Presentación

El escalamiento de la violencia paramilitar durante los últimos dos años en las zonas en donde la Aheramigua y Cahucopana tienen su trabajo organizativo, ha obligado a que éstas venga desarrollando una serie de acciones conjuntas jurídicas, de interlocución, incidencia y visibilización, cuyo fin ha sido el de denunciar las violaciones a los DDHH de las comunidades y exigir las garantías para la permanencia en los territorios.

Sin embargo, aunque tales acciones han representado grandes esfuerzos por parte nuestra y de las organizaciones que nos rodean y apoyan, en términos materiales no ha habido grandes avances en la contención de esos grupos que han profundizado las disputas por el control territorial y han venido tomando el control total de los municipios de El Bagre, Remedios, Segovia y Nechí, en Antioquia, y de Montecristo y Santa Rosa en Bolívar. En efecto, las acciones violentas y sistemáticas expresadas en masacres, desapariciones, asesinatos selectivos y amenazas, han logrado instaurar un régimen de terror y un nuevo orden social, político y económico en estos territorios que se mantienen por las acciones de sevicia y amenaza latente contra los habitantes.

El papel de la Fuerza Pública, lejos de representar un respaldo a la población, es percibido como una amenaza más, esto a causa de que, fuera de algunas pocas capturas a miembros de los grupos paramilitares, sus operativos se han dirigido hacia las economías irregulares que, por la exclusión social, son la única fuente de sustento para los habitantes de los municipios mencionados.

Las organizaciones empezamos a temer por el contexto de mayor riesgo que ha implicado la denuncia. Saber o intuir la dinámica de los paramilitares en los territorios, se ha convertido en un secreto a gritos ante lo cual la institucionalidad no interviene efectivamente. Por el contrario, el gobierno nacional, cada vez más obstinado, niega la existencia del paramilitarismo desentendiéndose de nuestras denuncias, volviendo en ajenos y aislados los hechos de violencia, y la responsabilidad de desmantelar estos grupos.

Presentamos a continuación un breve contexto regional y relato de los hechos ocurridos durante los últimos dos meses, con el fin de que el presente documento sirva como herramienta a la comunidad nacional e internacional acerca de la situación de los derechos humanos en estos territorios y generen acciones de acompañamiento, denuncia e incidencia.

Contexto regional

La riqueza en el territorio del nordeste y bajo cauca antioqueño, representados en la minería y los cultivos de hoja coca como principales actividades de la región, y donde se vienen implementando megaproyectos como las hidroeléctricas, han estado ligados a procesos de despojo y una serie de hechos de violación a los derechos humanos que persisten en estos territorios, lo que está estrechamente ligado a una violencia persistente por un control económico, social y cultural de la zona disputada entre el Estado colombiano, las empresas inversionistas y los actores armados ilegales (insurgencias y paramilitares).

En este sentido, los niveles de violencia persisten desde las prácticas de los años 80’s e iniciando la implementación del Acuerdo final con las FARC, se ha empezado a evidenciar la reconfiguración de actores armados en el territorio ante el nuevo contexto. El retiro de las FARC de los territorios donde tenían fuerte presencia en el último año, alerto a los habitantes de la presencia de los nuevos actores que se empezaron a disputar el control de los territorios. Las organizaciones alertamos en abril de 2016 dicha situación en la frontera entre el Bagre y Remedios, a 4 horas de la Zona Veredal designada para el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de las FARC, lo que predecía un aumento de la violencia contra los pobladores, lo que efectivamente se ha presentado.

Históricamente en estos territorios ha habido una expresión de la violencia política, principalmente en el marco de procesos de Paz con las insurgencias. Desde los años 80´s, con el genocidio de la Unión Patriótica, partido que gano en la región las elecciones de ese entonces, hasta hoy, con las formas sistemáticas de amenaza, hostigamiento y atentados contra la vida e integridad de las personas, poniendo en riesgo principalmente a líderes sociales y comunales que trabajan en la defensa de los derechos humanos y por el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.

En 2012 con el inicio de las conversaciones con las FARC-EP, el Sistema de Alertas Temprana de la Defensoría del Pueblo tuvo que emitir un informe de Riesgo para los municipios de Segovia, Remedios, Zaragoza por el contexto de disputa y control territorial que se da ante las riquezas del territorio. Avanzado los diálogos, en estos últimos dos años se han emitido tres Informes de Riesgo, uno para Segovia y Remedios, y dos para el Bagre, donde se identifican las prácticas violentas de los diversos grupos herederos del paramilitarismo o post-desmovilización AUC, expresados en desplazamientos forzados, asesinatos y masacres. Las organizaciones han denunciado dichos hechos a las autoridades y trabaja en lograr la implementación de medidas de protección diferenciadas y colectivas ante esto.

En conclusión, estos territorios han estado y siguen estando estrechamente ligados al paramilitarismo, donde se reconocen como el lugar de origen de la casa Castaño, donde persiste el control por parte de sujetos que hicieron parte de las AUC y donde los niveles de denuncia de hechos de violación de derechos humanos es bajo ante el constreñimiento por parte de los actores ilegales en el territorio.

