• Para las víctimas, quienes por decisión de la JEP participarán desde una “sala espejo”, este juicio es un avance y esperan que, tras cerca de 20 años de lucha contra la impunidad, Mejía Gutiérrez sea condenado.
• La representación de las víctimas insiste en que estos hechos se enmarcan en una política promovida e incentivada desde las más altas esferas del gobierno de la época, por lo que se practicarán las pruebas por ellas solicitadas.
• La JEP señaló que Mejía comandó el batallón “La Popa” entre los años 2002 y 2004, tiempo en el que el 87% de las bajas en combate reportadas por esa unidad eran ilegítimas o correspondían con lo que se ha conocido mediáticamente como “falsos positivos”.

Valledupar, 18 de septiembre de 2024. Desde hoy y hasta este viernes 20 de septiembre, tendrá lugar en Valledupar (Cesar) la primera audiencia de juicio oral que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra un exmilitar por casos de “asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”. Se trata de Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, quien fue acusado por el Fiscal Quinto Delegado ante la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad (SARV), por 35 hechos de esta naturaleza que dejaron por lo menos 72 víctimas, entre ellas, menores de edad, campesinos, personas en situación de vulnerabilidad económica e integrantes del pueblo indígena Kankuamo.

Esta audiencia tiene lugar después de casi siete años de procedimiento ante la JEP, en los cuales las y los familiares de las víctimas han puesto sus demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por estos graves hechos, señalando los desafíos frente a (i) la investigación, sanción y juzgamiento de quienes son considerados los máximos responsables de estos graves crímenes, pero también frente a (ii) las dificultades en torno a la materialización del principio de centralidad de las víctimas que orienta el Sistema Integral para la Paz.

Es importante recordar que desde la representación de las víctimas, adelantada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), se promovió un incidente de verificación del régimen de condicionalidad, con el que se pretendía la expulsión o en su defecto la revocatoria de los beneficios otorgados por la JEP a Mejía Gutiérrez, en tanto vulneró las garantías de no repetición, al reproducir afirmaciones estigmatizantes contra manifestantes en el marco de las movilizaciones sociales de 2021 y que eran similares a las que dieron lugar a la práctica de los ‘falsos positivos’. Si bien esto fue concedido en primera instancia y se había ordenado su captura, posteriormente resultó desestimado bajo una noción equivocada de las implicaciones de la “justicia restaurativa” en este escenario transicional.

Por esto, la instalación del juicio representa un avance significativo para las víctimas, quienes esperan que, tras cerca de 20 años de lucha contra la impunidad, Mejía Gutiérrez reciba una condena por estos graves hechos. El exmilitar ha negado su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de esta práctica que dejó por lo menos 6.402 víctimas a lo largo y ancho del territorio y ha manifestado que probará su inocencia por las acusaciones en su contra, que incluyen no sólo la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la tortura, sino también la concertación y coordinación para la comisión de los crímenes con el grupo paramilitar autodenominado  Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del Cesar, quienes estaban al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′.

Para la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, quien tiene a su cargo probar la responsabilidad de Mejía, este ideó, planeó y puso en marcha un plan criminal en el marco de un patrón de victimización contra la población civil, que se materializó en tres modalidades: (a) la primera de ellas asociada a la alianza con el Frente Mártires del Cesar para la presentación de falsos resultados operacionales sobre (i) víctimas retenidas y asesinadas por las AUC, cuyos cuerpos fueron entregados al aparato organizado de poder liderado por Mejía Gutierrez quien, luego de simular un combate, los presentó como resultados de una operación militar; (ii) víctimas que fueron retenidas y entregadas con vida a los integrantes del Ejército para que fueran asesinadas y sus cuerpos presentados ilegítimamente como bajas en combate; (iii) víctimas que fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados, quienes fueron entregados a los integrantes del Ejército para que estos les quitaran la vida y los presentaran como resultados de las operaciones.

(b) La segunda modalidad tiene que ver con que integrantes del Aparato Organizado de Poder liderado por Mejía Gutiérrez asesinaron y desaparecieron a integrantes de la población civil, a quienes hicieron pasar por objetivos militares legítimos, y (c) la tercera está asociada a la presentación como resultados operacionales de integrantes de grupos armados, quienes habían depuesto las armas o estaban heridos.

Por su parte, la representación de las víctimas insiste en que estos hechos se enmarcan en una política promovida e incentivada desde las más altas esferas del gobierno de la época, por lo que se practicarán las pruebas solicitadas por ellas, que incluyen los testimonios de expertos en la materia -quienes por años documentaron las atrocidades cometidas- y, además, otras que permitirán evidenciar la magnitud de los daños, impactos y afectaciones a nivel individual, familiar y colectivo que aún padecen quienes participan del proceso en calidad de víctimas. Gracias a la solicitud presentada por las organizaciones acompañantes -CSPP y Cajar- se logró ampliar las facultades a ellas concedidas en el curso de este proceso, siendo este un importante hito que amplía los estándares de participación en la justicia ordinaria y que impactará, sin duda, los derechos de las víctimas de crímenes de Estado en su conjunto.

Para las víctimas, quienes por decisión de la JEP participarán desde una “sala espejo”, esta audiencia representa la posibilidad de que la sociedad colombiana conozca y repudie la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales y de que, luego de años de lucha, un tribunal juzgue y sancione a uno de los responsables de estos graves hechos. “Esperamos que salga a la luz la verdad sobre los actos cometidos por Publio Hernán Mejía, y que se logre demostrar todo el daño que nos causó a muchas familias humildes y trabajadoras. Es revictimizante que, aún con las evidencias, no reconozca que dejó muerte, dejó dolor y ocasionó la ausencia de seres que jamás tendrán olvido”, señalan.

Suscriben, 

• Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
• Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”  (Cajar)
• Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga (Asociación Minga)
• Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor (AFUSODO)
• Asociación de Víctimas Resilientes de la Región Caribe (ASOVICRE)
• Asociación de Víctimas de Casanare por la Paz (CASAPAZ)
• Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH)
• Colectivo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Tejiendo Memorias”
• Corporación Jurídica Yira Castro
• Corporación Jurídica Libertad (CJL)
• Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
• Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
• Humanidad Vigente Corporación Jurídica
• Madres de falsos positivos de Soacha (MAFAPO)
• Comisión Colombiana de Juristas