Liga de la Resistencia: Informe de derechos humanos en el paro nacional

Liga de la Resistencia: Informe de derechos humanos en el paro nacional

Estos puntos fueron: La Lizama – en Santander, la Vía Pereira – Quibdó en el Chocó, la Troncal Caribe en el Atlántico, La carretera Tibú- Cúcuta en Norte de Santander, San Gil- en Santander.

Durante las jornadas de protesta se presentaron diversas situaciones en los que funcionarios pertenecientes a la Fuerza Pública -además de afectar contra los derechos fundamentales a la protesta social, a la libre asociación, a la libre expresión- afectaron gravemente los derechos a la libertad, a la integridad, a la seguridad y a la dignidad humana. A continuación, exponemos los hechos.

Bogotá D.C.

Sobre las 12:00 a.m., un grupo de jóvenes que se encontraban realizando pintas alusivas al Paro Nacional fueron detenidos por la Policía Nacional en el barrio Diana Turbay.

A las 11:30 am los organismos de Derechos Humanos reportan que en la Universidad Distrital, sede Tecnológica, en medio de altercados entre estudiantes y miembros del ESMAD que hacían uso de armas recalzadas, se les impidió el ejercicio de verificación y acompañamiento, siento retirados del punto por la Policía Nacional. De igual forma, sobre el medio día, en este mismo punto de manifestaciones, es detenido un estudiante quien fue trasladado en patrulla de placas OQF-714.

Cerca a la 01:55 pm se reportan nuevas detenciones, esta vez, fueron dos jóvenes, ambos transeúntes, a quienes les solicitaron requisa y previo a conducirlos a la patrulla de placas OKZ-855 fueron golpeados.

En otro punto de la ciudad, en una marcha dirigida hacia la Plaza de Bolívar, sobre las 2:30 pm, otro joven fue herido de gravedad en la cara por la fuerza pública, quien le generó una lesión en pómulo y ojo izquierdo al lanzar una granada aturdidora que impactó en su rosto. Así mismo, en altercados entre manifestantes y fuerza pública, sobre las 3.30 pm, en la Plaza de Bolívar, fue herido en su rodilla un estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Alrededor de las 4.30 pm, al finalizar las concentraciones en la Plaza de Bolívar, en circunstancias irregulares, fueron detenidos estudiantes de las Universidades: Externado, UDCA, Pedagógica Nacional, y Universidad Distrital. Uno de los estudiantes fue trasladado en Bus de policía con placa OKZ-799. Además, se reportaron varios heridos.

En total, la jornada de hoy en la ciudad de Bogotá concluyó con 33 personas detenidas, 14 de estas en proceso de judicialización por supuestos actos vandálicos y por portar elementos como granadas de fragmentación; con respecto a los heridos se presentan 10 por parte de los manifestantes 3 trasladados a centros asistenciales por trauma craneoencefálico leve y 8 de la fuerza pública, una de gravedad.

Ver y descargar en PDF el ingorme de la Liga de la Resistencia con detalles de la movilización en cada región del país:
https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2021/07/au_cajibio_11_febrero_2016.docxAnálisis de la información recolectada

A partir de los hechos sistematizados por comunidades y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, es posible identificar una serie de prácticas que violentan u obstaculizan tanto la protesta social como una gama amplia de derechos y garantías.

a- Militarización de la protesta
La militarización ha sido una de las prácticas denunciadas en los últimos años entre aquellas que afectan el ejercicio del derecho a la protesta social y otros asociados, tales como: la libertad de expresión, pensamiento, opinión, locomoción, entre otros.

Como expresiones del tratamiento militar a la movilización popular se identifican: a) La presencia aumentada de pie de fuerza policial y militar; b) El desarrollo de acciones de inteligencia militar durante las jornadas de protesta; c) La realización de empadronamientos y cooptación ilegal de datos de los manifestantes; d) El uso de drones y armamento de guerra por parte de personal uniformado; e) El uso abusivo de la fuerza, entre otras.

