Según el Sistema de Información de Derechos Humanos (Sinderh) de la Escuela Nacional Sindical, entre 1977 y 2014 hubo en el país 13.773 violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra sindicalistas. De ellos, el 33,7% ocurrieron en Antioquia, seguido de Valle y Santander. Y más grave aún: de 3.065 sindicalistas asesinados en ese período, 1.404 ocurrieron en éste departamento, es decir el 45,8% del total.
En virtud del Artículo 142 de la Ley 1448, el 9 de abril fue declarado como el “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas”, y por tanto será un día de marchas, plantones, conversatorios, actos culturales, con el fin de rendir un homenaje a las víctimas por causa del conflicto armado en Colombia, y hacer un llamado al cumplimiento de sus derechos.
Con motivo de esta fecha, la Agencia de Información preparó un reportaje sobre lo ocurrido en materia de violencia antisindical y las víctimas arrojadas por ésta en Antioquia, el departamento en el que más dirigentes y activistas sindicales han perdido la vida y han sido perseguidos por causa de su actividad sindical, política y social.
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos (Sinderh) de la Escuela Nacional Sindical, entre 1977 y 2014 hubo en el país 13.773 violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra sindicalistas. De ellos, el 33,7% ocurrieron en Antioquia, seguido de Valle y Santander. Y más grave aún: de 3.065 sindicalistas asesinados en ese período, 1.404 ocurrieron en éste departamento, es decir el 45,8% del total.
En cuanto a la concentración de la violencia contra sindicalistas por municipios, Medellín concentra el 29,2% del total de las violaciones. Le siguen, en su orden, los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, todos en la zona de Urabá. Así que en el Valle de Aburrá y Urabá se registró más de la mitad de las agresiones contra sindicalistas en Antioquia.
Respecto a los tipos de violencia, tenemos que el asesinato, la amenaza y el desplazamiento forzado con 1.404, 1.815 y 1.068 casos, respectivamente, concentran alrededor del 92,3% del total de las agresiones cometidas contra sindicalistas en este departamento.
En lo que concierne a la violencia contra las mujeres sindicalistas, en el periodo abordado el número de trabajadoras y dirigentes sindicalizadas que fueron víctimas de distintos hechos violatorios a su vida, libertad e integridad superó el promedio nacional. Mientras en el país el 22,8% de la violencia antisindical estuvo dirigida contra mujeres, la tasa para Antioquia fue del 28,0%. Esto es, de los 3.142 hechos de violencia ocurridos contra trabajadoras y dirigentes sindicalizadas en el país, 1.302 se concentraron en este departamento. Más grave aún resulta que de 283 mujeres sindicalistas asesinadas en el territorio nacional, 111 pertenecían a organizaciones sindicales antioqueñas, es decir el 39,2%.
Y en relación a los presuntos responsables y propiciadores de la violencia contra los sindicatos y sindicalistas, en primer lugar se ubican los paramilitares, que han recurrido a la violencia para eliminar obstáculos y ejercer el control sobre territorios y poblaciones. Le siguen, aunque en menor medida, los grupos de guerrillas, que desde su ideología señalan a los sindicalistas como traidores en casos en los que han concertado con el gobierno y los empresarios. Asimismo, el panorama de la violencia también lo oscureció la ofensiva de algunos empresarios, que vieron en el sindicalismo una amenaza para sus intereses.
Para hacer una radiografía más puntual y cronológica de la violencia antisindical en Antioquia, la investigación realizada por la ENS diferencia claramente cuatro períodos, a saber:
1979-1985: aumentan las agresiones
Es durante este período que se empiezan a presentar con regularidad las agresiones contra el sindicalismo en Antioquia. El paro cívico nacional de 1977 le dio mayor visibilidad al movimiento sindical, lo cual repercutió en este departamento con un mayor número de amenazas y la implementación de mecanismos de persecución y violencia contra sindicatos y sindicalistas.
