Foto: Prensa senador Iván Cepeda Castro

Con base en la intervención del abogado Reynaldo Villalba Vargas durante la rueda de prensa de las víctimas del caso Uribe 

La decisión de la jueza 28, Carmen Helena Ortíz, de negar la preclusión (o archivo) de la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal es una decisión que se defiende por sí misma y de enorme riqueza jurídica, absolutamente apegada a derecho. Es una decisión que que reivindica la independencia judicial y que rescata el Estado de derecho. Pero además de eso, que reivindica lo trabajado por la Corte Suprema de Justicia. 

En segundo lugar tengo que decir que esta decisión representa definitivamente un avance en la lucha contra la impunidad, que abre las esperanzas de que en Colombia sí puede haber justicia y es un mensaje muy positivo para la sociedad entera. 

En este punto, no hay lugar a nueva solicitud de preclusión, porque los términos están vencidos para presentar el escrito de acusación. De hecho, difícilmente podría haberse apelado ayer esta decisión frente a la solidez de la decisión de la jueza. No hay otra alternativa desde el ámbito legal que avanzar en el proceso hacia la acusación.  

En relación con las garantías procesales, y ante la actuación de la fiscalía en este caso, ustedes escucharon a la señora jueza que se declaró impedida al terminar la audiencia para seguir actuando en este caso, como corresponde, pero igualmente deben declararse impedidos el ministerio público y por supuesto el fiscal. Si no lo hacen, tendremos que pedir su remoción.  

El Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 175, 63 y 335 fija, no solo fija los términos (120 días) para presentar el escrito de acusación o solicitar la preclusión, que ya están vencidos, sino que contempla la obligación de que juez, fiscal y ministerio público se declaren impedidos al haber sido parte de la solicitud y la decisión sobre la fallida preclusión.  

Este proceso contiene una gran riqueza de hechos jurídicamente relevantes reivindicados por la Corte Suprema y en la consolidada sentencia del día de ayer, y que deben hacer parte del escrito de acusación, que es el paso que viene, en el que no se limiten o eliminen los hechos que indican la presunta responsabilidad del imputado. 

En conclusión, se ha demostrado que esta solicitud de preclusión fue temeraria, y que lo que queda es que la Fiscalía presente el escrito de acusación, y obviamente tendrá que hacerlo con todo el acervo probatorio recogido hasta hoy. Llamamos al ente investigador a actuar conforme a derecho, dejar de lado la temeridad y actuar reconociendo que el investigado en este caso es el expresidente y no las víctimas ni sus abogados.  

Mi enorme gratitud con Iván Cepeda Castro, el senador, porque ha sufrido una enorme persecución, no solo la instrumentalización de la justicia sino de campañas de descrédito y difamación. Saludo a mis colegas con quienes compartimos el escenario de justicia y a todas las personas que nos colaboraron sin las cuáles este trabajo no habría sido posible.  

También tengo que decir que esta decisión sin duda, es producto de todo un acumulado de aportes, porque esto no empezó en febrero de 2018 sino mucho antes. Es el resultado de todo el trabajo del movimiento de derechos humanos, de la reclamación de las víctimas, del periodismo investigativo, de ese periodismo que está comprometido con la verdad.  

Pero además es la reivindicación de fiscales y jueces que han sufrido persecución por cumplir con su misión constitucional, incluso, en algunos momentos, pagando con su libertad personal e incluso con su propia vida y su libertad personal, porque decisiones como esta rescatan la importancia de la misión de administrar justicia, aún en los peores escenarios. 

#NadiePorEncimaDeLaJusticia