Este escrito fue elaborado el 8 de julio de 2011, pero a la fecha las condiciones denunciadas no han mejorado sustancialmente. Cuando se logró romper el cerco mediático y dar a conocer ampliamente la realidad infrahumana de esta prisión, el Gobierno nacional públicamente se comprometió dar solución a la grave problemática de violación a los derechos humanos de la población privada de la libertad, pero su gestión se limitó a elaborar un “plan de Choque” cuyo objetivo no es resolver el problema de fondo sino calmar los llamados del cerrar el establecimiento y castigo a los responsables de tanta infamia.
El problema de abastecimiento de agua persiste al igual que las violaciones a los derechos humanos contra las personas privadas de la libertad y la impunidad frente a las mismas sigue siendo la constante. Recientemente los presos del patio No. 2 fueron brutalmente reprimidos; produciéndose además el 1 de septiembre de 2011, el suicidio de ALVARO ANDRES GARRIDO BARRIOS al parecer, como medida desesperada ante el desarraigo familiar al que había sido sometido durante largo tiempo. Se suma a lo anterior la intervención del representante IVAN CEPEDA CASTRO ante el parlamento colombiano denunciando la tentativa de homicidio que fue víctima en una de la visitas de verificación a la cárcel de la “La Tramacúa”, señalando a miembros de la guardia como presuntos instigadores del hecho.
En conclusión, la lucha por el cierre de un centro de tortura como la prisión de Valledupar sigue vigente, por lo que hacemos un llamado a familiares, personas privadas de la libertad, organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales, políticas, a quienes se oponen a los ataques contra la dignidad, a sumarse a las voces y acciones que pongan fin a la grave violación a los derechos humanos de la población reclusa.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana se produjo un re direccionamiento de la estrategia contra insurgente, en el marco de la estrategia general de dominación y aconductamiento social, necesarios en los tiempos actuales para una mayor incorporación de la nación en los mercados globalizados en pro de los intereses de la oligarquía criolla y de las inversiones norteamericanas, principalmente.
El diseño de la nueva estrategia está contenido en un nuevo Plan Colombia que establece dentro de su intervención integral además del crecimiento efectivo del pie de fuerza, la reingeniería, reentrenamiento y modernización de equipos, fuerza aérea, armada, inteligencia etc. De las FFMM y de policía, inversiones sociales en las áreas de conflictos (que realmente se trata de acciones cívico-militares asistencialistas, con efecto psicológico de favorabilidad de los pobladores frente a las fuerza púbicas, sin soluciones de fondo a largo aliento). Subsidios a las víctimas (que realmente financia la creación de redes de informantes y el repoblamiento de las zonas donde se produjeron desplazamientos y expropiaciones para ubicara allí las bases sociales del paramilitarismo) y la modernización del sistema carcelario y penitenciario (construcción de establecimiento con infraestructura y regímenes de tipo norteamericano).
Fue así como se construyó e inauguró en el año 2000 la experiencia piloto del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, cesar, que desde el momento mismo de su edificación por su estructura y tamaño, los pobladores de la región llamaron la “tramacúa”, vocablo del argot regional que se usa para referirse a casas muy grandes y que con el paso de los presos de todo el país aprendieron a identificar como el sitio de mayor sufrimiento, crudeza y violación generalizada y sistemática de los derechos humanos, al interior de todo el sistema penitenciario y carcelario.
Durante once años la “tramacúa” ha tenido más de doce directores independientemente de los cuales se ha implementado una política continua de severidad y maltrato que transgrede incluso los lineamientos que de por si son lo suficientemente estrictos y restrictivos, el reglamento interno y los lineamientos del buró federal de prisiones norteamericanas.
Desde la inauguración de la penitenciaria de Valledupar se han desarrollado aguerridos procesos de resistencia civil ante el salvajismo y la barbarie con que se trata a los presos y la administración y el cuerpo de custodia y vigilancia, lograron eludir los millares de acciones judiciales y denuncias en su contra. Más de una veintena de desobediencias, huelgas de hambre y hasta protestas violentas fueron disueltas y silenciadas cruelmente.
El único triunfo había sido anotado por casi un centenar de mujeres, que desde finales de 2005 fueron trasladadas desde las reclusiones del buen pastor de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Ibagué entre otros; y que tras una campaña de denuncia y solidaridad nacional lograron el cierre de la torre número 9 que las albergaba.