El país atravesaba una profunda crisis social y económica, con alzas sustanciales en el costo de vida (alimentación, transporte, educación). Las exigencias generales de la protesta obrera procuraban el aumento de salarios, estabilidad laboral, cumplimiento en las obligaciones laborales, reconocimiento de las organizaciones sindicales y el rechazo frente a las políticas represivas del gobierno.
Incluso algunas problemáticas sociales que afectaban sectores amplios de la población en el Valle de Aburrá, entre ellas la prestación de los servicios públicos como consecuencia a constantes abusos por parte de las Empresas Públicas y la problemática del transporte urbano, motivaron la movilización del Consejo Sindical de Antioquia, conformado por Utran, Fedeta y la filial de la CGT. Tuvieron especial beligerancia los sectores sindicales afines al partido comunista, agrupados principalmente en Fedeta y el sindicalismo independiente.
El movimiento huelguístico y la protesta social rápidamente fueron contrarrestados por el gobierno de Turbay Ayala, que recurrió al Estado de Sitio que otorgaba a los militares autonomía en el manejo del orden público, y la implementación del Estatuto de Seguridad (1978-1982), que agudizó el tratamiento militar a la protesta social. En el país se institucionalizaron medidas que contemplaban arresto inconmutable de 30 a 180 días para quienes fomentaran, promovieran o estimularan ceses totales o parciales de actividades laborales.
Estas formas de tratamiento restrictivo de los derechos y las libertades sindicales fueron poco a poco articulándose con hechos de violencia concentrados en liderazgos sindicales destacados. Según Mauricio Archila, en este periodo el uso generalizado de violaciones a los derechos humanos socavó la institucionalidad y deslegitimó el gobierno .
En el caso de Antioquia, se da inicio a una campaña de persecución focalizada en dirigentes sindicales que venían ejerciendo activismo, ubicados principalmente en Medellín y en las subregiones de Urabá y Magdalena Medio. En las dinámicas de las agresiones y su procedencia sobresalió la participación directa de organismos estatales vinculados al B2 de la Cuarta Brigada y el F2 de la policía. Lo acontecido con el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sutimac) en Puerto Nare es muestra de ello.
En el marco de esta dinámica proliferaron los hostigamientos, los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y los procesos disciplinarios contra dirigentes sindicales. Pero no fueron las únicas formas de violencia que a éstos aquejaron. También fueron víctimas de amenazas, agresiones contra su vida y su integridad física, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos y torturas. Aunque es notoria la participación de la fuerza pública como victimario, también lo fueron los paramilitares y la guerrilla.
A principios de los años 80 un nuevo actor: el paramilitarismo, que desató una ofensiva que en periodos posteriores alcanzaría dimensiones escandalosas de victimización sindical. En 1983 “La Mano Negra” lanzó una amenaza colectiva contra 5 organizaciones gremiales y políticas, entre ellas la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y el Sindicato de Trabajadores de Coltabaco, que se habían unido a un comité pro tarifas bajas de servicios públicos, y además venían denunciando la estrategia sistemática de los grupos paramilitares contra estudiantes y sindicalistas.
1986-1995: sembrar el terror para exterminar lo sindical
Durante éstos años la violencia política se agudiza en todo el departamento y empieza a cobrar la vida de centenares de habitantes, entre los que estaban dirigentes sindicales, líderes sociales y militantes de partidos políticos de izquierda, principalmente de la Unión Patriótica, que fueron aniquilados por la ofensiva del estado y por los grupos paramilitares que ya intensificaban su accionar en Antioquia.
Durante éste período el Estado hizo anuncios de responder con mano dura ante paros y huelgas, de la misma manera prohibió las manifestaciones públicas y proliferaron los allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y toda clase de violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas. Lo anterior llevó a que en 1989 se produjera el menor número de huelgas y paros durante toda la década de los 80.
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