Constantes de 2016

A partir del trabajo de seguimiento y denuncia que han realizado las organizaciones, se han identificado las acciones sistemáticas que se han profundizado en los territorios. Para 2016 se presentan de manera constante:

1. Masacres en cascos urbanos y zonas rurales, relacionados por un lado con señalamientos sobre pertenencia de los campesinos a las insurgencias, y por el otro, con la disputa por el control territorial de las zonas entre diferentes grupos paramilitares.

2. Desapariciones y asesinatos: contra pobladores y líderes, bajo distintos argumentos que van desde la limpieza social, hasta los señalamientos de pertenencia a grupos insurgentes.

3. Amenazas individuales y colectivas: Las amenazas colectivas se expresan en panfletos y mensajes de WhatsApp y las individuales en mensajes de texto, llamadas telefónicas y con acciones de marcación de viviendas y negocios con cruces negras o nombradas en los panfletos difundidos.

4. Hostigamientos y señalamientos: Sujetos sin identificar o desplazándose en vehículos sin placa realizan seguimientos a nuestros líderes.

5. Desconocimiento del fenómeno paramilitar: El gobierno nacional insistentemente niega en los medios de comunicación, la existencia del paramilitarismo y las formas sistemáticas de actuación contra las comunidades. En el caso puntual, se considera como un factor de riesgo al situarse a tan solo 4 horas de la Zona veredal transitoria de normalización de la vereda Carrizal, jurisdicción de Remedios.

Acciones paramilitares en los últimos dos meses

El 26 de enero de 2017, la asociación obtuvo la información de que un grupo de cerca de 15 paramilitares fueron vistos patrullando el corredor del Rio Bagre y la vereda “La Rebatiña” en cercanías del corregimiento de Puerto López, municipio del Bagre, teniendo como base una finca ubicada a 20 minutos de la cabecera corregimental, entre los límites de éste corregimiento y el lugar conocido como “las negritas intermedias”. Los paramilitares, que fueron identificados como “Autodefensas Gaitanistas”, portaban uniformes militares, armas largas y armamento pesado. Además, constantemente entraron dos o tres a la cabecera urbana portando armas cortas ejerciendo control social y amenazando selectivamente a la población civil. Éstos hechos generaron desplazamiento de varias familias.

Por otro lado, en la vereda La Corona, del municipio del Bagre, varios paramilitares encabezados por alias “la mona” se encuentran cobrando extorsión a los campesinos y mototaxistas, además, éstos mismos sujetos, han estado preguntando constantemente por nuestro compañero Jairo Rodríguez, vicepresidente de Aheramigua, para asesinarlo.

De la misma forma, en la última semana obtuvimos información de que los mandos paramilitares del Bagre, han manifestado la intención de asesinar a cada uno de los campesinos que accedieron al proyecto productivo ganadero que beneficiará a varias familias de escasos recursos y se obtuvo gracias a las movilizaciones campesinas de 2013 y por intermedio de Aheramigua en la Cumbre Agraria.

Entre tanto, la Aheramigua denunció recientemente la presencia de un gran número de paramilitares uniformados, fuertemente armados e identificados como “autodefensas gaitanistas”. En las veredas de “San Pedro Alto”, “Puerto Líbano”, “Corrales”, “Puerto Los Indios”, “Cedro San Pedro”, del municipio de Nechí, se han visto cerca de 42 hombres armados. Por su parte, en la vereda “Medios de Manicerí”, jurisdicción del Bagre, se observaron unos 30.

En la vereda de “San Pedro Alto” un grupo de 5 paramilitares sacaron a varios pobladores de sus casas, entre los que se encontraban infantes, mujeres y personas de la tercera edad, allí fueron agredidos físicamente y amedrentados por, supuestamente, “ser amigos de la insurgencia”. Las personas más afectadas fueron 7, quienes recibieron las agresiones más violentas de los sujetos armados. Durante el evento, afirmaron constantemente que ese territorio es de ellos y que estaban dispuestos a cualquier cosa para que ningún otro grupo lo controlara, así que ordenaban a la comunidad a “trabajar” para ellos.

En los municipios de Segovia y Remedios se tuvo conocimiento de la confrontación entre el grupo de las Autodefensas Gaitanistas con un nuevo paramilitar en la zona por lo que se inició un nuevo ciclo de violencias, similar al del 2012 por el control territorial.

De manera similar, el municipio de Montecristo, en el departamento de Bolívar, tiene presencia permanente de paramilitares, quienes si bien, llevan varios meses sin ejecutar acciones de violencia directa, permanentemente cobran extorsión al comercio en general.

La Zona Veredal Transitoria De Normalización

Como parte del acuerdo de Fin de conflicto con las FARC, se definieron Zonas Veredales donde se realizarán los procesos de dejación de armas e inicio de la reincorporación a la vida civil, siendo seleccionada la vereda Carrizal, del municipio de Remedios, Antioquia.

