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DECLARACIÓN FINAL
VISITA ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ A COLOMBIA
COLOMBIA: ELECCIONES EN MEDIO DEL DETERIORO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y DE LA REACTIVACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO.
ONIC – Bogotá, 15 de marzo del 2022.
La Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz lleva 18 años –sin interrupción– viajando desde Asturias, en el norte español, a diversas regiones de Colombia, para establecer el estado de los de los derechos humanos en zonas de conflicto social y armado, y en los últimos cinco años, para acompañar los anhelos legítimos de paz y justicia social de una población cansada de la inequidad agravada por el modelo económico neoliberal y por la guerra interminable.
Expresamos la felicitación a la población colombiana por la jornada electoral del fin de semana, en la que se expresaron con fuerza opciones políticas favorables a la equidad, la justicia social y la paz.
Cada vez hay más certezas que indican que la continuidad del conflicto armado sirve al propósito de desplazar a la población indígena, campesina y negra de sus territorios, para imponer proyectos de inversión de las multinacionales –incluidas la del narcotráfico–, las mineras, las hidroeléctricas y la agroindustria, y es útil a quienes viven de la guerra, usurpan tierras y eliminan derechos económicos, sociales, laborales y culturales.
Asturias lleva 22 años acogiendo a personas de la dirigencia social amenazadas de muerte o que han sobrevivido a atentados. Este año acogeremos en refugio temporal a cinco personas más y habremos llegado a 134, convirtiendo al Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia en el decano de los programas de protección en España, por el número de personas acogidas, por tantos años de esfuerzo solidario, y por la visita anual que ha observado de manera sistemática el estado de los derechos humanos en las últimas dos décadas.
Los diez y siete Informes Asturianos sobre los derechos humanos en Colombia fueron entregados en un acto especial ayer lunes a la Jurisdicción Especial de Paz, como un aporte de la solidaridad internacional a la búsqueda de la verdad y de la justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, y los documentos de 21 años de exilio fueron entregados a la Comisión de la Verdad, para que entren a formar parte de la historia colombiana.
Estamos orgullosas del camino de solidaridad andado. La dirigencia social colombiana lo merece. Conocemos el sacrificio y el valor que se requieren para representar a pueblos, trabajadores y comunidades cuando el gobierno no puede –o no quiere– garantizar esa labor legítima, o cuando se usa la justicia para perseguirles mientras la impunidad protege a miembros de la fuerza pública que cooperan con los victimarios para exterminar a la dirigencia social y acabar con las organizaciones y los procesos sociales, propósitos que también destruyen el Estado de Derecho, pues el mundo está dándose cuenta de que la Fiscalía General no investiga a quienes ejecutan los ataques individuales o colectivos, las amenazas de muerte, los desplazamientos y las desapariciones forzadas, o el asesinato selectivo de centenares de líderes sociales, crímenes que tienen elementos de sistematicidad.
De tantos años recibiendo gentes colombianas en Asturias y oyendo el testimonio de la dirigencia social y de las víctimas en las visitas a Colombia, hemos aprendido de su valor y de su tenacidad.
Admiramos su dignidad, su capacidad de perdonar y de seguir organizadas, resolviendo muchas veces mediante la autogestión comunitaria la ausencia del Estado que sólo hace presencia con la fuerza pública, tan señalada de estar contaminada como temida por las víctimas en las regiones que visitamos y a las que aún no llega la modernidad, entendida como derechos y libertades efectivas, mucho menos ha llegado la paz, o la justicia social.
Hemos recorrido una semana antes de las elecciones algunas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, para verificar la situación de los derechos humanos, el desarrollo del Acuerdo de Paz, las garantías y las libertades necesarias para que las víctimas del conflicto elijan sus representantes a la Cámara.
Constatamos que impera el miedo al paramilitarismo que se expandió potenciado por el narcotráfico y con responsabilidad de la fuerza pública que en muchas regiones omite el deber de combatirlos.
No hubo seguridad para las candidaturas de las víctimas ni de sus votantes. Los aportes del gobierno para la campaña política no llegaron a tiempo. Las candidaturas auténticas de las víctimas quedaron en franca desventaja frente a los candidatos de los partidos tradicionales bien financiados, como la del hijo de alias Jorge 40 en el Cesar
que revictimiza a millones de personas. Las libertades políticas en esas regiones están en manos de paramilitares, insurgencias y bandas que ejercen control social y político, sin embargo, en otra prueba más de valor, la población, logró expresarse electoralmente lo suficiente como para insistir en las demandas de paz, libertades, respeto por los
derechos humanos, inversión del Estado.
