Serie de artículos de análisis del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Capítulo 4: Insurgencias

  Hallazgos generales  

 El capítulo 4 del Tomo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe de la CEV abordó el proceso de formación de las insurgencias en Colombia, identificando seis hallazgos sobre su persistencia: i) La insurgencia cometió graves infracciones al DIH que afectaron diversos sectores de la sociedad colombiana y las comunidades donde hizo presencia; ii) la insurgencia en diversos gobiernos ha buscado la solución política al conflicto armado. Fueron exitosas algunas negociaciones como las del M-19, EPL y otras en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Frustradas otras, como las negociaciones bajo los gobiernos de Belisario Betancur y Andrés Pastrana.  Finalmente se destaca el  Acuerdo de paz en 2016 como un escenario favorable que debe ampliarse; iii) La insurgencia llevó a cabo un control territorial y de la población basado en la coacción de las armas y el autoritarismo, dada la presencia integral del Estado y la marginalidad económica y política de esos territorios; iv) “Los grupos insurgentes, a través del relacionamiento con los movimientos sociales y la izquierda política legal, y la infiltración y los intentos de instrumentalización de los mismos, trataron de crear, mantener y consolidar una incidencia en la vida política nacional, regional y local”, cerrando espacios para alternativas civiles. “También fue utilizado para atacar expresiones políticas que trataban de abrir un espacio para la democracia y la paz, como el caso de la Unión Patriótica (UP), partido al que se acusó de supuesta identidad con la guerrilla mientras se llevaba a cabo su exterminio”. “El proceso de exterminio produjo un nuevo cierre político y reforzó la opción armada”; v) La insurgencia disputó el poder político local y regional, hizo uso de su poder armado y atacó representantes políticos, afectando la precaria democracia con impacto a la población civil, con amenazas, atentados y masacres en algunos casos; vi) “La guerra no fue la solución a los problemas estructurales, sino que los acrecentaron” (sic) (negrillas fuera de texto).  

 Llama la atención que el informe no mencione que detrás de los procesos exitosos de negociación de paz, también hubo una política de exterminio de excombatientes, como está ocurriendo con los firmantes de la paz de las FARC-EP tal y como lo reconoció la Corte Constitucional. 

 El informe establece el origen de las insurgencias en los años 60 y 70, ligado al campesinado y los colonos que “huían de la violencia bipartidista”, pero sin explicitar la responsabilidad del Estado en dicha violencia. No se hizo referencia contextual sobre las  guerrillas liberales, ni sobre las, esas sí, autodefensas campesinas, como predecesoras del surgimiento de las FARC, del ELN, del EPL, el M-19, del Quintín Lame, de la ADO, y otras organizaciones  insurgentes. El informe hace relación a las causas objetivas que hicieron posible el surgimiento y expansión de los movimientos guerrilleros, como la exclusión económica y política, sin embargo, en otro capítulo del informe concluye que la rebelión como  delito político que consagra la Declaración Universal de derechos Humanos no era aplicable en Colombia por carecer la realidad colombiana como contexto la tiranía y la opresión.  Ciertamente, el establecimiento originador de la exclusión, de la miseria, del despojo y la opresión crearon las condiciones para el surgimiento y fortalecimiento de las insurgencias en diferentes momentos de la historia.  

 Ese derecho a la rebelión, siempre ha sido tratado como delito en los códigos penales de Colombia, con la salvedad que desde el código penal de 1936, se reconoció el delito político conforme a su naturaleza en un Estado liberal. Sin embargo, con los cambios de modalidad de represión penal, el delito político sufrió una paulatina desnaturalización desde el punto de vista del tratamiento jurídico penal. Además, extendiendo su aplicación a los liderazgos políticos y sociales totalmente ajenos a la insurgencia, como una de las formas de criminalización no sólo de la población que habita territorios con presencia guerrillera, sino también de la oposición política y del pensamiento disidente. 

