Las víctimas de crímenes de Estado, nos convocamos a la marcha del 9 de abril en apoyo a los diálogos de paz de la Habana. Queremos en esta ocasión que tanto el Estado como los grupos armados de oposición se comprometan de forma expresa en acciones por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra que durante décadas han golpeado a millones y millones de colombianos y colombianas.

 

Estamos exigiendo a las partes del conflicto armado colombiano que asuman su responsabilidad por los crímenes sucedidos, en especial al Estado colombiano que reconozca la existencia de una política de Estado tendiente a la consecución de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

El Movice presentó durante su VI Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el 6 de marzo de 2013, junto con otras organizaciones sociales y representantes de víctimas, un documento que contiene 11 puntos para llegar a una paz duradera y tendiente a superar el conflicto político, social y armado del país, documento en el que se exige la participación decisoria y deliberante de las víctimas en lo relativo a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, rechazando que se obvie, por vía de diálogo a puerta cerrada, la participación de éstas por parte de los actores en conflicto.

Algunas de nuestras propuestas son: la creación de una Comisión de la Verdad que esclarezca los hechos sucedidos; el regreso de todos los desaparecidos a sus hogares; la reparación colectiva a las víctimas de prácticas como el genocidio político; la reducción del presupuesto militar; la depuración de las tres ramas del poder; la desclasificación de los archivos de inteligencia, particularmente los atinentes a graves violaciones de los derechos humanos; el desmonte efectivo del paramilitarismo; la sanción y reapertura de los procesos de los máximos responsables de los crímenes de Estado; la prohibición de las concesiones a agentes externos a las comunidades restituidas para la explotación de recursos minero energéticos.