Las comunidades han expresado la preocupación por la presencia de SIJIN, DIJIN y ejército que en varias ocasiones se han visto en el caserío y que puede tener como consecuencia la judicialización o extorción de los habitantes de la zona. Se han presentado acciones de empadronamientos a los pobladores sin garantías de que dicha información no caiga en manos de grupos paramilitares, como en anteriores épocas sucedía, o también porque puede ser utilizada para judicializar a la comunidad que trabaja en las minas.

Conclusiones:Necesitamos buscar la forma de atacar este secreto a gritos

A pesar de ya iniciar una implementación del Acuerdo con las FARC e iniciar el proceso con el ELN, el mayor riesgo es la presencia de los grupos paramilitares en la región que, como se ha evidenciado en los informes de distintas instituciones y de nuestras organizaciones, persisten con su accionar en el territorio. Hoy, las denuncias que realizamos aluden a las denuncia en épocas anteriores del patrullaje de hombres armados, encapuchados, algunos de civil, otros con camuflados, desapariciones, asesinatos y amenazas colectivas e individuales. Es por ello que insistimos en acciones integrales contra estos grupos, no solo la intervención militar, sino la necesidad de investigar a los autores intelectuales y financiadores de dichos grupos, y los intereses a los que responde su presencia en el territorio.

Hay que empezar por que el gobierno nacional, departamental y municipal reconozca la existencia del paramilitarismo. Ese secreto a gritos en la comunidad expresado en saber quiénes son y donde están pero no poder denunciar por miedo sobre la vida e integridad. Es entonces ineludible de implementar una política pública que persiga a los grupos paramilitares que persisten en la región y se realicen acciones acertadas en ese sentido, ya que además de mantener a una población en permanente zozobra, está en riesgo la implementación de los acuerdos de paz, más aún con la cercanía de la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Carrizal, en Remedios, Antioquia.

En algunos casos, cuando existe voluntad de actuar contra estas estructuras por parte de los servidores y funcionarios públicos en los territorios, estos también son objeto de amenaza sobre si y sus familias, a lo que se adiciona que no tienen un sentido de pertenencia o les es ajena la lucha por la permanencia en el territorio lo que vuelve secundario o sin prioridad las acciones para desmantelar los paramilitares.

Es necesario plantear estrategias integrales desde el nivel nacional garanticen una seguridad a la vida e integridad de miembros de la Fuerza pública, autoridades locales y departamentales, delegados de ministerio público, fiscales e investigadores que tomen en sus manos la responsabilidad de construir la verdad de los hechos, investigaciones y realizar los procesos de judicialización y captura de quienes son responsables intelectuales y materiales de los hechos, incluyendo a los poderes económicos y políticos que los financian y promueven ya que se benefician con el desplazamiento y abandono del territorio.

A esto se le suma la necesidad de que el gobierno nacional cumpla los acuerdos para garantizar la permanencia en el territorio, que va de la mano con el desarrollo legislativo y de política pública correspondiente en lo acordado en la mesa de la Habana.

La normatividad desarrollada estos últimos años ha profundizado la persecución a los campesinos cultivadores de coca y a la pequeña minería y la minería artesanal, criminalizando a quienes participan en la cadena de valor de las mismas, y que tiene en este momento en incertidumbre a las comunidades ante la falta del inicio de espacios que garanticen la sustitución y procesos de formalización y legalización de sus actividades económicas, las cuales son innovadoras en cuanto a la responsabilidad con el medio ambiente. Se recomienda un seguimiento especial a las comunidades mineras sobre la violación a los Derechos Humanos, principalmente por parte de la fuerza pública, y el impulso de políticas que faciliten la legalización de la minería en el nordeste antioqueño.

Las organizaciones han venido adelantando acciones para la implementación de las medidas colectivas y diferenciadas de protección, producto de la experiencia y las prácticas históricas de defensa de la vida y permanencia en el territorio por parte de las comunidades. En 2014 presenta la primera propuesta de política pública a la Unidad Nacional de Protección sin respuesta alguna; para estos dos últimos años, participando en espacios nacionales, contribuyó a que quedará plasmada en un documento de política, la Resolución 1085 de 2015, y hoy, persiste de manera autónoma en implementarla, para lo cual se recomienda la definición de los fondos estatales que garanticen la implementación de las medidas definidas desde las mismas comunidades, idóneas para el territorio.

Finalmente, es necesario atacar la impunidad (penal y disciplinariamente) producto de las acciones de los actores armados, de quienes los financian y los promueven, con especial énfasis de los servidores y funcionarios públicos que han estado involucrados, de la fuerza pública con quien se espera continuar construyendo confianzas, pero sobre todo que respeten las decisiones de la cadena de mando, ya que son los generales y comandantes quienes se han comprometido con los defensores de DDHH en defender y promover los Derechos Humanos, pero los uniformados en terreno actúan de manera contradictoria contra las comunidades.

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