Publicada originalmente en confidencialcolombia.com
En la visita iniciada el 8 de enero de 2023 por el presidente Gustavo Petro a su colega Gabriel Boric, presidente de Chile, se produjo un acontecimiento histórico. En un escrito conjunto firmado por los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Colombia, Antonia Urrejola y Álvaro Leyva, le solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva para establecer las obligaciones adquiridas por los estados signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación a las consecuencias de la emergencia climática. La ministra chilena Antonia Urrejola explicitó que la consulta trata de “un conjunto de preguntas de cómo esta emergencia climática afecta derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, la información y un conjunto de otros derechos y la especial afectación a determinados grupos más vulnerables”. Para el ministro Álvaro Leyva, la consulta es inédita porque “es la primera vez que se pone de movimiento el convenio de Escazú que tiene como marco central saber informar y poder informar” (El Espectador, 9 de enero 2023).
Efectivamente, la solicitud es amplia y ambiciosa. Los ministros elevaron seis temas a la Corte: 1. Los deberes de prevención y garantía en derechos humanos vinculadas frente a la emergencia climática; 2. La preservación del derecho a la vida y la sobrevivencia frente a la emergencia climática a la luz de lo establecido por la ciencia y los derechos humanos; 3. Las obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones frente a la emergencia climática; 4. Los procedimientos de consulta y judiciales dada la emergencia climática; 5. La protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el marco de la emergencia climática, y 6. Las responsabilidades compartidas y diferenciadas en derechos de los Estados frente a la emergencia climática. La Corte tendrá un año y medio para darle respuesta, pudiendo convocar a audiencias y recibir contribuciones de los demás Estados de la región.
La iniciativa se da en medio de las lluvias sin fin en Colombia que nos confirman que pasamos del cambio climático, a la crisis climática que ya nos está impactando en el mundo y que nuestro país no está del todo preparado para enfrentarla. Eso a pesar de análisis como el de mi compañero y paisano Manuel Guzmán Hennessey en su libro JIRAFA ARDIENDO. El desafío ciudadano a la crisis climática: 2020-2050, Bogotá; Colombia 2015 que busca ayudarnos a comprender la dimensión de la situación cuando sostiene que “Si usted decide leer este libro este año, y se tarda, por ejemplo, un día, ese día habrán muerto 1094 personas en el mundo por la crisis climática. Pero si lo lee el año entrante habrán muerto muchas más. ¿Cuántas? Haga el cálculo: El cambio climático provoca ya 400.000 muertes cada año, pero la actual economía intensiva en carbono está relacionada con 4.5 millones de muertes anuales en todo el mundo”.
Es una iniciativa que refleja el acercamiento que se ha dado entre el movimiento ambiental y el de derechos humanos. Desde hace rato esos dos ejes se han enriquecido mutuamente, como se ve en el trabajo de Earth Rights International (ERI) y AIDA, para citar solamente dos de varios. En los primeros meses del presente año el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, en conjunto con ERI y la Nación U´wa, tendremos audiencia pública ante el Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Pueblos Indígenas U’wa vs. Colombia, que se trata de actividades petroleras, mineras y otras que dañan el medio ambiente en perjuicio del derecho a la propiedad, el territorio y otros derechos de esa Nación. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL (siglas en inglés), en su comentario sobre la iniciativa de Colombia y Chile, reconoce que las consecuencias de la emergencia climática “afectan una multiplicidad de derechos, desde la propiedad, la vida, la salud, los derechos de los/as niños, el derecho a no verse forzado a migrar, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros”, citando el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), referente científico mundial en el tema.
Dado el fuerte compromiso del Presidente Gustavo Petro con la búsqueda de soluciones la crisis climática, la iniciativa de Colombia y Chile no sorprende. En esta misma semana, en el Foro Económico de Davos, Suiza, el 18 de enero de 2023, el presidente insistió en “un capitalismo descarbonizado para enfrentar la crisis climática”. En otras oportunidades el presidente ha reconocido la inequidad e injusticia de las consecuencias de la crisis climática, y la inmensa brecha de responsabilidad entre norte y sur.
Pero si la solicitud a la Corte Interamericana no sorprende por todas estas razones -la realidad que vivimos, la confluencia entre dos grandes movimientos sociales, el fuerte compromiso del gobierno actual- hay, sin embargo, un elemento más a destacar: la diferencia que se da cuando personas comprometidas con los derechos humanos están al frente de las decisiones. La Ministra Urrejola fue previamente comisionada para Colombia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La vicecanciller Laura Gil, quien anticipó la noticia en Twitter, la conozco por su compromiso y promoción de los derechos humanos y la paz. Con el canciller Álvaro Leyva, he coincidido en varios eventos importantes sobre derechos humanos a través de los años. La solicitud a la Corte representa una decisión de centrar la respuesta a las consecuencias de la crisis climática en los derechos humanos. Para nada fue inevitable que se tomara este camino.
La crisis climática presenta dos desafíos, uno, para la existencia de la humanidad porque ocurren y ocurrirán catástrofes que serán devastadoras para cientos de millones de personas, y dos, porque constituye una injusticia inmensa contra los pobres, los marginados y las poblaciones más vulnerables, entre ellas los grupos étnicos y afrodescendientes, las mujeres, las niñas y niños y las víctimas del conflicto armado. Debemos enfrentarlo con las nuevas generaciones y con medidas que sean técnicamente adecuadas y justas. Para esto, un enfoque de derechos humanos es fundamental.
En hora buena, la inédita petición de los gobiernos de Chile y Colombia. Los demás Estados de la región y la sociedad civil podrán hacer sus aportes para enriquecer la opinión consultiva que deberá emitir la Corte Interamericana, quien en su sabiduría, nos guiarán sobre el tema más importante de su historia para bien de la humanidad, dándonos las herramientas y las luces para enfrentar la crisis ambiental que nos azota.Rafael Barrios Mendivil