En febrero del 2010 fueron trasladadas al recién inaugurado ERON (establecimiento de reclusión del orden nacional) de Cúcuta Norte de Santander, si bien el cambio de lugar no implicó un cambio en el trato que dignificara su condición y reivindicara su género al punto que allí nuevas acciones de denuncia y protesta fueron disueltas con el traslado de las voceras de DDHH al ERON de Jamundí, Valle; Estas lograron romper el timbrado de ocultamientos en Valledupar y poner al descubierto ante el mundo la infamia de este patíbulo.
Con el preámbulo de la aguerrida y dignísima resistencia de aquellas mujeres, “subidas a las estructuras”, mayo de 2011 vino a ser la oportunidad para no dejar piedras sobre piedras al derribar definitiva e integralmente el muro del silencio, ocultamiento y tergiversaciones.
Con riesgo y osadía, con paciencia, tesón y templanza se construyó un ambiente de emergencia que obligó a todas las autoridades a reaccionar: defensoría del pueblo, procuraduría general de la nación, contraloría y personería, secretaría departamental de salud, gobernación del cesar, alcaldía municipal de Valledupar, el gobierno nacional a través del ministerio del interior y de justicia, la dirección general del INPEC que es quien regula y monitorea este y todos los E.P.C.A.M.S (Valledupar, Cómbita, La Dorada, Girón, Acacías, Popayán); esto lleva a pensar que la gravedad de lo ocurrido no obedece solo a fallas en el sistema, a las deficiencias administrativas y a los excesos del personal de custodia y vigilancia, sino que responde a una función especifica del penal dentro del sistema en su conjunto.
No es una anomalía o un caso aislado sino una verdadera política cruel y vengativa ejecutada en el contexto general de endurecimiento de la estrategia contrainsurgente y de control social, dentro del cual encaja el sistema inquisitivo penitenciario y carcelario del penal de Valledupar.
Por ello en estas aéreas administrativas nada funciona y se presenta todo tipo de inconsistencias, negligencias, omisiones, inoperancias de contratos y convenios.
No funcionan los consejos de evaluación y tratamiento, ni el consejo de disciplina, el área de reinserción social, psicosocial, terapia ocupacional, educativa, talleres, comité de trabajo, estudios y enseñanza, cómputo, investigaciones internas disciplinarias, sanidad: medico general, enfermería, fisioterapia, odontología etc. en lo pertinente a custodia y vigilancia se presenta todo tipo de violaciones a los derechos humanos, torturas, tratos crueles e inhumanos con los internos y sus familiares.
Los días de visitas son un castigo colectivo: encierros, golpiza, gaseadas, suspensión de visitas, golpizas personales a individuos en algunos casos hasta el homicidio tanto por opción como por omisión; pues son numerosos los casos de los que no murieron por golpiza de los guardias sino por no atender llamadas urgentes de atención medica o que correspondieron a negligencia ante accidentes graves, humillaciones requisas abusivas y denigrantes, devoluciones sin causa, sanciones sin faltas cometidas ni comprobadas, sin investigación previa, sin resolución de la autoridad competente y sin notificación alguna a los internos y visitantes afectados, etc.
Nada de ello se debe a singularidades, no se trata de las cualidades o carencia de las mismas por partes de los funcionarios públicos que han pasado por el establecimiento.
Su ocurrencia consecutiva durante 11 años con el amparo de la impunidad, la complicidad y el ocultamiento de las direcciones nacionales y regionales del INPEC y de la defensoría delegada del pueblo y de la procuraduría regional entre otros organismos ( como los dictámenes alterados de medicina legal sobre los casos de asesinatos de internos por golpizas de los guardianes).obliga a concluir y ratificar la tesis de que todo ello corresponde a una política perfectamente planeada y ejecutada.
De otra parte la crisis sanitaria como consecuencia del desabastecimiento de agua potable y por el no tratamiento de las aguas residuales, tampoco es un fenómeno reciente; cuando ocurre la apertura del establecimiento el servicio se presta sin novedad, pero a partir del 2005 comienzan los cortes esporádicos del fluido y los racionamientos intermitentes; y es a partir de 2008 que el desabastecimiento se presenta de manera continua en las celdas y con mínimo suministro en el día en los sanitarios y duchas comunes de cada torre, es decir, que el padecimiento de sed, las infecciones urinarias e intestinales, las infecciones fungosas de la piel y respiración, el desaseo general de las áreas sanitarias de los patios, celdas y utensilios personales (losas, cubiertos, ropas, etc) es un problema acumulado de más de 3 años sin solución.
Si bien todo el cuadro es grave y complejo fue la crisis sanitaria la que hizo reventar el escándalo y precipitó la “metástasis” del sistema penitenciario y carcelario por la llaga abierta y supurante de la “tramacúa”.
