Por más de cuarenta años, y aún hoy, la desaparición forzada de personas ha sido pan de cada día en Colombia. El 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla desapareció Omaira Montoya Henao, quien tenía varios meses de embarazo, luego de ser detenida por integrantes del F-2 de la Policía Nacional.

Quince años después, a escasos 200 kilómetros de distancia, en la ciudad de Sincelejo, el 20 de noviembre de 1992, fue desaparecido el joven trabajador Gerzon González Arroyo, por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado, sin que hasta hoy se conozca su paradero.

Gerzon salió a sus actividades normales aquel 20 de noviembre de 1992 en su natal Sincelejo, caminaba por la calles polvorientas y atiborradas de vehículos, motos y transeúntes. Lo esperaba la mano criminal de los agentes de inteligencia del DAS amparados en la autoridad del Estado. Nunca más regresó. Comenzaron las agotadoras tareas de búsqueda por sitios de reclusión, hospitales, morgues y parajes solitarios; luego la fase de la denuncia que implica los recorridos por las oficinas y dependencias del Estado, colmadas de complicidad y encubrimiento.

Los casos que eran esporádicos de desapariciones forzosas antes de 1978, se fueron haciendo cada vez más frecuentes y recurrentes a medida que avanzaban las décadas subsiguientes, pasando por los tanques de guerra y cortinas de humo del Palacio de Justicia y los miles de casos de los años 90 como el de Gerzon, hasta llegar al drama de hoy que ha arropado a muchos hogares colombianos, 82.998, según datos del año pasado del Centro Nacional de Memoria Histórica, que viven con la tortura permanente y criminal de esperar a un ser querido que ha sido desaparecido.

Por eso también se ha vuelto un lugar común, en años más recientes, la realización de actos de reconocimiento de responsabilidad del Estado y pedido de perdón a los familiares de las víctimas en el país, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veintisiete años después de la desaparición de Gerzon, el 9 de julio de 2019 –día de su cumpleaños- se llevó a cabo el acto correspondiente en la ciudad de Sincelejo presidido por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello y con la presencia de familiares y de los representes de la víctima, pertenecientes al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Su padre Don Adolfo González, ante el pedido de perdón de la Ministra manifestó: “No perdono hasta que encuentren a mi hijo” y añadió: “Hoy mi hijo si viviera cumpliría 45 años, pero el señor Rómulo Betancourt, exdirector del extinto DAS, se encargó de segarle la vida. Esto dejó tristeza en la familia”.

Sólo tres agentes de inteligencia del DAS, Isnardo Alfonso Castellanos, Alcides Medina y Jorge Muñoz, han sido investigados por la Fiscalía de Sincelejo por el delito de secuestro más no por desaparición forzada. Luego, la investigación pasó a la Unidad Seccional de Derechos Humanos de Cúcuta, y el Tribunal Superior de Descongestión de Bogotá, decretó la nulidad de lo actuado. Al día de hoy, la investigación penal se encuentra en total impunidad para los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad, como lo reconoce la Ministra de Justicia y lo denuncia el padre de Gerzon.

En los más de 40 años de existencia del CAJAR hemos visto recorrer este sendero doloroso y triste a cientos de familias, con una fuerza de voluntad tenaz, basada en la esperanza de obtener justicia, la cual es esquiva en la mayoría de casos que se tramitan a nivel internacional.

Más allá del registro de la impunidad, no es nada fácil describir las tragedias de esas familias, que irradia luego a los círculos de amistades, a comunidades enteras, a la sociedad en su conjunto y a la comunidad internacional. Ninguna palabra es suficiente y todas podrían resumirse en la foto del rosto joven y lleno de vida de Gerzon que muestra la placa descubierta en el acto y luego fijada en el edificio que ocupaba el DAS Sucre y que denuncia a los impunes criminales estatales que lo sepultaron en el silencio.

Rafael Barrios Mendivil
Sincelejo 9 de julio de 2019