Las Organizaciones internacionales de sociedad civil que suscriben el presente comunicado expresan su solidaridad con las más de 130 personas, entre ellas, periodistas, integrantes de partidos políticos, ONGs defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes, de acuerdo con las investigaciones de la revista Semana, vienen siendo víctimas de un nuevo episodio de interceptaciones ilegales, mediante la implementación de un programa de seguimiento informático, ejecutado por varias unidades del Ejército nacional.
Estas interceptaciones que incluyen incluso altos funcionarios del Gobierno de Iván Duque, ponen en cuestión las garantías de los principios constitucionales y democráticos en Colombia.
Son preocupantes los resultados de esta investigación periodística, según los cuales, estas escuchas se dan en respuesta a las publicaciones, realizadas por el New York Times a comienzos del 2019, sobre el regreso de las ejecuciones extrajudiciales y la investigación de la Liga contra el Silencio y las Rutas del Conflicto sobre convenios entre empresas extractivas y el Ministerio de Defensa en julio de 2019.
La libertad de expresión está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en Colombia, es un derecho constitucional (artículo 20) y es esencial, como lo afirma la Comisión Interamericana de derechos Humanos en su capítulo VIII, en el desarrollo de la democracia y para el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Como lo resalta la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU los sistemas de inteligencia estatal deben usarse para la protección de los derechos humanos, y no para vulnerarlos. En ese sentido exhortamos al Estado colombiano a tomar las medidas concretas de regulación de dichos sistemas de inteligencia.
Es urgente que el Estado colombiano en un ejercicio de transparencia con el pueblo colombiano y con la comunidad internacional adelante las investigaciones pertinentes que den claridad sobre el origen de estas acciones y lleve ante las autoridades competentes a los responsables de esta gravísima agresión a la labor de defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa y las garantías a la oposición política en Colombia.
El Estado colombiano debe, así mismo, brindar las garantías suficientes a la Vida e integridad y el derecho a la defensa de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en general y de manera particular de quienes han quedado expuestas con esta práctica ilegal.
Como organizaciones de la sociedad civil internacional alertamos sobre el alto riesgo que corre la sostenibilidad del proceso de paz en Colombia, en medio de la pandemia del Covid-19, con este tipo de persecuciones a la oposición política, sumadas al incremento de asesinatos contra las personas defensoras de derechos humanos y excombatientes de las Farc que en lo que va corrido del 2020 ya suman más de 100, de acuerdo con registros de Indepaz.
Los sistemas de inteligencia deben respetar los derechos humanos y estar sujetos a estrictos controles civiles y judiciales