Las cartas del juez, reconocido a nivel internacional por promover el arresto del dictador Augusto Pinochet, fueron dirigidas el pasado 18 de marzo al Presidente de la República Iván Duque, al Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Neis Oliverio Lame, y al Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos. El juez Garzón también se dirigió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, para expresar sus preocupaciones por los hechos de violencia “que dejan un saldo de varias personas heridas, así como destrucción y quema de campamentos de campesinos e indígenas.”

En su comunicación al Presidente y al Consejero Mayor expresa su preocupación por los hechos de violencia que han rodeado el desarrollo de las protestas y les solicita “que no escatimen esfuerzos para favorecer el diálogo y el entendimiento, para así evitar un desenlace aún más violento y una eventual emergencia humanitaria.”

A la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y al Presidente de la CIDH, por otra parte, les solicita “respetando las decisiones que correspondan a quienes tienen la responsabilidad en el interior del país, deseo manifestarle nuestra preocupación y rogarle que preste la debida atención a la situación humanitaria en la zona ante un posible riesgo de un desenlace violento, haciendo un llamado en este sentido al gobierno colombiano a resolver esta situación de manera pacífica y dialogada.”

La Minga iniciada el pasado 10 de marzo se mantendrá de manea indefinida a la espera de miles de acuerdos incumplidos durante décadas por parte del Estado colombiano en materia de derechos ancestrales y autonomía territorial.

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