Desde hace diez años Asturias acoge a personas amenazadas de muerte en Colombia. Una década en la que la Agencia Asturiana de Cooperación y el Ayuntamiento de Gijón han sumado esfuerzos para posibilitar refugio temporal a setenta (70) personas entre sindicalistas y defensores de los derechos humanos perseguidos a muerte por su actividad, dos de los cuales fueron asesinados a su regreso, Luciano Romero en el 2005 y Henry Ramírez este año.

Desde el arribo del primer grupo de refugiados en octubre del 2001, un grupo muy plural de organizaciones sociales decidieron apoyar el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y acompañar a las personas perseguidas: Amnistía Internacional, UGT, CEAR, Corriente Sindical de Izquierda, SUATEA, USO, Soldepaz Pachakuti, Cosal de Oviedo y Xixon, Ingeniería Sin Fronteras, ACSUR Las Segovias, Justicia y Paz, Comité Monseñor Romero, Caritas y Comité de Solidaridad con la Causa Arabe. Abrieron las puertas de sus organizaciones y la agenda de sus actividades para que colombianos/as diéramos a conocer nuestro testimonio de persecuciones y la opinión sobre las causas y posibles soluciones al largo conflicto interno.

Esa tarea de diplomacia ciudadana dio a conocer el hecho terrible de que Colombia es el país del mundo más peligroso para la actividad sindical a pesar de la campaña de relaciones públicas del gobierno para afirmar lo contrario, mientras criminaliza la protesta social y la defensa de los derechos humanos, al punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó hace un año su preocupación por el surgimiento de un patrón de señalamientos contra los movimientos sociales de disenso.

A pesar de que Colombia es –formalmente- un Estado de derecho, padece una crisis de los derechos humanos, expresión de un conflicto social y armado no reconocido por el gobierno, agravado por la inequidad, la impunidad, la exclusión, el narcotráfico y el paramilitarismo.

La Agencia Asturiana de Cooperación que ha visitado seis veces a Colombia, ha constado que el gobierno trata como enemigos a los defensores de los derechos humanos y a los sindicalistas; que hay acopio ilegal de información personal de los opositores por parte de la inteligencia militar, montajes judiciales mediante testigos de pago al servicio de las brigadas militares y presiones a la justicia para que condene sin pruebas a líderes sociales; proliferan las amenazas de muerte y es “normal” el control de la población mediante el terror armado en gran parte del país, así como las violaciones del derecho a la vida y a la integridad, y el horror de miles de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por la fuerza pública.

A lo largo de diez años el Programa de acogida se consolidó como una acción ejemplar de solidaridad y cooperación ejecutada en el territorio de Asturias, para proteger a personas de los sectores sociales que la ONU considera como grupos especialmente vulnerables en Colombia.

A pesar del cambio de gobierno, en Colombia se sigue amenazando y asesinando opositores. Amnistía Internacional pidió en agosto pasado al Presidente Juan Manuel Santos que acabe con la impunidad y desmantele los grupos paramilitares y sus vínculos con las fuerzas de seguridad. La violencia en Colombia no es un asunto del pasado, por eso pedimos a las instituciones, organizaciones y personas a que mantengan su esfuerzo solidario y las visitas de verificación en el terreno.
Esta tierra que conoció las persecuciones y el exilio de sus hijos, da ejemplo de su compromiso con la vida y con los derechos humanos. Gracias Asturias por una década de solidaridad.