Foto: Cortesía CIDH

• La Comisión mencionó la zozobra y el dolor que le manifestaron las comunidades en su visita, adicionalmente precisó en la angustia de la población por el panorama violento que los rodea, la guerra territorial y la obligada convivencia con grupos armados por el abandono estatal. 
  

El 19 de abril de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó los hallazgos preliminares de su Visita In Loco en Colombia, la cual se llevó a cabo entre el 15 y 19 de abril del presente año.  

La rueda de prensa inició con la intervención de Roberta Clarke, presidenta de la Comisión, quién enfatizó que Colombia es un país caracterizado por la desigualdad, pobreza y persistente presencia de grupos armados en zonas con latente abandono estatal.  

El relator José Luis Caballero, habló sobre las exclusiones raciales y de género que hay en Colombia, las cuales se intensifican bajo un modelo económico que ha fortalecido la discriminación social y política a poblaciones históricamente marginadas, negándoles derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) tales como el acceso al agua, la alimentación, la educación, la infraestructura, entre otros.  

Según la Comisión, esta desigualdad se encuentra en las raíces del conflicto armado, ya que, estas condiciones sumadas a la presencia marginal del Estado en muchos territorios y a la insuficiente implementación del Acuerdo de Paz, condenan a las personas al desempleo y a salarios que les impiden tener condiciones mínimas de calidad de vida. Esta situación es aprovechada por los grupos armados para reclutar personas en situación marginal, en especial niños, niñas y adolescentes, así como el desarrollo de economías ilícitas, en particular, la minería ilegal, el tráfico de drogas y de personas.  

En el informe preliminar, la Comisión Interamericana llamó la atención sobre las constantes persecuciones y amenazas que sufren las personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y firmantes del acuerdo de paz.   

 “La reconfiguración del conflicto armado sigue socavando la seguridad, el desarrollo y el disfrute de los derechos humanos en el país. Esto se refleja en el alarmante número de asesinatos, amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones, entre otras, contra personas firmantes del Acuerdo de Paz, defensoras y líderes sociales y comunitarios, especialmente las que participan activamente en el reclamo de tierras y la protección del medio ambiente” 

Así mismo, se mencionó la exclusión en la participación de las mujeres en los procesos de paz y gobernanza, junto con la persistencia de hechos de violencia sexual y reproductiva en las zonas rurales y áreas controladas por los grupos armados. De igual manera, se relata con gran angustia, el incremento de la extorsión, el secuestro y el control territorial de los grupos armados, en los territorios habitados principalmente por poblaciones étnicas. Según Caballero, estos fenómenos, “…configuran una crisis que da lugar a la pérdida de su identidad cultural y pone en riesgo su supervivencia…” 

La Comisión mencionó la zozobra y el dolor que le manifestaron las comunidades en su visita, e hizo hincapié en la angustia de la población por el panorama violento que les rodea, la guerra territorial y la obligada convivencia con grupos armados por el abandono estatal.  

Por otro lado, se mencionaron los avances que ha tenido el Gobierno Nacional para la implementación del Acuerdo de Paz, entre los puntos destacados se habló de:  La expedición del plan Nacional de desarrollo 2022- 2026 y de una política nacional de drogas, la apertura del Estado para avanzar en la política integral de garantías para las personas defensoras y la adopción de la política de la Paz Total que, persigue el desmantelamiento de estructuras criminales a través del diálogo. 

En este sentido, la CIDH hizo un llamado al Gobierno ante la fragmentación que ha presentado en las instituciones oficiales y que impide la correcta implementación del Acuerdo de Paz. La Comisión explica que, “se observa una descoordinación: entre las instituciones del ámbito nacional con planes de acción específicos que no dialogan entre sí, entre las agencias del orden nacional y las autoridades departamentales y municipales que no reciben los recursos”.

En materia de justicia transicional, la Comisión recalcó los desafíos en la JEP  para la construcción de una verdad dialógica que garantice la participación efectiva de las víctimas, con una implementación de los enfoques territoriales y de género que sea a acorde a las necesidades particulares de las comunidades.  

Finalmente, la Comisión reafirmó su apoyo a toda política de Estado que tenga por objeto alcanzar la paz, en este sentido hizo las siguientes recomendaciones:  

• Llama al Estado a desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso pleno a los derechos y disminuyan la desigualdad, así como a fortalecer su presencia integral en todo el territorio. 
• Insta al poder ejecutivo a cumplir con su obligación internacional de proteger la vida y la integridad de las personas en todo el territorio nacional, garantizar la seguridad de las comunidades en los que se hayan decretado ceses al fuego bilaterales y alinear las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida en el Acuerdo de Paz. 
• Llama al congreso a priorizar el debate constructivo y los consensos que permitan la aprobación de leyes necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz, en particular, la reforma a la ley de víctimas. 
• Exhorta a la Fiscalía General de la Nación y al poder judicial a cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos. 
• Insta a fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales garantizando la participación efectiva de las comunidades.