“(…) Presidente Gustavo Petro, necesito saber qué pasó con Marino, encontrar al padre de mi hija, que al menos sus restos estén en un lugar cierto y no en el vacío de la ausencia. Solo así podremos empezar a cerrar una herida que nunca debió abrirse (…),” manifestó en su carta Elizabeth Santander. 

Bogotá, 19 de agosto de 2025 Tras 38 años de la desaparición forzada de Marino Escobar Aroca, su esposa, Elizabeth Santander Durán, solicitó en carta formal al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la desclasificación de los archivos de inteligencia y contrainteligencia relacionados con el militante del M-19, elaborados en su momento por el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la F-2. 

“Durante décadas he buscado sin descanso. He podido establecer que el DAS tenía un archivo con su fotografía, sus datos personales y nuestra dirección y que la Tercera Brigada también conservaba un expediente de inteligencia completo sobre él. Sin embargo, esos archivos permanecen cerrados, como si la verdad fuera propiedad de unos pocos y no un derecho de quienes seguimos esperando justicia. (…) Ese silencio impuesto por el Estado y por quienes fueron responsables de estas prácticas es, en sí mismo, una forma de tortura (…)  

Agregó que se trata de archivos con más de 30 años de antigüedad, que no comprometen la seguridad nacional y que, por el contrario, no conceder su desclasificación sí constituye una violación a los derechos a la verdad y a la justicia y sería una prolongación de la impunidad. Hoy son archivos de derechos humanos, esenciales para esclarecer la desaparición forzada de su esposo Marino. 

De otro lado, la esposa de Marino destacó que no solo lo desaparecieron físicamente, sino que también intentaron borrar su existencia, pues la Registraduría Nacional negó la entrega de la tarjeta decadactilar de Marino y luego expidió una resolución cancelando su cédula por muerte, sin entregar nunca los documentos que aclaren el fundamento de esta determinación, quién dio esa orden, ni dónde está su cuerpo. 

Vale la pena resaltar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que la desclasificación y acceso a la información recopilada es pauta de debida diligencia para la investigación de lo ocurrido y para el establecimiento de responsabilidades, lo que a su vez podría brindar elementos fundamentales para finalmente conocer el paradero de Marino. 

Vale la pena resaltar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que la desclasificación y acceso a la información recopilada es pauta de debida diligencia para la investigación de lo ocurrido y para el establecimiento de responsabilidades, lo que a su vez podría brindar elementos fundamentales para finalmente conocer el paradero de Marino. 

La apertura de estos archivos es un deber del Estado respaldado por la legislación colombiana, la jurisprudencia y por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La ley reconoce que la reserva de documentos no puede oponerse cuando está en juego la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, como lo es la desaparición forzada.   

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sido enfática en la obligación estatal de posibilitar el acceso público a los documentos y datos cuya reserva ya no esté justificada y la previsión de periodos fijos de desclasificación automática de la información. 

El caso de Marino Escobar  

Por su militancia, Marino Escobar fue perseguido por el Estado. En 1981, cuando apenas tenía 17 años, la Tercera Brigada de Cali expidió una resolución condenándolo a 35 meses de arresto y libró una orden de captura, dentro del proceso 11.031. La familia nunca pudo tener acceso a ese expediente.  

En el mes de agosto de 1986, Marino Escobar fue retenido ilegalmente por agentes del extinto DAS, quienes le torturaron física y psicológicamente.  Posteriormente, Marino fue abandonado a las afueras de Bogotá. El 22 de enero de 1987 Marino Escobar Aroca fue desaparecido forzadamente, en la ciudad de Bogotá. Hasta la fecha, no se conoce su paradero.

El 13 de noviembre de 2013 la familia de Marino, con el acompañamiento del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual lo admitió en diciembre de 2023 en razón de que existe un retardo injustificado en las investigaciones y la búsqueda de justicia por parte del Estado colombiano, que no habría logrado explicar por qué han pasado décadas desde la desaparición de Marino sin que se concluya la investigación y por qué solo después de 2017 fue que la Fiscalía empezó a adoptar diligencias investigativas, con amplias brechas cronológicas que tampoco explica el Estado.