En la época de los hechos Narváez Martínez se desempeñaba como consultor del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad, Fondelibertad y la Federación de Ganaderos, Fedegan. Posteriormente, en 2005 se desempeñó como subdirector del extinto DAS.

Para su hermana Marisol Garzón Forero se trata de “un logro después de 19 años de esperar la verdad y la justicia, una decisión importante pero ojalá llegáramos a las más altas esferas del poder, a todos quienes decidieron el homicidio de Jaime Garzón. Nos preocupa porque detrás hay mucha más gente que no ha sido investigada y se está quedando en uno”. Marisol recordó que ha sido constante la búsqueda de un chivo expiatorio en el caso, como ocurrió en su momento con alias Bochas. “No somos pesimistas ni recibimos la decisión de mala gana, pero sí realistas” y seguimos esperando tener toda la verdad y la justicia, añadió Marisol Garzón, hermana del periodista y abogado.

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La condena emitida por el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá, establece que fue el señor Narváez Martínez quien hizo nacer o instaló la idea de asesinar a Jaime Garzón, y que fue él quien le entregó al paramilitar Carlos Castaño la carpeta con material de inteligencia recaudado por el Ejército, producto de seguimientos ilegales y pruebas fabricadas, para convencerlo de que el periodista era integrante de la guerrilla y que, con base en esa interpretación, Castaño diera la orden de su asesinato a Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien la ejecutó a través de la banda La Terraza.

“Tuvieron que pasar 19 años para que se emitiera la primera sentencia real por el crimen de Jaime Garzón. La otra contra el paramilitar Carlos Castaño Gil no se cumplió porque se ha presumido su muerte” afirmó el abogado Sebastián Escobar, quien enfatizó que si bien se trata de una decisión importante contra una persona allegada al poder, Narváez fue solo un mensajero y la idea criminal provenía desde las altas esferas. Desde el año 2006 en Justicia y Paz todos los comandantes paramilitares empezaron a señalar la relación de José Miguel Narváez, pero el juicio comenzó solo en julio de 2011 y, partir de entonces, duró siete años, una circunstancia atípica producto de maniobras dilatorias de Narváez.

La decisión no reconoce el hecho como un crimen de lesa humanidad, a pesar de que así lo habían determinado la Fiscalía General de la Nación en la investigación preliminar que adelanta contra el general Rito Alejo del Río, y el fallo del Consejo de Estado que determinó la responsabilidad del extinto DAS, de la Policía y del Ejército por el crimen del periodista. Por esta razón, su familia la apelará para evitar que prescriba en el caso específico contra José Miguel Narváez. No hay que olvidar que se trata de una decisión de primera instancia que puede ser objeto de recursos y seguir adelante como proceso, recordó el abogado Sebastián Escobar Uribe.

No declarar el crimen como de lesa humanidad por parte del juzgado revela un desconocimiento del caso donde se ha sustentado suficientemente que a Jaime Garzón lo asesinaron por su papel de defensor de derechos humanos y gestor de paz, lo que permite determinar la existencia de un plan dirigido contra un sector específico de la población, condición para dicha declaratoria. “Es un absurdo judicial que un despacho califique los mismos hechos como de lesa humanidad y el otro no”, agregó el abogado Escobar Uribe.

También es importante recordar que el crimen de Jaime Garzón ha sido reconocido como de Estado, es decir que vinculó a agentes estatales en su planeación y ejecución, desde el más alto nivel. Aún falta por establecer la responsabilidad de otros militares como Jorge Eliécer Plazas Acevedo y Rito Alejo del Río, además del alto mando de la época, encabezado por el general Jorge Enrique Mora Rangel quien no ha sido vinculado a la investigación.

“Por fin empieza a derrumbarse el gigantesco muro de impunidad que se ha creado en torno al homicidio de Jaime Garzón Forero, es una decisión histórica” contra uno de los máximos responsables del magnicidio que conmovió a todo el país, señaló el abogado Luis Guillermo Pérez, y resaltó que se produce contra uno de los ideólogos del exterminio y la persecución contra más de mil líderes sociales, promotores de la paz y defensores de derechos humanos de la época de Jaime. En este crimen intervino el Ejército, el DAS (En el desvío de la investigación) y la Policía -en cabeza del coronel Santoyo- para exterminar a la banda La Terraza quienes señalaron al general Mora Rangel como determinador del magnicidio.

El abogado Luis Guillermo Pérez también recordó que Narváez como instructor de la Escuela Superior de Guerra consideraba “legítimo matar comunistas” y dentro de esa categoría cabían todos los defensores, líderes sociales y personas que dentro del mismo Estado defendieran los derechos humanos. Narváez también fue investigado por el escándalo de la persecución del DAS contra la oposición, que incluyó órdenes de tortura contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Por los hechos del DAS, Narváez fue condenado en primera y segunda instancia, pero el caso prescribió por sus maniobras dilatorias. Narváez también es investigado por su participación en el secuestro de la senadora Piedad Córdoba y ha sido señalado por alias Don Berna dentro de la estructura que decidió el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas. El abogado Pérez resaltó que Narváez sigue detenido en la Escuela Superior de Comunicaciones del Ejército en Facatativá, a pesar de tratarse de un civil, situación completamente irregular.

Por su parte, el coronel Plazas Acevedo enfrenta un juicio en su contra por haber coordinado las labores de inteligencia ilegal contra Jaime Garzón que precedieron su asesinato. Por esta responsabilidad no se ha dictado sentencia en su caso debido a que su defensa solicitó traslado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a una sala luego declarada inconstitucional, generando un conflicto de competencias que deberá resolver la Corte Constitucional. Sin embargo, en la actualidad no se conoce dónde está el expediente de dicho caso, reveló en la rueda de prensa el abogado Escobar Uribe del Cajar.

“Hemos insistido que hasta que no se llame a comparecer a esta persona a la JEP, debe continuar el juicio ordinario en el que están pendientes los alegatos de conclusión. Al momento de hoy no tenemos conocimiento de dónde se encuentra el proceso porque no está en la Corte. Seguiremos insistiendo, sin importar el escenario judicial, en establecer las máximas responsabilidades que llegaron a las máximas esferas”, concluyó el abogado.

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