Buena tarde para todos y todas. Un saludo especial para todos los eurodiptados y eurodiputadas de todos los grupos políticos. Es un honor participar en esta audiencia que busca contribuir a la consolidación de paz en Colombia

El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas preocupaciones sobre el rumbo que ha tomado el acuerdo, y cómo este cambio ha impactado la justicia transicional y la situación de los derechos humanos, para finalmente formular algunas peticiones.

Quisiera inciar presentando algunas observaciones sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, (mecanismo de justicia transicional) y de las entidades que la conforman.

Con respecto a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, nos preocupa -estando a menos de un año del cierre de funciones –  la falta de compromiso del Gobierno Nacional para facilitar el acceso a la información necesaria para el cumplimiento del mandato[1]. En especial, la información de organismos de inteligencia que han participado históricamente en graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, nos preocupa que la inercia del Estado y la falta de fuentes de financiación frente a temas relevantes del proceso de paz pueda afectar el cumplimiento de las recomendaciones del informe final, y en particular, las propuestas de garantías de no repetición.

Con relación a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, son  muy positivos los avances en materia de participación de las víctimas y construcción del plan nacional y planes territoriales de búsqueda. Sin embargo, consideramos que es necesaria una mayor articulación y sinergia al interior de la Unidad, con   las otras entidades con responsabilidades en materia de búsqueda y las demás instancias del Sistema Integral[2]. Igualmente, la UBPD enfrenta el enorme desafío de responder a las solicitudes de las víctimas de desarrollar mayores acciones en terreno en el escenario actual de pandemia.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz es importante destacar que ha tenido que cumplir su mandato en medio de presiones y acusaciones injustificadas del Gobierno Nacional. En medio de estas dificultades, valoramos los avances que han tenido los 7 macrocasos abiertos y esperamos que pronto lleguen las primeras decisiones judiciales. Sin embargo, este avance aún corresponde a una muestra muy reducida de la violencia política y del conflicto en Colombia. Por eso hacemos un llamado para nuevas rondas de priorización que posibiliten la apertura de nuevos macrocasos.

También nos preocupan los impactos que para el mandato de la jurisdicción podría traer la aplicación de la directiva interna 003 de la Fiscalía General de la Nación, que determina la suspensión de las investigaciones sobre crímenes del conflicto. Consideramos que la Fiscalía tiene un rol complementario en la justicia transicional, y debe continuar con investigaciones exhaustivas que creen las condiciones para que los responsables de graves crímenes se sometan a la jurisdicción.

Finalmente, un punto muy importante y transversal es el de Garantías de No Repetición. No se puede hablar de estas garantías sin mencionar las importantes transformaciones que en materia de apertura democrática, garantías para la protesta social, reforma agraria, entre otros, consignó el Acuerdo de Paz.

Por esta razón, las garantías de no repetición requieren actos que contribuyan al fortalecimiento de una democracia amplia e inclusiva. No solo en su aspecto formal con elecciones periódicas. También procurando entornos seguros para quienes hacen uso del espacio cívico. Por eso hemos insistido en llamados al Gobierno colombiano para respetar y garantizar el derecho a la protesta social seriamente afectado por acciones de la Fuerza Pública, y atender a la recomendación de Naciones Unidas da reforma a la Policía Nacional.

También preocupa la falta de  garantías para la defensa de los derechos humanos. es el lugar del mundo más peligroso para ejercer esta labor con más 1.000 líderes y lideresas asesinados desde la firma del Acuerdo. También hay preocupación por los elevados indices de agresiones en contra de excombatientes de las Farc. Afrontar este problema requiere la implementación efectiva de mecanismos creados por el Acuerdo de Paz como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que tiene a su cargo la formulación de la política pública de desmonte de grupos paramilitares; así como el impulso a las investigación judicialización y sanción de responsables de estas agresiones.

También, implica para el Estado y en especial para sus fuerzas militares el compromiso de abstenerse con los actos de persecución a través de mecanismos de inteligencia y vigilancia ilegal.

Por otra parte, el fortalecimiento de la democracia no puede descuidar su dimensión material para lo cual urge atender las más apremiantes necesidades de la población. Cobra relevancia la implementación de aquellas medidas del acuerdo de paz que buscan la aplicación de un enfoque transformador, que reduzca la brecha con las regiones del país en donde se ha padecido con mayor intensidad el conflicto armado y sus efectos. Este era el objetivo de puntos como la reforma rural integral con un cumplimiento resagado, y de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial de nuevo supeditados a la implementación de mecanismos paralelos como las “zonas futuro” que priorizan la estrategias militares de control territorial[3].

Antes de terminar, quisiera formular algunas peticiones que ayuden a reconducir los esfuerzos de la sociedad colombiana en la implementación del acuerdo de paz.

  • En primer lugar, pedimos al Parlamento Europeo realizar una declaración política en donde se inste al Gobierno Colombiano a cumplir de buena fe el acuerdo de paz, y no mediante mecanismos paralelos con fórmulas para desconcer lo pactado.
  • También sugerimos una declaración política en donde se inste a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a mantener el examen preliminar sobre la situación colombiana, fomentando mejores prácticas en la aplicación de la justicia transicional.
  • Finalmente, invitamos al parlamento a realizar una misión presencial en Colombia con ocasión del quinto aniversario del Acuerdo de Paz, o en su lugar hacerla de manera virtual, para realizar veeduría sobre la ejecución y destinación de los recursos aportados al Acuerdo de Paz en el marco de la cooperación internacional.

Muchas gracias por su atención.

[1] CEV. Las cinco peticiones de la Comisión de la Verdad ante la CIDH para facilitar el acceso a la información. 9 de diciembre de 2020. Consultado en https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/cinco-peticiones-comision-verdad-a-cidh-para-facilitar-acceso-informacion

[2] Ámbito jurídico. Desafíos en la búsqueda y en la investigación de casos de personas desaparecidas, 01 de septiembre de 2020. Consultado en: https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/constitucional-y-derechos-humanos/desafios-en-la-busqueda-y-en-la-investigacion 

[3] PARES. TERRITORIOS PDET-PNIS EN TENSIÓN CON LAS ZONAS FUTURO. 21 de julio de 2020. Consultado en: https://pares.com.co/2020/07/21/territorios-pdet-pnis-en-tension-con-las-zonas-futuro/

Sebastián Escobar Uribe