El megaproyecto de minería de carbón a cielo abierto que se quiere imponer en el corregimiento de Cañaverales, municipio de San Juan del Cesar en el sur de la Guajira, amenaza con acabar con las bondades de este territorio. Según datos preliminares, este se plantea como una de las minas con mayor extensión en el país. Podría llegar a superar las dimensiones de la mina del Cerrejón, la mina de cielo abierto más grande de Latinoamérica. El proyecto ubicaría su explotación a 700 metros del corregimiento de Cañaverales y a 1.2 kilómetros del reconocido manantial de este territorio, afectando a las comunidades que habitamos y derivamos nuestro sustento de la agricultura.

Cabe recordar que en el año 2011, en medio de la desinformación y oposición de las comunidades del territorio, se le habían entregado los permisos estatales para empezar la explotación minera al grupo brasileño minero EBX, pero los escándalos de bancarrota y corrupción de este conglomerado, llevaron a vender al grupo turco Yildirim Holding que en Colombia opera a través de la empresa filial Best Coal Company -BCC, la cual retomó los planes de este megaproyecto. En el año 2018, el Ministerio del Interior negó la existencia de los pueblos y comunidades en la zona, por lo que en esa época, interpusimos una acción de tutela por violación al derecho a la consulta previa.

En 2019, el Tribunal Administrativo de La Guajira falló a nuestro favor y ordenó garantizar un proceso de consulta previa que tomara en cuenta “los elementos económicos, culturales,ancestrales, espirituales que vinculan a esas comunidades étnicas al área de  influencia del proyecto, así como verificar la intensidad, permanencia efectiva o grado de exclusividad de las prácticas culturales, ancestrales, espirituales o económicas de la comunidad en el territorio amplio (…) Ello como primera fase del proceso de consulta previa”

Pese a dicha orden judicial y a que como consejo comunitario hemos manifestado nuestra voluntad de participar, la empresa BCC se ha negado a compartirnos de manera previa la información relativa al proyecto. La posición de esta multinacional turca ha sido que sólo compartirá la información del proyecto en las reuniones que se han querido imponer para celebrar la consulta en medio de la pandemia. La empresa no tiene justificación legal alguna para negarnos el acceso previo a la información solicitada. Sus negativas no solo violan de forma directa este derecho, sino que pretenden forzarnos a participar de estos espacios sin que tengamos la oportunidad de valorar la información y estudios que ya se han hecho del proyecto.

Esta restricción al derecho a la información ha sido avalada por el Ministerio del Interior, entidad que parece estar más pendiente en acelerar el proceso de consulta que en crear un verdadero escenario de participación comunitaria que sea amplio, libre e informado. El papel del Ministerio del Interior debería centrarse en que el proceso se lleve a cabo con todas las garantías de información bajo estándares de justicia ambiental y con un enfoque diferencial.

En el marco de la democracia participativa, la finalidad del derecho de información es esencial para que las comunidades podamos contar con elementos de juicio que permitan una participación activa en las decisiones que nos afectan. Si no tenemos el acceso previo a la información a la magnitud del proyecto, sus impactos y demás ¿Cómo esperan que participemos en un diálogo activo que cumpla con los fines constitucionales del derecho a la consulta previa?

Por eso es que como Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales hemos interpuesto acciones como un informe de cumplimiento y una acción de tutela contra la empresa BCC, la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para obtener plenas garantías de los derechos de acceso información y de participación dentro del proceso de consulta previa.

En el informe de cumplimiento damos cuenta al Juzgado competente de la falta de garantías y presiones que nos están vulnerando el derecho que nos fue tutelado a una consulta previa, libre e informada del proyecto minero. En la nueva acción de tutela que se encuentra a espera de ser decidida en segunda instancia, pedimos vincular al proceso de Consulta Previa a la autoridad minera y ambiental. Esto debido a que aun sin haber empezado la etapa de explotación minera y sin que el proyecto cuenta con licencia ambiental, la sola desde la entrega y cesión inconsulta de estos permisos mineros, ha traído numerosas afectaciones ambientales, sociales y económicas que no han sido atendidas por parte de estas entidades públicas que toman las decisiones que comprometen nuestras formas de vida y relacionamiento con el territorio.

Con estas acciones pedimos a la justicia en Colombia que se materialicen las garantías para que se protejan de manera efectiva nuestros derechos de democracia, justicia ambiental y que el derecho a la consulta previa sea verdaderamente previo, libre, informado.

Consejo comunitario Los Negros, Cañaverales, San Juan del Cesar, La Guajira.