• La mayoría de los jóvenes asesinados por los agentes estatales habían salido a las calles a manifestar su rechazo por el crimen cometido también por policías contra Javier Ordóñez.  
• De 87 agentes que utilizaron munición las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, solo tres han sido imputados.  

• Esperamos un rápido avance en las investigaciones que lleve a un pronto juicio para el establecimiento de la verdad y la justicia.  

Bogotá, 17 de junio de 2025. El patrullero de la policía Óscar Alexander Márquez, quien habría sido el responsable del homicidio del joven venezolano Anthony Gabriel Estrada Espinosa, durante los hechos conocidos como la masacre del 9S, en la que 14 jóvenes fueron asesinados por agentes de la Policía Nacional durante las manifestaciones que por digna rabia se realizaban en Soacha y Bogotá en rechazo al asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos, precisamente, de integrantes de esa Entidad.  

“Él estaba en Colombia buscando una mejor oportunidad de vida y quería retornar a Venezuela, encontrarse con mi mamá, con su hijo, que tenía 3 años, pero pues no pudo lograrlo. A mi madre le ha cambiado la vida porque pues perdió un hijo; no esperábamos una noticia tan espantosa como la de perder a un familiar tan joven. La búsqueda de justicia ha sido demorada, pero es de los casos que ha podido avanzar, porque la bala que disparó el policía quedó alojada en el cuerpo de mi hermano,” indicó Osmary Pineda, hermana de Anthony. 

Para el Ministerio Público el uniformado incurrió en un uso excesivo e injustificado de la fuerza en contra de la víctima, disparando de forma indiscriminada el arma en su contra, lo que le ocasionó la muerte. 

“Saludamos la decisión de la Procuraduría de sancionar a estos dos patrulleros que estuvieron implicados en estos hechos, que se constituyeron en una masacre el pasado 9 de septiembre de 2020 en contextos de protesta. Esta decisión es muy importante, pero aún quedan muchos retos para satisfacer los derechos de las víctimas. Fueron más las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos que reclaman verdad, justicia y garantía de no repetición”, señaló la abogada del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de las víctimas, July Henríquez. 

La Procuraduría también inhabilitó por 8 años al policía Wilmer Andrés Ricaurte por el uso indebido de su arma de fuego durante las manifestaciones, incumpliendo los mecanismos institucionales definidos para garantizar la seguridad en las protestas. 

En esta masacre, además de Anthony Estrada, perdieron la vida a manos de agentes estatales los jóvenes Cristhian Andrés Hurtado, Julieth Ramírez Mesa, Angie Paola Baquero Rojas, Lorwan Stiwen Mendoza, Freddy Alexander Mahecha, Cristian Camilo Hernández Yara, Julián Mauricio González, Germán Smith Puentes Valero, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Andrés Felipe Rodríguez Ávila y Cristian Alberto Rodríguez Cano y Eider Arias, así como la señora María del Carmen Vihuche, de 62 años. 

Antecedentes 

En el momento de la acusación, la Fiscalía determinó que el proyectil recuperado en el cuerpo de Anthony Gabriel Estrada Espinosa corresponde al arma de fuego tipo pistola asignada como dotación al Patrullero Óscar Alexander Márquez. 

En ese momento también se imputó a otro agente por el delito de alteración de material probatorio. Los uniformados habrían intentado modificar de manera fraudulenta las pruebas que demuestran la relación entre sus armas de dotación y los proyectiles que acabaron con la vida de los tres jóvenes en Soacha. 

La investigación de los demás homicidios continúa contra los potenciales autores. Es importante resaltar que de 87 agentes que utilizaron munición las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, solo tres han sido imputados. Desde el Cajar esperamos un rápido avance en las investigaciones que lleve a un pronto juicio para el establecimiento de la verdad y la justicia.  

Lamentablemente la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020 no es un caso aislado, son muchas las víctimas de la Policía Nacional y especialmente del ESMAD en Colombia. Los familiares de víctimas de abuso policial y las organizaciones sociales han instado el Estado colombiano al esclarecimiento de los hechos, a identificar patrones criminales, políticas institucionales y los responsables de alto nivel, a que se reforme la Policía y se retire de la entidad a los agentes que han estado involucrados en violaciones a los DD.HH para que estos crímenes no se repitan y a desarrollar cambios estructurales para que se respete el derecho a la protesta en Colombia, entre otras medidas. 

También se ha exigido para el caso específico de la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020 que el Ministerio de Defensa imparta instrucciones claras y concisas en la orden de prohibición del uso de armas de fuego en las protestas sociales y que haga un llamado público a todos los policías que en la noche de esos dos días hicieron uso de su arma de dotación oficial, dispararon a los manifestantes y se quitaron su identificación para que contribuyan a la verdad y esclarecimiento de los hechos.