Los Falsos Positivos y el Proceso de Paz

Los Falsos Positivos y el Proceso de Paz

Más de 5.800 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2000 y 2010 son la expresión de una política sistemática articulada desde altas instancias del Estado, en la cual no ha habido esfuerzos eficaces por parte del Estado Colombiano por esclarecer estos crímenes de sistema. Los más altos responsables no han sido individualizados ni vinculados a las investigaciones judiciales ni las estructuras criminales que los diseñaron, implementaron, y ordenaron su ejecución. Por el contrario nuevas iniciativas para dejar la investigación y procesamiento de estos crímenes en la Justicia Penal Militar han sido presentadas nuevamente por el actual Gobierno ante el Congreso.

 

 

La Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales, que reune 23 organizaciones de defensa de derechos humanos que acompañan y representan judicialmente a víctimas de estos delitos presenta en este documento (anexo) 12 Propuestas para abordar el tratamiento a estos crímenes en el marco del proceso de paz y propone medidas para prevenir nuevas víctimas y para la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

Estas propuestas no pretenden insistir en un ánimo punitivista contra los miembros de la Fuerza Pública que han incurrido en crímenes contra los derechos humanos de relevancia de la comunidad internacional. Pretende ante todo prevenir e impedir que crímenes como estos se sigan repitiendo y que la realización de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación sea la más completa posible.

En este sentido, señalamos que cualquier concesión de beneficios en el marco de los procedimientos judiciales acordados para poner fin al largo conflicto armado en Colombia, tiene que pasar por la voluntad del Estado de asegurar que los responsables de estos delitos sean debidamente individualizados, procesados y sancionados. Ello, aunque la naturaleza de las sanciones en el marco de la justicia transicional pueda dosificarse de acuerdo a las contribuciones individuales y efectivas para que las sociedad y las víctimas puedan tener certeza de la manera como operaron las dinámicas criminales victimizadoras, y sobre la totalidad de sus responsables involucrados.

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