Las anomalías graves en la postulación a curules de paz han sido continuas en Chocó, Córdoba y Sucre, y al tenor de los resultados del domingo, certeras. Hubo amenazas de muerte y cooptación de candidatos por victimarios y partidos tradicionales. Las autoridades del pueblo indígena zenú de Flor del Monte han sido declaradas objetivo
militar por avalar una candidatura.
Regiones visitadas
Las regiones que visitamos entre el 4 y el 12 de marzo, fueron: en el Bajo Atrato la comunidad Jagual del pueblo indígena emberá dóbida del río Chintadó; en Urabá la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; en Córdoba, Tierralta y Montería; en Sucre, Sincelejo, Ovejas – finca La Europa y las comunidades de los Montes de María; en el Norte de Santander en la región del Catatumbo, Tibú y el territorio del pueblo indígena barí; en Cúcuta la Universidad Francisco de Paula Santander; en Arauca su capital la ciudad de Arauca y Saravena; en el Caquetá, Florencia, y en la Bota Caucana, Piamonte y villa Garzón – Putumayo.
Cada año resultan más preocupantes los retrocesos de Colombia en materia de derechos humanos, debido al abandono del Estado de las obligaciones erga omnes de respetarlos y garantizarlos. Se evidenció que la policía nacional no los respetó durante el estallido social que comenzó en abril, y es evidente que el gobierno resulta
incapaz de garantizar el derecho a la vida para la dirigencia social, para los firmantes de la paz y para gran parte de las comunidades rurales.
En los territorios visitados la población está sometida al control creciente y violento de los grupos narco–paramilitares, guerrillas, bandas delincuenciales y en ocasiones al accionar de miembros de la misma fuerza pública que violan los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar, como el derecho a la vida, a la libertad personal, las libertades de pensamiento, organización, reunión y movilización, acciones que violan la seguridad de las personas, o las someten a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, acciones de uso perverso de la justicia para perseguir opositores sociales violando el derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, y el derecho a no ser despojado de manera arbitraria de sus propiedades.
Precisamente llevar el Estado Social y el Estado de Derecho a las regiones abandonadas por el Estado es el núcleo del Acuerdo de Paz que el gobierno del presidente IVAN DUQUE está evadiendo. Mientras viaja por Europa con una retórica sobre la democracia que no convence en casa, ni fuera de ella.
Hemos vuelto a constatar que gran parte de la violencia que asola las regiones visitadas, definidas como Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, se origina en el incumplimiento del Acuerdo de Paz que el Estado firmó con las FARC, en la expansión tolerada del paramilitarismo y del narcotráfico que obliga al campesinado
excluido de la inversión social a sembrar coca, imposición basada en su poder político, militar y corruptor, en regiones antes controladas por las FARC.
Otra parte del nuevo ciclo de violencia se origina en el abandono –por el gobierno– de la Mesa de Diálogos con el ELN en La Habana.
Nos preocupa que la voluntad belicista del gobierno facilite la continuidad de la agresión de los Estados Unidos a la soberanía y a la seguridad de Venezuela, lo que convertiría el conflicto interno de Colombia en un conflicto internacional.
Consideramos muy grave la falta de garantías para preservar la vida de las personas firmantes de la paz. Más de trescientas ha caído asesinadas desde la firma del Acuerdo y la Fiscalía General no da resultados en las investigaciones. La impunidad es otra fuente de violencia pues alienta la continuidad de las agresiones que le han costado la vida a más de mil trescientas personas de la dirigencia social desde la firma del Acuerdo, hecho que nos permite afirmar que en Colombia hay violencia e impunidad estructurales.
Los ataques contra quienes defienden los derechos humanos son muy graves y no dudamos en calificarlos de ataques sistemáticos, por el alto número y por el carácter de las víctimas, por el modus operandi, por el propósito evidente de acabar con las organizaciones sociales y por la impunidad generalizada a cargo de la Fiscalía General.
Uno de los sectores sociales más golpeados sigue siendo el movimiento sindical. Su dirigencia, activistas y las personas afiliadas siguen siendo perseguidas de manera sistemática, afectando las libertades sindicales y los derechos sociales y laborales.