Estas formas de respuesta de la Fuerza Pública ante la movilización no solo intimidan a quienes participan de ella, sino que implican un alto riesgo a su integridad, libertad personal e, incluso, a la vida. Además, constituyen una evidencia de la continuidad de la doctrina del enemigo interno al otorgar al ciudadano/a o colectivo que cuestiona el estado actual de cosas, el estatus de un adversario a quien se legitima reprimir.

Desde el punto de vista estrictamente legal y constitucional, tales prácticas son consideradas como formas de extralimitación del poder estatal, contrarias a los valores y principios predicables de un Estado Social y democrático de derecho:

La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación con los empadronamientos concluyendo, en diversas oportunidades, que constituyen un abuso de autoridad que afecta de manera severa las libertades ciudadanas (Sentencia C-1024 de 2002).

Adicionalmente, se tiene que la cooptación y almacenamiento de datos personales de las y los manifestantes se realizan en abierta inobservancia de los principios y lineamientos previstos en Ley Estatutaria 1581 de 2012 (art. 1 y 8) y atentan gravemente contra el derecho de habeas data.

Asimismo, es claro que la realización de acciones de inteligencia militar, en contextos de protesta social, no comporta un fin constitucional, dado que, de ninguna forma, puede considerarse que quienes se movilizan ponen o pueden poner en riesgo la seguridad del Estado o del Gobierno Nacional.

b- Estigmatización
Los señalamientos y uso de expresiones descalificantes o deslegitimadoras de la protesta social, por lo general procedentes de altos representantes del Gobierno -más que una afrenta de derechos constitucionales como la honra, el buen nombre o la libertad de pensamiento y expresión- constituyen una afrenta al carácter pluralista que se predica de la sociedad colombiana; entendido este como un principio constitucional de alto valor.

c- Detenciones arbitrarias y abuso de poder
En contextos de protesta, las detenciones arbitrarias pueden ser entendidas como una forma de criminalización y persecución al movimiento social, que no solo afecta a quienes participan de la movilización, sino que se extiende a transeúntes o acompañantes de la misma. Estas aprehensiones o capturas suelen acompañarse de prácticas de violencia física y sicológica contra las personas y se realizan de manera indiscriminada, incluso por fuera de los lugares de concentración de los manifestantes, situación que las torna ilegal, en tanto se producen en abierta violación de Derechos Humanos y por fuera de los casos previstos en la ley penal, según los cuales la libertad solo puede ser limitada en casos de flagrancia o por orden judicial.

ACCIONES

Con antelación a la realización de las presentes jornadas de movilización social, la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular -en representación también de sectores sociales, sindicalistas, estudiantes entre otros- solicitó al Ministerio del Interior la activación del protocolo de protesta como una de las garantías de protección para los colectivos movilizados.

Del mismo modo, se le solicitó a la Subcomisión al Ministerio continuar la articulación de este tipo de eventos, a través de la estrategia de representación de los sectores sociales en el puesto de mando unificado –PMU-, mecanismo que ha arrojado buenos resultados durante los últimos años en el manejo de multitud de situaciones críticas.

Queremos compartirles a ustedes, representantes de la comunidad internacional y del Ministerio Público, que estas solicitudes hasta ahora han sido negadas, por ello, expresamos nuestra preocupación por estas decisiones que ignoran dos instrumentos útiles para la situación delicada que a traviesa hoy el país; máxime cuando se han desarrollado acciones de señalamiento, estigmatización, criminalización y tratamiento militar a la protesta social por parte de integrantes de alto nivel de gobierno y del legislativo.

Es de agregar que durante el transcurso de la jornada se intentó comunicar varias de las situaciones presentadas al Grupo de Reacción Inmediata coordinado por el Ministerio del Interior, sin mayores resultados.

Nota: Este informe fue elaborado en conjunto con organizaciones de la Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular y la Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos.

Comisión Nacional de Derechos Humanos
Congreso de los Pueblos.

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