Este año (2011) entre los días 2 y 8 de mayo pequeños grupos de internos iniciaron en cada pabellón una desobediencia civil que se propagó desde la torre 5, hasta las torres 4,3,2,1,8; consistente en arriesgar sus vidas subiéndose a lo más alto de la estructura externa de cada edificio y permaneciendo colgado allí por varias semanas a la intemperie, el sol sofocante, fuertes aguaceros y el desgaste físico y moral.
Los grupos fueron aumentando el número aunque las otras torres no se sumaron, las torres 6 y7 por ser de mediana seguridad y de sindicados respectivamente, la guardia los persuadió amenazándolos con anular el trato preferencial (como el régimen de visitas cada 8 días), y la torre 9 es de tercera edad y por su condición física no podía ni subirse a las estructuras ni sostenerse en ellas; sin embargo estas torres se sumaron el pliego de peticiones y nombraron delegados para integrar el comité de crisis en la torre 8 un grupo de 17 hombres participó durante 20 días pero la guardia dividió a los drogadictos del patio ofreciéndoles algunas dosis de alucinógenos para que bajaran.
Pero no fue la reacción inmediata, sino mediada por la masiva difusión de los detalles de la desobediencia a través de llamadas telefónicas que a su vez movilizaron la solidaridad y el respaldo de cientos de presos y prisioneras de reclusiones, cárceles y penitenciarías de todo el país por una parte y el acompañamiento y el apoyo externo de familiares, amigos, ex-convictos, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales por otra; lo cual prendió las alarmas de la oficina para los derechos humanos de la ONU y la comisión interamericana de los derechos humanos de la OEA.
Con todo esto y con el apoyo personal y decidido del representante a la cámara por el polo democrático (y representante del movimiento de victimas del estado MOVICE), Iván Cepeda Castro, quien apelando a la comisión de derechos humanos del congreso de la república visitó el establecimiento, se logró que esta comisión, diversas organizaciones y los medios de comunicación mostraran directa y abiertamente la emergencia sanitaria y se escuchara de boca de los internos los atropellos, torturas, asesinatos y todo tipo de violaciones de la “tramacúa” en 11 años de existencia.
Entonces el movimiento nacional en solidaridad en torno de la campaña internacional por el cierre de la penitenciaría de Valledupar, exigió al gobierno nacional el cierre inmediato, y el ministro del interior y de justicia salió al paso anunciando la evacuación de la emergencia sanitaria, pretendiendo con ello atemperar los ánimos con sofismas de distracción.
En realidad, 15 días antes de la segunda y definitiva visita del representante a la cámara IVAN CEPEDA CASTRO y la comisión, se ordenó a la administración del penal dar inicio a un maquillaje con medidas cosméticas barriendo y lavando las instalaciones, suministrando agua a los internos dos veces al día, descongestionando la oficina jurídica, dando tramite a notificaciones represadas por más de un año, haciendo clasificaciones de faces, retomando los horarios en educativas regularizando la asistencia médica y odontológica, etc.
Principalmente, adoptando una medida coercitiva contra los y las prisioneras políticas y sus colectivos en las prisiones del país, y en el marco del encuentro nacional, de solidaridad con los prisioneros y prisioneras políticas, que sesionó los días 4 y 5 de junio, fueron trasladados todos los representantes y dirigentes de la desobediencia civil hacía San Isidro, Jamundí, Picaleña y Comvita.
Y finalmente el 11 de junio por orden del ministerio y la dirección general del INPEC, el grupo de reacción inmediata “GRIN” ingresó violentamente y agrediendo a los internos que se encontraban en la manifestación, dejando como saldo varios heridos y al menos una decena de aislados en calabozos.
El lunes 13 de junio la comisión encontró una penitenciaría revisada, pero la administración y la guardia no pudieron impedir que los prisioneros denunciaran lo ocurrido a IVAN CEPEDA, quien ante internos y administrativos se comprometió a gestionar desde el congreso, lo necesario para exigir del ejecutivo el cierre inmediato del establecimiento.
Contrario al clamor mundial el gobierno a través del director del INPEC diseñó un plan de choque, que priorizó la recuperación y preservación y la confianza en el INPEC, en lugar de priorizar soluciones a la crisis humanitaria y sanitaria, y sistemáticamente ha continuado implementando las medidas cosméticas.
De hecho el plan de choque es una oficialización, es una formalización de aquellas y minimiza la problemática estructural e histórica, reduciendo todo el tiempo del desabastecimiento del agua a unos mínimos cambios administrativos.