A pesar del peligro y del miedo, en las regiones visitadas las organizaciones sociales y de víctimas se reunieron con la Delegación Asturiana y expresaron:
En el Bajo Atrato el pueblo indígena emberá dóbida está atrapado por la guerra entre el ELN y el Clan del Golfo, grupo paramilitar que quiere imponerles el cultivo de plantas de coca ajeno a la cultura emberá que s arriesga a erradicarla con sus propias manos.
La delegación asturiana fue interceptada a la subida y bajada del río Chintadó, por paramilitares de AGC que mantienen un puesto permanente de control en La Nueva, lugar donde se juntan los ríos Chintadó y el Truandó.
El territorio está cercado por minas antipersona y las comunidades emberá están confinadas, sometidas al control paramilitar y abandonadas por el Estado. Han constituido la guardia ambiental o Uramia –hormiga– para proteger la selva y se niegan con valor y dignidad a participar de la guerra, de los cultivos ilícitos y del tráfico de drogas.
Denunciamos el reclutamiento forzado de menores, las violaciones contra niñas y mujeres emberas, y el asedio de la minera Cobre SAS que pretende imponer proyectos de gran minería por métodos violatorios de la dignidad y del derecho.
En Urabá, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, continúa asediada por los grupos narco paramilitares, cuya existencia es negada por la Brigada XVII del ejército con la que comparten el control de la región, siendo público y notorio que se reúnen y se coordinan.
La Comunidad de Paz señala el control paramilitar de la región en lugares llamados “puntos”. A pesar de estar militarizada la zona, los paramilitares se mueven con libertad y en todas las veredas entran por la fuerza a las reuniones de las juntas de acción comunal y a las asambleas rurales, imponiendo su presencia armada y su proyecto, ajeno a los planes de vida comunitarios.
La Comunidad de Paz acogiéndose al derecho de las víctimas a saber la verdad, pide que se den a conocer los entresijos de la entrega del jefe paramilitar alias Otoniel.
El sur de Córdoba está militarizado, pero su población sigue bajo el control del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que amenazan, asesinan, desplazan, y reclutan menores, como en Tierralta, a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo desde hace más de un año.
Alarma generan las cifras de la violencia del 2021 en Tierralta contra la población LGTB, que sufrió 15 casos de agresión y asesinatos.
De manera especial resultan preocupante el incremento de la violencia sistemática de género en Córdoba con 22 feminicidios en el 2021.
En reunión con el Secretario de Gobierno, la Capitana de Policía y el Defensor del Pueblo de Córdoba, han reconocido la existencia de paramilitares, así como los inncumplimientos en materia de restitución de tierras, indemnizaciones y sustitución de cultivos ilícitos, alegando la falta de recursos que deben llegar de Bogotá.
En el departamento de Sucre recibimos denuncias de la permisividad de las autoridades civiles y militares con el accionar criminal de los grupos narco–paramilitares que ejercen un control político y social que es de dominio público. Las autoridades afirman que “no creen” en la existencia del paramilitarismo y atribuyen el control
armado sobre las comunidades y los asesinatos contra la dirigencia social a problemas entre bandas del narcotráfico por el dominio de territorios, microtráfico, extorsiones y prostitución. Esta explicación preocupa –por ser falsa– a las organizaciones sociales para las que se trata de encubrir a la delincuencia desde las instituciones,
situación que tiene antecedentes y que no excusa a las autoridades de su obligación de investigarla, sancionarla y combatirla.
Las denuncias recibidas dan cuenta de que los grupos narco–paramilitares asedian al campesinado de la finca La Europa de Ovejas, controlan el comercio agropecuario en la región de La Mojana y restringen las libertades políticas en amplias regiones del departamento en las que imponen sus candidaturas a cargos de elección
popular, organizan y convocan asambleas de obligatoria asistencia para las comunidades campesinas. Quieren controlar la población, prohíben la creación de movimientos sociales que no estén bajo su control, persiguen a muerte a los integrantes de los colectivos que defienden los derechos humanos. La afirmación de que no hay
paramilitares encubre la permisividad de la fuerza pública que omite combatirlos y obliga a que la ciudadanía presente sus denuncias ante la Defensoría del Pueblo y las personerías, y no ante el Ministerio del Interior, la Armada Nacional, la Infantería de Marina o la Policía Nacional.
