Los beneficios generados hacia las empresas, en vez de contribuir al cumplimiento de la promesa del extractivismo como resolución de los problemas de desigualdad en la región andina, están ahondando las condiciones de empobrecimiento de los países, no sólo ambiental y cultural sino también patrimonialmente,…

… pues estos incentivos a las actividades extractivas se dan incluso en condiciones económicas muy desfavorables de precio, mercado, y competencia global. Esta es la principal conclusión del informe sobre abusos de poder, extractivismo y situación de la defensa de los derechos humanos, territoriales y ambientales en la región andina, que se lanza este 5 de diciembre en el Auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional de Bogotá a las 5 pm.

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En la elaboración de este informe participaron la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) de Ecuador, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la agencia Broederlijk Delen, contó con la colaboración de la Subcentral Campesina Tariquía (Bolivia), Comunidad Río Blanco y Colectivo de Mujeres Sinchi Warmi (Azuay, Ecuador), y Comunidad indígena Awá – Resguardos Inda Guacaray e Inda Sabaleta (Colombia).

El documento parte de análisis de los contextos nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y de cuatro casos relevantes, uno en cada país, en los cuales se han identificado abusos de poder que combinan elementos legales, institucionales, de política pública, sociales y económicos, en el desarrollo territorial de megaproyectos extractivos. Estos casos son: La exploración de hidrocarburos en la Reserva nacional de Fauna y Flora Tariquia de Bolivia; Sin agua, no hay Awás: Negligencia en la atención de los derrames de hidrocarburos en territorios indígenas Awá en Colombia; Concesiones mineras inconsultas en la Parroquia Molleturo, Comunidad Río Blanco, Provincia del Azuay en Ecuador; y El proyecto minero Las Bambas, Perú.

Los repertorios de acción empresarial y estatal allí documentados, y sus campos de aplicación territorial, social y ambiental, permiten reconocer verdaderos patrones de comportamiento que violan los derechos humanos territoriales y ambientales y que deberían superarse por parte de empresas y Estados.

Algunos ejemplos que ilustra el informe sobre estas prácticas de abuso de poder en los países señalados son: (i) las normas legales con el debilitamiento, flexibilización o apertura de zonas de protección ambiental y las declaratorias de Estado de emergencia (ii) Discurso de negación de los impactos ambientales o la búsqueda de otros responsables, la no constatación de la información empresarial y la estigmatización de los y las defensoras de derechos humanos territoriales y ambientales (iii) Omisión institucional con la dilución de la responsabilidad y la respuestas por parte del Estado o la imposición de respuestas inadecuadas (iv) Uso de las fuerzas militares y policiales para la protección de las empresas extractivas, la criminalización de defensores ambientales y territoriales y la represión, neutralización, o acallamiento de la movilización y la protesta social comunitaria y (v) Negación de la participación y de las consultas.

El informe concluye que es necesario que los gobiernos, sean o no progresistas, asuman de forma urgente nuevos modelos de economía que tengan en cuenta las particularidades locales y culturales de su sociedad, y garanticen una participación más abierta de las comunidades sobre el modelo de futuro que se desea y la manera de alcanzarlo. Es decir, adelanten un proceso que incluye la participación abierta en la planeación sobre el territorio, el consentimiento sobre los proyectos a realizar y las consultas previas sobre el cómo hacerlo, no sólo respecto de los proyectos extractivos sino en general del diseño y aplicación de las políticas públicas.