En su próximo periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) tendrá ante sí el Informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Amnistía Internacional reitera su apoyo al trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y acoge con satisfacción la ampliación de su mandato hasta el 31 de octubre de 2016. Su función de vigilancia ha tenido especial importancia para poner al descubierto los abusos que han caracterizado el largo conflicto armado, y el papel de la Oficina será decisivo a la hora de garantizar que el respeto de los derechos humanos, que incluye el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación así como garantías de no repetición, ocupa un lugar central en el proceso de paz.
Esta declaración ofrece una exposición resumida de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional sobre Colombia, centrados en 2014, y recomendaciones para el Consejo de Derechos Humanos.
El proceso de paz
Las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen haciendo progresos. Ambas partes han llegado a acuerdos parciales sobre tres de los seis puntos de la agenda y han emitido una declaración con un plan de 10 puntos sobre el cuarto de ellos, relativo a los derechos de las víctimas. La voluntad de ambas partes de iniciar conversaciones sobre una tregua bilateral, después de la decisión de las FARC de declarar un alto el fuego unilateral en diciembre de 2014, y la posibilidad de negociaciones formales entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también fueron buenas señales respecto a los esfuerzos dirigidos a terminar definitivamente con las hostilidades.
En la declaración de 10 puntos sobre los derechos de las víctimas, el gobierno y a las FARC reconocen su responsabilidad en las violaciones y abusos contra los derechos humanos y aceptan que las conversaciones de paz deben girar en torno a los derechos de las víctimas y que éstos no son negociables. Son compromisos esperados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ninguna de las partes se ha comprometido de manera explícita a garantizar justicia para todas las víctimas del conflicto con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos. Esto, sumado Esta falta de un compromiso declarado, sumada a los intentos gubernamentales de promover legislación que añadiría más obstáculos al procesamiento de los presuntos autores ante tribunales civiles ordinarios, podrían menoscabar la viabilidad de un posible acuerdo de paz.
Declaración Completa
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