La población teme con razón que vuelvan las masacres, pues el grupo paramilitar se mueve con libertad y está amenazando, asesinando campesinos, imponiendo toques de queda de doce horas en corregimientos y veredas de la región, todas bajo control militar, como Salitral, Los Números, Chengue, Almagra, Don Gabriel, El Palmar, Pijiguay, San Rafael, Flor del Monte, Canutal y Canutalito, Damasco, Pedregal, Medellín, Villa Colombia, Las Babillas, Oso, San Francisco, Bajo Grande, Arena, El Tesoro, Buenos Aires y El Zapato.
Recibimos la queja del abandono por el gobierno y la falta de reparación a las víctimas de las masacres de Chengue y de la Mojana.
Los paramilitares tienen sitiados a las comunidades campesinas de los Montes de María, como lo expresan los campesinos de finca La Europa, que tienen 20 asesinados en la lucha por la tierra, 6 desaparecidos y 90 familias desplazadas.
San Onofre: El grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, que hace parte del grupo delincuencial Clan del Golfo, ha logrado la hegemonía del control social y de los procesos políticos de esa región y controla la economía legal y la del narcotráfico, sin que la alcaldía municipal, el ejército nacional –Infantería de Marina– ni la policía lo eviten.
Norte de Santander: Amplias zonas del departamento están literalmente copadas por 17 grupos armados que controlan las actividades económicas y sociales de la población. Se denuncia por las organizaciones sociales la presencia masiva de militares y asesores militares de los Estados Unidos en la zona fronteriza con Venezuela.
Los gastos en defensa no dan resultados, pero afectan la inversión social, al punto de que la región solo cuenta con un hospital de primer nivel, lo que da una idea del abandono de la zona de frontera.
En la región del Catatumbo, la ciudadanía y en particular las comunidades campesinas y los pueblos indígenas están asediados por grupos armados, entre paramilitares como las AGC, Los Rastrojos, las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL, en una zona militarizada en la que, sin embargo, se suceden a diario amenazas,
asesinatos, extorsiones, confinamientos, reclutamientos y desplazamientos forzados.
El pueblo indígena barí no es escuchado por el gobierno en su demanda de saneamiento y ampliación de su territorio ocupado por colonos que talan la selva para cultivar coca, tampoco cuentan con un puesto de salud ni hay escuelas en condiciones. Están padeciendo enfermedades como la tuberculosis y la neumonía, abandonados y a
merced de los grupos armados que penetran al territorio ancestral. Su situación es más dramática con la llegada de campesinos y de pueblos indígenas de otras regiones de Colombia y de Venezuela, también por el reclutamiento forzado de los jóvenes y por la existencia de campos minados en su territorio. Recibimos informes que dan cuenta
de la existencia de fosas comunes en el territorio barí.
El gobierno incumple la Sentencia T–052 del 2017 en la que la Corte Constitucional impone el deber de garantizarles el derecho a existir, a la identidad étnica y cultural, a la consulta previa, libre e informada, y a la propiedad colectiva de la tierra. Tampoco cumple lo estipulado en el Acuerdo de paz referente a los pueblos indígenas.
En Tibú, el conflicto armado está vigente y se expresa en atentados, asesinatos, acoso a las organizaciones sociales. Los campesinos cultivadores de coca se sienten engañados por el gobierno ante la ausencia de proyectos productivos y ante la posibilidad de erradicaciones forzadas que les dejarían sin sustento,
por lo que anuncian que harán resistencia para evitar el hambre de sus familias. Las denuncias contra las empresas petroleras y mineras hacen referencia a la destrucción del medio ambiente, al saqueo de recursos naturales y la baja inversión social.
Muy graves son los ataques contra las mujeres en todos los ámbitos, las redes de trata de mujeres venezolanas con fines de explotación sexual y de explotación en los laboratorios de procesamiento de cocaína, sometidas a condiciones de servidumbre o semi esclavitud, sin que las autoridades intervengan para impedirlo.
Hay denuncias contra el “Plan Catatumbo sostenible” que el gobierno crea para evadir el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
En Arauca el conflicto armado es álgido. La ausencia de diálogos con el ELN y el enfrentamiento entre organizaciones insurgentes genera miedo en la población civil. Están ocurriendo graves violaciones de los derechos humanos y del DIH, reclutamientos y desapariciones forzadas, confinamientos a las comunidades
campesinas y a los firmantes del Acuerdo de Paz.
En Arauca se incrementon la estigmatización contra sus habitantes y los ataques contra la dirigencia social. La fiscalía no hace levantamientos de cuerpos en zonas rurales, ni investiga agresiones contra la población civil. La fuerza pública está destinada a proteger la infraestructura de las empresas multinacionales y no a la población civil.
