Hoy cuando se distingue la tangible posibilidad de cambio, una oportunidad de camino visible, propicio para la culminación de más de medio siglo de guerra, nos debe involucrar en la acertada agenda el monitoreo permanente de los derechos humanos que visibilicen y sirvan de bitácora al entendimiento de la realidad de los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales de Colombia en clave de pre y post-acuerdo, sobre todo en Colombia, un país que transita hacia la construcción de la paz.
Tras 60 años de pedagodizar a ultranza la guerra en el país, la esperanza de cambio imprimen también la posibilidad de reflexión constante sobre cuáles han sido los diferentes factores atizadores e impulsores de ciertas doctrinas institucionales que desde este complejo escenario de guerra-transición, caracterizada por los riesgos inminentes y los ataques contra las diferentes expresiones de liderazgos, los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales, quienes a su vez, siguen siendo objetivo directo de todas las formas de persecución, se continúan aumentando cifras de impunidad contra este sector de mujeres y hombres que han creído en construir y contribuir a un mejor país.
Debe ser claro que la construcción de la Paz debe generar espacios importantes para la democracia, depende de la participación de toda la ciudadanía, de la implementación, del fortalecimiento institucional en prácticas sanas en democracia propias de un Estado Social de Derecho, de abrir y propiciar garantías para participación política de los sectores históricamente excluidos, de brindar también las garantías a todas las expresiones que enriquecen la construcción y aportan elementos vitales para la Paz y la Reconciliación.
Es claro, SÍ es posible ponerle fin al conflicto mediante la solución política planteada entre la insurgencia y el Gobierno Nacional, queda hartamente probado en más de 60 años de experiencia que la vía militar es imposible, dolorosa e irracional, que las causas y las consecuencias de la guerra generalmente tienden un tratamiento contrainsurgente a los ciudadanos, a los liderazgos, a las defensoras y defensores de derechos humanos; la continuidad de la guerra sería más costosa para el país, por eso es imperante agilizar y agotar todos los esfuerzos posibles para culminar e implementar este acuerdo de La Habana e iniciar sin dilaciones las negociaciones con la guerrilla del ELN.
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