París, 10 de diciembre de 2025. Hoy 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, las firmantes organizaciones miembro de la FIDH en las Américas, exigimos a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se pronuncie rechazando de manera contundente la recién declarada política de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos y los recientes actos de hostilidad diplomática, económica y militar en el mar Caribe que atentan contra la soberanía de las naciones latinoamericanas.

La escalada de hostilidad contra los gobiernos de los países de Latinoamérica y el Caribe por parte de Estados Unidos ha superado los límites de la diplomacia y el derecho internacional. Desde agosto de 2025 la Armada de los Estados Unidos ha establecido una presencia militar significativa en el sur del mar Caribe, mediante el despliegue de unidades navales y aéreas, que incluye el portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense.

Dicha movilización constituye la mayor demostración de poderío militar de ese país en Latinoamérica en décadas, la cual se lleva a cabo bajo la justificación de una presunta operación antidrogas. Relatores expertos de la ONU han denunciado que en 21 de los ataques reivindicados por el gobierno estadounidense en este marco se ha asesinado a más de 80 civiles, constituyendo graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar y por ello, afirmaron: “los responsables de ordenar y llevar a cabo estos asesinatos extrajudiciales deben ser investigados y procesados por homicidio”.

Los ataques indiscriminados contra embarcaciones constituyen un uso ilegítimo e ilegal de la fuerza, así como una violación flagrante a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Estas acciones quebrantan las normas fundamentales del derecho internacional como la obligación de garantizar la vida, la integridad personal, el debido proceso y las garantías judiciales, lo que las configura como ejecuciones extrajudiciales.

La instrumentalización de la “lucha contra las drogas” por parte del gobierno de Estados Unidos para justificar acciones unilaterales de evidente intencionalidad política, la intromisión en los procesos electorales internos y el uso desproporcionado de la fuerza supone un peligroso precedente que requiere una respuesta contundente de la comunidad internacional. La erosión del sistema democrático y las violaciones de derechos humanos que han sido documentadas en Venezuela por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos humanos en múltiples informes, y, que desde la FIDH se han señalado, no autorizan a ningún Estado a intervenir como lo está haciendo Estados Unidos, de manera contraria al derecho internacional. Al hacerlo vulnera el derecho central en que se sustenta la arquitectura del orden mundial, el cual es la libre determinación de los pueblos.

Ante esta escalada de violencia y de tensión en la región, la OEA tiene el deber político y legal de dar una respuesta conjunta y acorde al derecho internacional frente a la latente amenaza a la soberanía que suponen estos actos del gobierno de Donald Trump, de forma que garantice “la defensa de la soberanía, integridad territorial y la independencia”, tal y como señala el artículo 1 de la Carta de la OEA.

Igualmente, el gobierno estadounidense debe cesar de inmediato todo acto de amenaza, coacción económica o política, e injerencia que restrinjan la autonomía de los pueblos latinoamericanos. Estados Unidos debe replantear de manera urgente su estrategia global frente al problema de las drogas, reconociendo el fracaso de los enfoques militaristas y de seguridad. Dichas políticas no solo han generado graves violaciones a los derechos humanos de la población civil, sino que han profundizado la pobreza, la desigualdad y la criminalización sistemática de los pueblos latinoamericanos.

Firman:

Liga Argentina por los Derechos Humanos – LADH, Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH Brasil
Justiça nos Trilhos – JnT Brasil
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU-Chile
Observatorio Ciudadano – Chile
Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR – Colombia
Organización Femenina Popular – OFP, Colombia
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – Ecuador.
INREDH – Ecuador
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos-CIPRODEH, Honduras
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – México
Asociación Pro derechos Humanos-Aprodeh, Perú.
Center for Constitutional Rights (United States)
Programa venezolano de Educación en derechos humanos – PROVEA – Venezuela