 En este capítulo, la CEV dejó al margen el rol preponderante jugado por los Estados Unidos en la lucha contrainsurgente, bajo la modalidad de lucha antinarcóticos, lo que reviste al conflicto armado un ingrediente internacional.  Así por ejemplo, el Plan Colombia y el Plan Patriota, presentados como expresión de la persecución al narcotráfico, al mismo tiempo que provocaron el repliegue de la guerrilla, suscitaron también el copamiento territorial por parte del paramilitarismo y violaciones a derechos humanos como detenciones masivas, desapariciones forzadas y violaciones al derecho a la vida.  

 El informe de la CEV reconoce que el paramilitarismo contó con el auspicio del Estado desde los años 60´s y sostiene que ante las acciones de las guerrillas contra ganaderos y la clase política regional, se reforzó el apoyo de las fuerzas militares. No obstante, el informe se abstuvo de considerar el paramilitarismo como una política de Estado pese al cúmulo de evidencias históricas y decisiones jurídicas sobre el rol estatal en la creación, expansión y consolidación del paramilitarismo, con el apoyo también de sectores del empresariado.  Para el movimiento de derechos humanos, el paramilitarismo es una estrategia del Estado para imponer modelos económicos y políticos, eliminando a los movimientos populares, cívicos y sociales que enarbolan el reclamo de justicia social. No surgió como reacción al accionar de las guerrillas como se sostiene por muchos académicos, pues la estrategia paramilitar fue diseñada e impuesta por la misión militar Yarbourugh de los EEUU, la cual se llevó a cabo antes del surgimiento de las FARC, El ELN y el EPL.  El paramilitarismo tuvo como blanco principal a los movimientos sociales y sus liderazgos, pues las confrontaciones militares con las guerrillas no ocurrieron con la intensidad que si tuvieron las acciones militares contra la población civil, especialmente contra comunidades, partidos de oposición y el liderazgo social y político.   

 Llama la atención que el informe expone que se llamó “guerra sucia” a la “desatada por los grupos paramilitares contra los habitantes de las zonas de influencia de los grupos guerrilleros, contra los movimientos sociales y políticos de oposición”.  Este concepto no corresponde al alcance sociológico y jurídico que el término “guerra sucia”  ha tenido históricamente, pues dicha denominación corresponde a las acciones criminales contra los movimientos sociales y políticos de oposición,  promovidas por el Estado, bien a través de sus organismos de inteligencia o fuerza pública, o bien a través de acciones paramilitares en connivencia estatal, crímenes que se cometieron en todo el territorio nacional y no solamente en territorios con presencia guerrillera. Da la impresión que el informe al menos en algunos de sus apartes, se esfuerza por ocultar o minimizar la responsabilidad del Estado, o al menos, se nota una  tendencia a mostrar una equivalencia de responsabilidades, dejando de lado que política y jurídicamente la mayor responsabilidad corresponde al Estado por su calidad de garante, pues, por ejemplo,  no es lo mismo un homicidio cometido por quienes se hallan fuera de la ley, que el cometido por un agente del Estado, dado que el segundo tiene el deber y obligación de proteger los derechos, empezando por el derecho la vida, pues es  la razón de su misión constitucional. La “guerra sucia” no correspondió al proyecto paramilitar ni fue meramente coyuntural, sino que ha sido una política de Estado, llevada a la práctica bien a través de sus agentes, bien a través de su estrategia paramilitar, “guerra sucia” que tampoco puede ubicarse en una situación meramente coyuntural sino  que ha sido una práctica permanente.  

 Una de las conclusiones del informe es que las “dinámicas del conflicto armado no permitieron alternativas democráticas no violentas”. Tal conclusión es parcialmente cierta en cuanto es indiscutible que el conflicto armado tuvo efectos nocivos en relación a las garantías para la participación en democracia, pero consideramos que el propio Estado generó políticas y acciones intencionalmente dirigidas a impedir que llegaran al poder nacional, regional y local expresiones políticas que arriesgaran el dominio de las fuerzas políticas tradicionales al servicio de las élites económicas y políticas, por demás, comprometidas en las políticas represivas contra la población civil y sus organizaciones sociales y políticas. El genocidio de la Unión Patriótica UP, no sólo se debió a la estigmatización del Estado y los paramilitares, sino a las estrategias y planes conjuntos para provocar su exterminio como partido y la de más de cinco mil de sus militantes.  Se resalta que la Comisión reconoce en su informe que “la violencia perpetrada contra miembros de la Unión Patriótica fue un genocidio político” el cual “fue determinante para refuerzo de la guerra durante las siguientes décadas”. 

