- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) hoy está conformada por casi 200 organizaciones de derechos humanos de 115 países.
Bogotá D.C., 31 de octubre de 2025. El 42 Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), reunido en Bogotá desde este lunes y hasta el día de hoy, ha dado un paso fundamental en la defensa de la soberanía regional. Los 115 países que la integran aprobaron unánimemente moción de urgencia presentada por la delegación de Colombia ante injerencia y amenazas de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe
La moción aprobada por el Congreso mundial de la FIDH, condena la escalada de hostilidad, operaciones militares y sanciones económicas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense contra democracias latinoamericanas, incluyendo a Colombia. El documento señala que estas acciones superan los límites de la diplomacia y del derecho internacional y constituyen una vulneración de la soberanía y autodeterminación de los pueblos
En el documento, propuesto por la delegación de Colombia destaca que entre el 2 de septiembre y hasta hoy 31 de octubre de 2025 las unidades militares estadounidenses desplegadas en el mar Caribe y el Océano Pacifico ejecutaron alrededor de 10 ataques armados contra embarcaciones, que habrían dejado un saldo de más de 52 personas asesinadas, sin que exista una verificación independiente que confirme la naturaleza de las actividades de las embarcaciones atacadas. Las investigaciones periodísticas han evidenciado que algunas de estas lanchas son de nacionalidad colombiana y contaban con tripulantes desarmados que en ningún momento adoptaron una actitud hostil.
Los ataques indiscriminados contra embarcaciones constituyen un uso ilegítimo e ilegal de la fuerza y una violación flagrante a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.
“Estas acciones desconocen normas fundamentales del derecho internacional como la obligación de garantizar derechos como la vida, la integridad personal, el debido proceso y las garantías judiciales, lo que las configura como ejecuciones extrajudiciales, en abierta contravención de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señala la moción de urgencia presentada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), como ligas de la FIDH, y con el respaldado de la Coordinación Colombia-Europa- Estados unidos (CCEEU), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia, la Asociación Minga, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL Colombia y el Programa Somos Defensores.
Ante esto, la FIDH adelantará acciones para exigir al gobierno de los Estados Unidos:
- Cesar de inmediato todo acto de amenaza, coacción económica o política, e injerencia que restrinjan la autonomía de los pueblos latinoamericanos, así como toda declaración difamatoria en contra de sus gobiernos democrática y legítimamente constituidos.
- Replantear de manera urgente su estrategia global frente al problema de las drogas, reconociendo el fracaso de los enfoques militaristas y de seguridad. Dichas políticas no solo han generado graves violaciones a los derechos humanos de la población civil, sino que han profundizado la pobreza, la desigualdad y la criminalización sistemática de los pueblos latinoamericanos.
- Adoptar un enfoque de salud pública para abordar el consumo de drogas, asumiendo su responsabilidad histórica en la reducción de la demanda interna, dado que Estados Unidos es el principal mercado consumidor mundial. Asimismo, fortalecer de manera efectiva los mecanismos de control, identificación y sanción sobre los flujos de capital ilícito originados en su territorio, principal motor financiero del narcotráfico global.
- Reconocer su responsabilidad en el tráfico ilegal de armas hacia Latinoamérica, promoviendo una regulación estricta sobre la tenencia y comercialización de armas de fuego en su territorio, que son la fuente principal de abastecimiento para las organizaciones criminales de la región.
- Iniciar un repliegue inmediato de sus unidades militares destacadas en la región, respetando la soberanía territorial de los Estados latinoamericanos y reorientando su cooperación hacia estrategias basadas en evidencias reales sobre las dinámicas financieras, políticas y sociales del crimen organizado.
- Abstenerse de utilizar instrumentos de carácter unilateral y extraterritorial, como las listas de sanciones económicas, contra jefes de Estado y altos funcionarios de gobiernos democráticamente electos, por constituir actos de injerencia que violan el derecho internacional. A la Organización de las Naciones Unidas:
Instar a los mecanismos internacionales competentes a que evalúen la posible responsabilidad internacional de los Estados Unidos por el incumplimiento de la prohibición de amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, considerando todos los actos de hostilidad diplomática, económica y militar desplegados en los últimos tres meses.