Señoras y señores, autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, integrantes del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) Reciban un saludo fraterno de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Estamos aquí para reconocer una forma de ejercer la abogacía, de defender la dignidad humana y de sostener la democracia en los momentos más difíciles del país.

Para mí, como Defensora del Pueblo y también en lo personal, es un honor profundo rendir homenaje al Cajar. Lo es porque esta organización ha estado allí donde el Estado falló; porque asumió las causas más complejas cuando hacerlo implicaba riesgo, estigmatización y persecución; y porque, aun así, nunca renunció a la justicia.

Conozco al Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) desde hace más de veinte años, desde mis primeros pasos en la defensa y promoción de los derechos humanos. He conocido de cerca a sus defensoras y defensores, su rigor jurídico y, sobre todo, su profunda convicción democrática. He sido testigo de una forma de entender el derecho no como un privilegio, sino como una herramienta al servicio de quienes históricamente han sido excluidos.

El Cajar ha reunido juristas de la más alta calidad humana y profesional y los ha puesto al servicio del Estado de Derecho. Ha litigado en los contextos más adversos, ha llegado a los territorios más difíciles, ha acompañado a víctimas silenciosas. En ese camino, ha honrado la profesión jurídica y ha sido semillero de defensoras y defensores que hoy continúan ampliando las fronteras de la justicia desde distintos espacios públicos y privados.

Nada de este recorrido fue fácil: el Colectivo defendió derechos en tiempos de justicia sin rostro. Acompañó causas marcadas por el terror, la impunidad y la violencia. Develó verdades incómodas sobre masacres como La Rochela o Mapiripán, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció como crímenes cometidos con la aquiescencia y tolerancia de agentes estatales.

Y por ejercer esa labor, sus integrantes y familiares también fueron víctimas.

La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara: durante décadas, el Estado colombiano incumplió su deber especial de protección frente al CAJAR. Hubo vigilancia ilegal, seguimientos arbitrarios, amenazas, estigmatización y graves riesgos para la vida y la integridad de sus integrantes. Hubo impunidad.

Estas agresiones no se dirigieron únicamente contra quienes integraban el Colectivo: se extendieron también a sus familias. Madres, padres, hijas, hijos y parejas fueron expuestas al miedo, al seguimiento y a la incertidumbre, como parte de una actuación estatal que buscaba quebrar no sólo a las defensoras y defensores, sino también los vínculos afectivos y los entornos de cuidado que sostienen la defensa de los derechos humanos.

Que la Corte haya nombrado y reconocido esta dimensión del daño no es un detalle menor. Significa comprender que la persecución contra quienes defienden derechos humanos no se agota en la persona, sino que alcanza a las redes familiares que hacen posible esa labor. Por esto, esta sentencia es también un punto de inflexión.

Por primera vez, la Corte reconoce de manera expresa el derecho autónomo a defender los derechos humanos, un derecho que protege la posibilidad de promover, vigilar, enseñar y exigir derechos sin miedo, sin represalias y sin riesgos ilegítimos. Un derecho que existe por sí mismo, porque sin personas defensoras no hay democracia posible.

Este reconocimiento no es abstracto, nace de una historia concreta: la del CAJAR y la persecución que enfrentó precisamente por cumplir su misión.

Pero hay algo aún más profundo en esta decisión. Al consolidar el derecho a defender los derechos humanos y al ampliar progresivamente el contenido y el alcance del marco de protección de los derechos, la Corte Interamericana hace, en el plano internacional, lo mismo que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha hecho durante toda su historia en Colombia.

El CAJAR no se ha limitado a invocar derechos ya reconocidos. A través de casos emblemáticos y de un litigio persistente y riguroso, ha contribuido de manera decisiva a la expansión progresiva de los derechos humanos, fortaleciendo los marcos jurídicos existentes, ampliando su interpretación y abriendo camino para nuevas garantías. Ha demostrado que el derecho no es un catálogo cerrado, sino una construcción viva que se transforma cuando se confronta con la realidad de las víctimas.

Por eso, esta sentencia no es un hecho aislado. Es la expresión institucional de una verdad que el CAJAR ha sostenido durante décadas: que la defensa de los derechos humanos no solo protege la dignidad existente, sino que hace posible nuevos contenidos, nuevas obligaciones estatales y nuevos horizontes de justicia.

La Corte recuerda, además, que el derecho a defender derechos impone obligaciones reforzadas al Estado: reconocer públicamente la legitimidad de esta labor, abstenerse de estigmatizarla, garantizar entornos seguros, prevenir riesgos y responder con debida diligencia

frente a cualquier agresión. Y reconoce, con especial énfasis, que las mujeres defensoras enfrentan riesgos agravados que exigen respuestas diferenciadas. Para la Defensoría del Pueblo, este mensaje es central.

La defensa de los derechos humanos no es una tarea accesoria: es el corazón de nuestro mandato constitucional. No hay instituciones fuertes sin una sociedad civil libre, crítica y protegida. Y no hay democracia si quienes defienden derechos continúan siendo objeto de agresiones y silenciamiento.

Por ello, hoy reconocemos al CAJAR no sólo como víctima de graves violaciones, sino como actor histórico de transformación jurídica y democrática. Como una organización que ha dignificado a las víctimas, fortalecido el contenido de los derechos y sostenido, incluso en los momentos más difíciles, la vigencia de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos. Su labor ha sido —y sigue siendo— un faro ético para el país.

Este homenaje es también una invitación a mirar hacia adelante. La protección de quienes defienden derechos no puede ser reactiva ni fragmentada. Debe ser integral, preventiva, territorial y parte estructural de la agenda pública. Proteger a las defensoras y defensores es proteger el futuro democrático de Colombia.

Integrantes del Cajar

Este homenaje es para ustedes. Para las defensoras y defensores del CAJAR, y para sus familias. Para quienes persistieron en la defensa de los derechos humanos cuando el Estado incumplió su deber de protección.

Para quienes asumieron el cuidado, la contención y la organización de la vida cotidiana en contextos de riesgo, contribuyendo de manera directa a la continuidad de la defensa de los derechos.

Ustedes son memoria viva de lo que Colombia ha enfrentado. Y también de lo que puede llegar a ser si pone la dignidad humana en el centro.

Hoy, desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro compromiso de caminar a su lado y al de todas las defensoras y defensores de derechos humanos. Seguiremos exigiendo garantías de no repetición, promoviendo investigaciones diligentes y alzando la voz donde sea necesario para que nunca más se persiga a quienes defienden derechos.

Que este homenaje sea también una pausa. Una pausa para mirarse, para reconocerse, para tomar aliento. Una pausa para recordar que su trabajo y persistencia ha dejado huella, ha salvado vidas, ha dignificado memorias y ha ampliado los márgenes de lo posible en nuestra democracia.

Desde la Defensoría del Pueblo, quiero decirles: Gracias por no rendirse, gracias por insistir, gracias por recordarnos que el derecho, cuando se pone al servicio de la dignidad, puede ser una herramienta poderosa de transformación social.

Que este homenaje no sea un cierre, sino una voz de aliento. Un recordatorio de que la historia de los derechos humanos en Colombia se sigue escribiendo, y que el Cajar sigue siendo y seguirá siendo, una de sus voces imprescindibles.