Al director LEOPOLDO DE JESÜS LOPEZ PINZÓN, lo enviaron a la penitenciaría Cundey en Florencia Caquetá como nuevo administrador pero no fue destituido, y los oficiales de custodia preservaron todos los puestos lo que no impide presionar para acabar las practicas violatorias de los derechos humanos.
Como nueva directora nombran a IMELDA LOPEZ SOLÓRZANO y como comandante de vigilancia a MAGNOLIA ANGULO; ellas se comprometieron con inversiones, arreglos y acondicionamientos de infraestructura de acueducto y alcantarillado, baterías sanitarias y plantas de tratamiento de aguas residuales; de igual manera a corregir algunas fallas administrativas, agilizar algunas relaciones disciplinarias contra funcionarios; implementar programas de tratamiento en convención con entidades educativas, deporte, suministro de agua mínimo necesario, alcance a quienes permanecen acá aunque en otro numeral aclaran que se atenderá la necesidad de descongestionar la cárcel judicial de Valledupar.
Dado que el plan de choque más que un paño de agua tibia es una flagrante evasión a las soluciones de fondo que requiere la crisis, el lunes 20 de junio nuevamente desde la torre 5 se inició un huelga de hambre por tiempo indefinido, que se ha ido por las torres 4,8, y con perspectiva de sumar huelguistas en las torres 2 y 3.
Sin embargo de los 300 manifestantes que llegaron a haber colgados en las estructuras, para la huelga de hambre solo se han sumado al rededor de 50 tras un inexorable proceso de desgaste que provoca la administración al dilatar la toma de decisiones, con las medidas cosméticas, con los traslados por castigo y aislamientos, procesos disciplinarios y afectación de las evaluaciones de conducta en los internos que a la postre le cierra las posibilidades de acceder a sus beneficios de ley.
Aun se mantiene la resistencia dentro del penal y los huelguistas de hambre hacen los esfuerzos físicos y morales, pero en buena medida las esperanzas se han depositado en el apoyo externo nacional e internacional que aún continúa en sus bregas por el cierre.
CONCLUSIONES PARCIALES
1. Tras 11 años de tortura, tratos degradantes, crueles e inhumanos, de asesinatos de internos a manos de los guardias, de custodias colectivas de violaciones de los derechos humanos DDHH de los visitantes y de una sistemática anulación de estado de derecho, se logró romper completamente el ocultamiento y el silencio ante la nación y el mundo.
2. El acumulado de experiencia de la lucha y resistencia, la capitalización del triunfo logrado por las 98 internas en el 2010 y el crecimiento y maduración del movimiento nacional carcelario contribuyeron para posibilitar una jornada de desobediencia civil, radical, sostenida y llena de sacrificio y riesgo en la que se unificó la participación de todo el penal.
3. La desobediencia civil al romper el silencio y demostrar la valentía de los manifestantes atrajo notablemente la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento y la voluntad de multiplicidad de organizaciones de izquierda, organizaciones, instituciones, medios de comunicación y sectores sociales que se sensibilizaron frente a los horrores revelados y se sumaron a la consigna de cierre inmediato.
4. Todo lo anterior, sumado al papel determinante que cumplió el representante IVAN CEPEDA y la comisión de derechos humanos del congreso al comprometerse a fondo en la consigna de cierre inmediato pusieron en jaque al gobierno nacional, al sistema nacional penitenciario y carcelario (INPEC) y su estrategia de castigo y control social inhumano.
5. Aunque los presos políticos son un sector minoritario dentro de la población de internos en la cárcel de Valledupar, cumplieron un papel fundamental en la organización del pliego de peticiones, enlace con las cárceles del país, relación y apoyo continuo con las organizaciones de izquierda y organizaciones de defensoría de los derechos humanos que difundieron y articularon nacional e internacionalmente la campaña por el cierre de la penitenciaria de Valledupar.
Esto se constató durante la visita de la comisión y en la interlocución con la administración y la guardia, pues el comité de crisis se conformó con delegados de cada patio donde con pocas excepciones se nombró a los presos políticos como sus voceros.
6. Hasta el momento el gobierno nacional y el INPEC han logrado evitar el cierre dilatando los procedimientos desgastando a los manifestantes, nombrando unos pocos administrativos y maquillando la realidad.
Muy fraternalmente desde la trinchera por la lucha de una nueva Colombia.
Torre 8 EPCAMS Valledupar, Julio de 2011.
COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS BENKOS BIOJÓ.