 El informe rescata que a pesar que las guerrillas  han tratado de influenciar a movimientos sociales , comunidades, pueblos, “no significa identificar a los sectores  que hacen demandas  sociales  con las guerillas, ni establecer un vínculo entre ellos” y refiere que esta estigmatización  ha llevado a recurrentes violaciones  de derechos humanos, persecución, masacres, ejecuciones extrajudiciales, en una visión de “enemigo interno”  que ha criminalizado  por décadas a los movimientos  y organizaciones sociales conforme se dio la agudización  del conflicto armado.   

 Reconoce que los movimientos sociales, los partidos políticos y la movilización de la sociedad  afirmaron su independencia  y autonomía, exigiendo de forma cada vez más explícita, no ser involucrados en las hostilidades. La Comisión de la Verdad insiste en que las afinidades políticas y simpatías ideológicas no significan pertenencia ni subordinación a las estructuras guerrilleras, y que no hay justificación alguna para la estigmatización, la persecución o la eliminación de los miembros de movimientos políticos y sociales, al tiempo, hace un llamado a los diversos grupos armados a que respeten esta autonomía. 

 La responsabilidad del Estado no descansa en la simple  “falta de comprensión” como lo señala el informe, sino que el Estado conscientemente ha generado políticas con la finalidad de perseguir y eliminar toda posibilidad de participación política que pueda ofrecer otras alternativas de país. Es más, la represión estatal no se explica exclusivamente por la existencia del conflicto armado, pues graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas por el Estado no ocurrieron con ocasión del conflicto armado ni pueden ser atribuibles al mismo, sino que tuvieron  ocurrencia en desarrollo de políticas dirigidas expresamente a eliminar las organizaciones sociales y a exterminar todo liderazgo político y social que resulte ajeno a los intereses de las élites del establecimiento.   En todo caso, el informe aboga por políticas  “que amplíen el espacio  civil, incluso en medio del conflicto, fueron y siguen siendo en la actualidad apuestas clave para la construcción de la paz”, al mismo tiempo la Comisión “hace un llamado a que se respete por parte de los diferentes grupos insurgentes aún activos esta independencia, así como las demandas y propuestas desde las víctimas, las comunidades afectadas y los movimientos sociales”, lo cual es pertinente y necesario. Sin embargo, el mismo llamado debió hacerse al Estado, que es el primero en estigmatizar los reclamos sociales y en promover políticas para eliminar o debilitar las organizaciones sociales y sus liderazgos, acudiendo incluso a graves violaciones de derechos humanos como amenazas, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, entre otras.  

 El informe da cuenta del nefasto rol del narcotráfico en la profundización del conflicto armado al ser fuente de financiación del paramilitarismo y en relación al paulatino involucramiento de las guerrillas en el narcotráfico y las nocivas incidencias en la población civil. Advierte sin embargo, que en relación a la guerrilla FARC “no puede decirse que sea un cartel de la droga y que hubiera dejado sus objetivos políticos, pero su involucramiento tuvo impacto en sus dinámicas organizativas y problemas de mando y control en mandos medios, violencia contra la población en regiones cocaleras…”. 

 El informe da cuenta que en el gobierno de Álvaro Uribe no hubo ninguna posibilidad de negociaciones de paz con las insurgencias, a cambio, rescata el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2016, acuerdo que  el informe advierte fue objeto de “hostilidad de algunos medios de comunicación y  sectores políticos”. Igualmente, el informe consigna su preocupación por la oposición del poder Ejecutivo y el partido de gobierno (2018-2022) al Acuerdo de Paz, el cuestionamiento a instituciones del Sistema Integral para la Paz y la desestimación que se hizo de las dimensiones políticas del Acuerdo.  El informe destaca y en ello coincidimos, que la experiencia del Acuerdo con las FARC es  “un escenario de construcción de paz que debe ampliarse”. 

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