Hechos tan graves como el atentado con carro bomba contra la sede de las organizaciones sociales en Saravena dan cuenta del nivel de riesgo que corre la dirigencia social, en el mismo sentido revisten gravedad los ataques contra la empresa de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y gas domiciliario. Estos ataques contra
instalaciones civiles y comunitarias evidencian el propósito de aniquilar a la dirigencia social de Saravena y de destruir la infraestructura creada desde hace medio siglo por las comunidades mediante la autogestión.
En el Caquetá el gobierno incumple el Acuerdo de Paz. La información geográfica de la ubicación de los cultivos de coca recogida para los proyectos productivos de sustitución está siendo utilizada por la Fiscalía para detener al campesinado y por la fuerza pública para quemarles las viviendas y desplazar a las comunidades.
Grave que el gobierno no haya garantizado la seguridad de los firmantes de la Paz en el ETCR Urías Rondón, que debieron ser reubicados ante el acoso paramilitar, lo que da una idea del control de estos grupos y de la falta de voluntad política para combatirlos.
La Operación Artemisa destinada a detener la deforestación no concuerda con los proyectos petroleros que ponen en riesgo los ecosistemas. Se está persiguiendo a los colonos pero no a los grandes deforesta dores. No se ofrecen alternativas de reubicación a las familias obligadas a vivir fuera de la frontera agrícola y se está desplazando
comunidades de colonos o encarcelándolos.
El gobierno se convirtió en agente de desplazamiento forzado, denuncian las organizaciones. Esto se agrava con la falta de voluntad del gobierno de adelantar la titulación de tierras a las familias campesinas con decenas de años de ocupación. La deforestación crece al ritmo de los asesinatos contra el campesinado.
Los pueblos indígenas de la Amazonía están abandonados por el Estado y asediados por grupos armados y por inversionistas que se quedan con sus territorios y por grupos armados que reclutan y desplazan. Los pueblos indígenas denuncian que la matriz minero–energética se puso por encima de la naturaleza y de los derechos de los
pueblos indígenas.
Hay denuncias por la falta de auditoría de los fondos europeos y estadounidenses destinados a financiar proyectos de reinserción a firmantes de la paz. Tampoco hay garantías para preservar la vida de estas personas, 31 de las cuales han sido asesinadas con impunidad en el Caquetá.
Bota Caucana, Piamonte y Putumayo.
Las familias campesinas se sienten engañadas por el gobierno. Arrancaron la coca y sólo recibieron ayuda de emergencia, pero no los proyectos productivos. El territorio está bajo el control de grupos narco–paramilitares que imponen la siembra de cultivos de coca y pretenden sustituir la organización campesina de base, por otra bajo su
control. Ni la policía ni la alcaldía de Piamonte cumplen con el deber de proteger a la dirigencia social que ha sido amenazada de muerte y obligada a desplazarse.
En el Putumayo las comunidades están bajo el control paramilitar y sometidas por el miedo a proyectos mineros y del narcotráfico. Curiosamente hay más muertos del campesinado en donde hay más fuerza pública. Las personas defensoras de los derechos humanos no tienen garantías y están siendo perseguidas a muerte. Por ser zona de frontera, con coca y petróleo, sus comunidades tienen un alto grado de vulnerabilidad.
SITUACION DE LAS MUJERES
Hay informes muy graves de un aumento significativo de las violencias contra las mujeres en estas regiones. Las dinámicas de pobreza y desigualdad, agudizadas por la pandemia COVID19, que mermaron las ya frágiles economías familiares sostenidas de manera informal, el incremento de la crisis migratoria en los últimos años,
tratándose en su mayoría de territorios de frontera y el aumento de la presencia y reconfiguración de grupos armados en estas regiones, con un aumento de la escalada de violencia, están afectando gravemente a la población y, específicamente, a las mujeres. La cultura machista y patriarcal se denuncia por parte de las organizaciones
reportando feminicidios, desapariciones y agresiones sexuales contra mujeres, algunas denunciadas a las fuerzas públicas, otras silenciadas por el estigma y/o por la desconfianza hacia las instituciones.
Todas las organizaciones manifiestan una ausencia absoluta de la institución pública en el seguimiento, acompañamiento e investigación a las denuncias sobre casos de violencia machista, así como la falta de recursos para las víctimas. Aquí mencionan también la invisibilidad de la violencia y agresiones sexuales a niñas y jóvenes
en el entorno familiar y cercano, socializando casos de agresiones sexuales a menores realizadas por hombres de la propia familia o entorno. En ningún caso, existen herramientas institucionales de acompañamiento a las mujeres víctimas de este tipo de violencias.
