducido por medio de la modalidad de “contratación grupal” de entidades y entes territoriales, lo que expresa aún más la lógica neoliberal de esta política de descentralización y las funciones que cumplen en este sentido las actividades “comunitarias”. Además, con el supuesto principio de la solidaridad, Uribe propuso la creación de un fondo de ahorro regional de los diferentes entes territoriales, para delegarles la responsabilidad de construir la infraestructura regional necesaria, lo que busca facilitar el flujo de las mercancías que lleguen con el TLC.

El recorte a las transferencias a municipios, propuesta por Uribe con el argumento del alto endeudamiento y déficit fiscal del Estado central, busca quitarles, aún más, la autonomía a estos, lo que va unido a la propuesta de reformar la Constitución para poder disolver e intervenir la administración financiera de dichos entes locales, con el argumento de combatir posibles casos de corrupción administrativa.

Para ajustar el discurso neoliberal, exaltó los 280 casos de reestructuración de entidades publicas, lo que es el preludio de despidos masivos a cambio de un membrete de calidad ISO, símbolo de la eficiencia mercantil.

Por otra parte, la participación ciudadana que se propone dentro del Estado comunitario está en la lógica del mercado y de los intereses del capital financiero, de ahí que tanto las veedurías comunitarias, el control social de los dineros públicos, los consejos comunitarios, las audiencias públicas para “elaborar el Plan de desarrollo”, hasta la publicidad de información sobre los gastos gubernamentales dentro de la llamada transparencia, sólo limitan dicha participación al logro de la eficiencia del gasto público y no se concibe como un medio para resolver las necesidades de los sectores populares.

En cuanto a la política social, el discurso se puede reducir a lo siguiente: contratos laborales indefinidos, más créditos, pensiones concurrentes y país de propietarios. Cuando dice que propone una reforma laboral para establecer la contratación indefinida a cambio de la temporal, lo hace porque una de las dificultades de la banca para el otorgamiento de créditos ha sido la inestabilidad laboral de gran parte de los trabajadores, de ahí que busque garantizar el incremento de los créditos y el recaudo de cartera, por ende el enriquecimiento de los grupos financieros por medio de la usura.

Lo mismo sucede con la propuesta de pensiones concurrentes, consistentes en pensiones conyugales antes que individuales, con lo que busca aumentar las semanas de cotización para cada pensión y tan sólo una por hogar, pues recuérdese que según el presidente, el sistema de pensiones es el principal causante de los cinco puntos del déficit fiscal.

Para rematar lo social, propuso seguir con el país de propietarios por medio de la legalización de predios urbanos ya habitados, para poder facilitar la inversión de capital extranjero en infraestructura urbana, sin mencionar las expropiaciones que hicieron las corporaciones de ahorro y vivienda, ni el despojo terrateniente de tierras a miles y miles de campesinos en los primeros cuatro años de su mandato.

Por último, expuso cómo una de las principales características de la llamada democracia moderna era la “seguridad democrática”, insistiendo que “no se le podía hacer apología al abuso del individuo”, como él llama los derechos fundamentales de los ciudadanos y así desde su Estado comunitario poder negarlos.

Con certeza, se puede decir que Uribe tiene el gorro de virrey y el signo de la explotación entre sus cejas, y que José María Carbonell se volvió a estremecer en esta fecha del florero de Llorente.