Este año va a ser el año de la protesta social. La primera movilización que vamos tener es la del 21E y toda una serie de actividades que se están convocando desde diferentes sectores del movimiento social.

El pasado 14 de enero el Procurador General de la Nación le dijo al Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD de la Policía Nacional que no pueden utilizar la escopeta Calibre 12 en las protestas sociales. De manera general, esta sería una buena recomendación ya que esta fue el arma que se usó en el homicidio del joven Dilan Cruz, un caso que, por cierto, consideramos que no debe ser conocido por la justicia penal militar porque no es justicia. No obstante, la medida ordenada por la Procuraduría es de mitigación e incluso puede convertirse en un salvavidas para este organismo.

Y es que el Esmad no genera violencia solo con esta escopeta sino con muchas otras armas con las que ha ocasionado muertes, daños, lesiones, mutilaciones y en este sentido, el Procurador General Fernando Carrillo debería sumarse al clamor popular por el cierre del ESMAD.

Este Escuadrón de la Policía Nacional se ha convertido en un mecanismo violento que en cuanto hace presencia en la calle genera una reacción de rechazo y violencia de protestante pacíficos, con una contra reacción desproporcionada de los miembros del ESMAD.

En este sentido, el balance del Paro hasta hoy es bastante grave. Empezó con la estigmatización del Paro, que era para tumbar a Duque y desestabilizar el país, las llamadas del Presidente de la República a los ciudadanos con ese mensaje, las declaraciones del Director de la Policía Nacional de Colombia, General Oscar Atehortúa, de que había 20 universidades infiltradas, 37 allanamientos preventivos e ilegales, 1468 detenciones arbitrarias, muchas de ellas abusando de la figura del traslado por protección contemplada en el Código Nacional de Policía.

A esto hay que sumarle 136 judicializaciones infundadas es decir con acusaciones de delitos que no se cometieron y que, por tanto, no se pudieron legalizar ante jueces de control de garantías, y otra realidad preocupante: Desde el 7 de agosto de 2018 hasta las movilizaciones de noviembre y diciembre de 2019, 480 personas habían sufrido lesiones por parte del ESMAD y al menos 16 de ellas habían sufrido mutilaciones con la pérdida de ojos.

Todo esto nos pone de presente que el ESMAD es un organismo dedicado a violar derechos humanos, que además ha sido utilizado en escenarios donde no está autorizado para actuar como los desalojos forzados, más de 1200 casos de este tipo, cuando su función no es la de favorecer a la banca o al sector financiero.

Y también está el fenómeno preocupante del ESMAD militar. No es posible que ahora se asignen soldados contraguerrilla para funciones de ESMAD atacando a manifestantes que se oponen al fracking o defienden el ambiente. Una fuerza al servicio de la infraestructura petrolera o minera. Pero también en Bogotá, donde lo está haciendo la Brigada XIII que ha incorporado a soldados contraguerrilla en ese ESMAD militar que solo logra incrementar las situaciones de violencia.

Ante este panorama de protestas y abusos de autoridad, esperamos que los nuevos 1.100 alcaldes y 32 gobernadores apliquen el Protocolo de actuación de la fuerza pública en casos de protesta social, resolución 1190 de 2018 que cuenta con los mecanismos idóneos para garantizar los derechos de quienes protestan y quienes no lo hacen. Recordemos que la protesta es un derecho constitucional y fundamental del que se derivan los demás derechos.

En la ciudad de Bogotá, esperamos que la alcaldesa Claudia López haga una declaración pública de no sacar el ESMAD a la calle el 21 de Enero, de darle un tratamiento civilista al Paro Nacional, con gestores de convivencia, estudiantes, ONG, defensoras y defensores de derechos humanos que pueden acompañar la protesta.

Les invitamos a conocer y sumarse a las campañas Se vale protestar promoviendo en sus municipios la adopción del protocolo de protesta social, y Defender la libertad asunto de todxs, denunciando los abusos de la fuerza pública en el marco de la protesta social. Todas y todos defendamos el derecho fundamental a la protesta social.