El acuerdo establece medidas de reparación integral para las víctimas y familiares afectados, como becas de estudio, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la prestación de atención médica, psicológica y psicosocial a la familia Freytter. También se acordó la continuación diligente de las investigaciones penales siguiendo los estándares internacionales en la materia.

En el componente social del Acuerdo, y reconociendo el papel del profesor Freytter Romero en la Universidad del Atlántico, se pactó una cláusula de diálogo con esa institución educativa para avanzar en la construcción de una medida encaminada a la reivindicación de la memoria y reconocimiento de la labor del profesor Freytter.

Con la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa, el Estado colombiano reconoció las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Jorge Adolfo Freytter Romero, como consecuencia de su retención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial ocurridas el 28 de agosto de 2001 por parte de agentes de la Fuerza Pública en connivencia con grupos paramilitares (arts. 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Además, al ser estas vulneraciones motivadas por el papel activo de Jorge Freytter Romero en la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico -Asojua- y las denuncias por él realizadas, el Estado reconoció la violación a la libertad de expresión y a la libertad de asociación, contenidas en los artículos 13 y 16 de la Convención Americana.

En el acuerdo también se reconocieron además las violaciones cometidas en perjuicio de los derechos de Jorge Freytter Franco y Jorge Enrique Freytter Florián, hijos de Jorge Adolfo Freytter Romero, quienes debieron exiliarse por las amenazas recibidas durante su búsqueda de verdad y justicia en el caso de su padre, así como la falta de investigación sobre las mismas (Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con sus artículos 8 y 25). De igual forma se reconocieron las afectaciones a la familia Freytter como consecuencia del asesinato y tortura, así como las generadas por la falta de investigación con debida diligencia de estos hechos. (artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Revive aquí el acto simbólico de firma del Acuerdo

El caso del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero se inscribe en un contexto de relacionamiento entre élites políticas y económicas de la zona Caribe, las instituciones públicas y la Fuerza Pública con el paramilitarismo. Más específicamente, se inscribe en una larga lista de más de 30 hechos de victimización en contra de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad del Atlántico, donde fueron asesinados otros integrantes de la comunidad universitaria como Luis Mesa Almanza y Lizandro Vargas Zapata.

Jorge Freytter Franco, hijo mayor del profesor Jorge Freytter Romero expresó su complacencia con un Acuerdo que costó un poco más de una década. “Instamos a la Agencia Jurídica y al Estado colombiano a que se cumplan prontamente las medidas a las que hemos llegado. Hago un llamado a los familiares de las personas que fueron asesinadas en la Universidad del Atlántico, a que esto es una muestra de que es posible continuar luchando por la verdad y la justicia.. esto es lo que nos dará una tranquilidad y dará luces para continuar luchando por la memoria de las personas que participaron arduamente por la educación pública”

Jorge Enrique Freytter Florián, también hijo del profesor añadió que “Para nosotros es un gesto hoy de verdad, de reconstrucción de memoria histórica de justicia, sobre todo de garantías de no repetición. Esperamos que estos hechos de violencia política, de injerencia paramilitar en las universidades de Colombia no vuelvan a pasar.” Agregó que es muy importante seguir haciendo pedagogía sobre las personas asesinadas, desaparecidas y torturadas en las 32 universidades públicas del país y seguir denunciando la connivencia entre fuerzas del Estado y grupos paramilitares.

Jomary Ortegón Osorio, abogada de la familia e integrante del Cajar recordó que la detención arbitrario, tortura y ejecución extrajudicila no debió suceder jamás. “Este acuerdo se formula con el propósito de reparar los efectos de este crimen en su familia, en la comunidad universitaria, en el movimiento sindical, el país y en particular en el Caribe colombiano” La abogada defensora de derechos humanos insistió en la realización pronta, concertada, participativa y efectiva de las medidas contenidas en el Acuerdo.

Por su parte, Antonia Urrejola, Comisionada Relatora para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, saludó la tenacidad de los hijos del profesor Romero en su lucha por la justicia y la verdad, reiteró su compromiso con este proceso e hizo un llamado a la no revictimización de los familiares dentro del proceso de implementación de las medidas. La Comisionada destacó que el Acuerdo “incluye componentes importantes de satisfacción y memoria como la investigación para la identificación de otros responsables involucrados en el crimen, becas conmemorativas en la Universidad del Atlántico y la posibilidad de continuar el diálogo con la institución para medidas de memoria in situ (en la Universidad) y con impacto social en la región.”