Reactivar la aspersión aérea con glifosato no resuelve la conflictividad en los territorios; al contrario, genera mayores daños y afectaciones e impacta derechos humanos fundamentales como los de la salud, el ambiente sano y la vida.  

Bogotá, 17 de setiembre de 2025. Desde el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) manifestamos nuestra preocupación por la propuesta del Gobierno Nacional de levantar las restricciones para retomar las aspersiones aéreas con glifosato, así como el impulso actual a las erradicaciones terrestres con este herbicida, por no resolver las problemáticas territoriales relacionadas con los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico y, en cambio, sí promover la vulneración de derechos humanos y ambientales. 

Hemos insistido en que el uso del glifosato, incluso en la erradicación terrestre, vulnera los derechos a la vida, integridad personal, la salud, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al ambiente sano, entre otros. 

“El glifosato es un agrotóxico que envenena la tierra, el agua y pone en riesgo la salud de las comunidades. Consideramos que todos los esfuerzos deberían estar dirigidos al cumplimiento efectivo y real del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y al cumplimiento de los acuerdos para la construcción de paz”, señaló Rosa María Mateus, vicepresidenta del Cajar y coordinadora del eje de Defensa del Territorio.   

Esta estrategia contradice una de las propuestas de campaña del actual Gobierno, que se comprometió a implementar un enfoque distinto al de administraciones anteriores. Además, preocupa que se desconozcan informes rigurosos de organizaciones de la sociedad civil que evidencian su baja efectividad y múltiples impactos negativos.  

En 2015 su uso fue suspendido en Colombia, decisión respaldada por la Corte Constitucional al comprobarse graves afectaciones a la salud y al ambiente, así como la violación a derechos fundamentales como la consulta previa para pueblos étnicos y la participación de comunidades campesinas. Estas decisiones se fundamentaron en la aplicación del principio de precaución frente a un herbicida que múltiples estudios han clasificado como probablemente cancerígeno y que, además, se encuentra prohibido en varios países.  

Es innegable que existen conflictividades y problemáticas de una enorme complejidad en los territorios, pero está demostrada la ineficacia de la aspersión aérea con glifosato. La Comisión de la Verdad documentó que las aspersiones no solo fueron una fracasada política antinarcóticos, sino también un instrumento del conflicto armado.  

Tras escuchar a cientos de víctimas, la Comisión evidenció que estas aspersiones provocaron abortos involuntarios, contaminaron el agua y el suelo y generaron enfermedades crónicas en zonas rurales. En este sentido, su recomendación fue: el Estado debía evitar el retorno de la aspersión aérea y reparar a las víctimas. 

Pese a estas graves advertencias el Gobierno Nacional insiste en el uso del glifosato. No solo ha anunciado la compra de miles de litros para erradicación terrestre, sino que también ha planteado revisar las sentencias que prohíben la fumigación aérea, argumentando razones de seguridad.  

A esta situación se le suma la presión política extranjera que con la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico pretende ejercer el gobierno de Estados Unidos. Esta situación amerita una seria reflexión sobre la soberanía nacional. 

La erradicación forzada nunca ha funcionado. Su único resultado es desplazar el problema, abriendo nuevos focos de siembra, aumentando el conflicto entre las fuerzas militares y las comunidades que, en muchos casos, dependen de esa economía debido al   abandono histórico del Estado.  

La salida no es repetir errores del pasado, sino avanzar en políticas que respeten los derechos humanos, garantizar transformaciones estructurales en los territorios, consolidar alternativas económicas sostenibles y consolidar una paz con justicia social.