Por otro lado, también se señalan fuertes hostigamientos y violencias contra el colectivo LGTBIQ+ y las mujeres trans, sin legislación ni apoyos institucionales para la visibilización y protección de las personas de estos colectivos.
Respecto de la situación concreta de las mujeres, en el marco del conflicto armado, con toda la complejidad y especificidad de cada región, las organizaciones destacan los siguientes puntos: –El cuerpo de las mujeres como campo de batalla: las mujeres son agredidas sexualmente como forma de amedrentar o desmoralizar al adversario. – Control social y estigmatización: se informa de un aumento de casos de uso de las mujeres como “informantes”, a través del engaño y desconociéndolo ellas, lo que acaba provocando el rechazo del resto de la comunidad a una situación que no fue voluntariamente generada. Se cuestiona a las mujeres las relaciones que inician, más si se trata de hombres de la fuerza pública, siendo igualmente aisladas por el entorno.
En algunos casos, hay un fuerte control social, que pretende imponer a las mujeres el desarrollo en exclusiva de las tareas que les han sido asignadas a través del género. –
Aumento grave de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual en las fronteras y aumento del reclutamiento forzado de niños y niñas y adolescentes, bien para su inclusión en grupos armados ilegales (niños) o para el trabajo forzado en cultivos de uso ilícito (niños y aumento del reclutamiento de niñas). Son las mujeres,
madres en su mayoría, las que oponen mayor resistencia, con denuncias a instituciones y también por sus propios medios a estos reclutamientos, con el consiguiente señalamiento y amenaza a su integridad. –Amenazas, persecución, desapariciones y asesinatos de lideresas sociales. El liderazgo de las mujeres está siendo fuertemente reprimido. En un contexto de violencia armada, muchas de estas mujeres, viudas o solas por exilio de sus parejas, ejercen sus liderazgos y a la vez, sostienen a su familia, sin ningún apoyo. Las mujeres no suelen dejar a sus familias solas, pues en su mayoría dependen económicamente de ellas, por lo que se convierten en un blanco fácil al no exiliarse, en la mayoría de los casos.Las mujeres organizadas y lideresas están siendo hostigadas, amenazadas y asesinadas pues están tejiendo redes de apoyo mutuo para suplir las carencias de un Estado que no les ofrece las garantías para una vida digna ni tampoco de seguridad y protección, cuando es el caso.
Como Delegación de verificación de DDHH, nos instan a denunciar la ausencia de la institucionalidad en la atención a la problemática que se presenta en los territorios por las violencias contra las mujeres y los riesgos de estas al ejercer un liderazgo social y político que presenta otras alternativas económicas y sociales.
XVIII DELEGACION ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ.
Integrantes:
1–. ANTONIO GOMEZ–REINO VARELA, Diputado en el Congreso de España por Coruña. Grupo Confederal de
Unidas Podemos–En Comú Podem–En Marea. Vicepresidente Primero de la Comisión de Asuntos Exteriores.
2–. RAFAEL ABELARDO PALACIOS GARCÍA,Diputado y portavoz del Grupo Político Podemos en la Junta
General del Principado de Asturias.
3–. ESTHER MIRANDA ZAPATA, . Asistente en el Congreso de Diputados de España del diputado Antón Gomez
Reino
4–. EVELIA OLGA MUÑIZ MENÉNDEZ, . Comisiones Obreras, CCOO Asturias.
5–. LUCIA NOSTI SIERRA, pasaporte español PAN041542. Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias.
6–. LUCIA GARCÍA JIMÉNEZ, Asamblea Moza d’Asturies, AMA.
7–. SOFIA MURIAS VARELA, Movimiento Asturiano por la Paz
8–. MARIA ANGELES FERNANDEZ MARTIN, Red de Acogida de Refugiados de Leganés/Madrid.9–. MARIA JESUS RAMOS ALVAREZ, Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias.
10–. SUSANA CLAVIJO NUÑEZ, Ingeniería Sin Fronteras.
11–. CARLOS MARIA MEANA SUÁREZ, Soldepaz Pachakuti.
12–. FRANCISCO JAVIER ARJONA MUÑOZ, Soldepaz Pachakuti.
13–. JAVIER OROZCO PEÑARANDA, Director del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia.
