El 20 de noviembre de 2023, los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa, integrantes del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Gonawindua y afiliados a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con el acompañamiento del CAJAR y la FIDH y el apoyo de la Unión Europea, iniciamos una gira de incidencia por varios países de Europa, específicamente en Países Bajos, Francia, España y Bélgica; compartiendo el mensaje de los Pueblos Indígenas de Colombia, quienes hemos enfrentado y padecido las consecuencias del Conflicto Armado Interno, desde el tejido de vida, la protección de la Madre Tierra y el respeto de los territorios ancestrales como ecosistemas estratégicos para la humanidad. Estamos promoviendo un ejercicio de intercambio de saberes entre autoridades internacionales y nuestras autoridades originarias del Corazón del Mundo, en nombre de los pueblos indígenas de Colombia, para establecer un propósito común en varios temas estructurales. En materia de justicia, los pueblos indígenas reivindicamos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantías de no repetición y la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los graves crímenes en contra de nuestros integrantes y nuestro territorio. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), componente de justicia del Sistema Integral, ha dado muestras de su interés en avanzar en la superación de la impunidad histórica en los crímenes y afectaciones cometidos contra nuestros pueblos. Valoramos los avances de la JEP en el caso 003, en donde se han esclarecido los casos de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por el Ejército colombiano en el Cesar y La Guajira, entre ellos integrantes de los pueblos Kankuamo y Wiwa. También valoramos la apertura del macrocaso 009 en la JEP enfocado en los crímenes más graves y representativos cometidos en contra de los pueblos étnicos de Colombia; nuestra expectativa es la determinación del crimen de genocidio, que nos abocó al riesgo de exterminio físico y cultural, y el otorgamiento de medidas de justicia frente a las afectaciones diferenciadas sufridas por nuestros pueblos en el marco del conflicto y la violencia política. Reconocemos el reto que supone para la JEP administrar justicia con un enfoque de justicia restaurativa para abordar crímenes graves. Teniendo en cuenta la visión y la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, basadas en nuestros sistemas de conocimientos propios, queremos realizar aportes en el propósito común de reestablecer la armonía entre nuestros pueblos y con la naturaleza, garantizando la progresividad en el reconocimiento y goce efectivo de nuestros derechos. El apoyo de la comunidad europea en este propósito, es determinante. En materia de paz, los pueblos indígenas valoramos positivamente las iniciativas de paz total lideradas por el Gobierno Nacional, promoviendo escenarios de diálogo con los diferentes grupos armados que aún están activos en nuestros territorios. Para los Pueblos Indígenas, la paz Integral no se reduce al desarme de los grupos armados, demanda acciones robustas del Estado para fortalecer la paz territorial y con la naturaleza. Por tal motivo, los avances en los acercamientos con grupos armados y las negociaciones en marcha con el ELN, deben tener como base lo consignado en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, y fortalecer las políticas de protección del territorio y de los pueblos que somos uno con la Madre Tierra, articulándose, paralelamente, con agendas globales que demandan un cambio en la matriz energética que reduzca drásticamente el impacto del cambio climático en nuestros territorios causados por proyectos minero energéticos y de infraestructura. Resaltamos el rol de la Unión Europea y su aporte al fortalecimiento de la sociedad civil en Colombia especialmente en un contexto de construcción de paz. La apuesta hacia el fortalecimiento de las capacidades y accionar de las Organizaciones de la Sociedad Civil continúa siendo un reto de todos y todas, nuestra intención es que se ejerza como actores que contribuyen al desarrollo territorial y que como pueblos indígenas sigamos construyendo hacia la exigibilidad y ejercicio de nuestros derechos con un enfoque étnico, cultural y de género. La paz solo puede lograrse reconociendo las realidades que enfrentamos los pueblos indígenas y nuestros territorios ancestrales, en donde aún persisten las vulneraciones de derechos y la falta de garantías de derechos para nuestras autoridades tradicionales y espirituales. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca y priorice los mecanismos de protección individual, colectiva y territorial, el ejercicio de los sistemas propios de gobierno, fundamento esencial para el éxito de una política eficaz de prevención ante los factores estructurales de riesgo que hoy se mantienen en nuestro territorio. En este marco la apuesta por la protección integral del territorio ancestral y el ejercicio allí de nuestros sistemas propios de gobierno, ha de ser el fundamento para concebir una política eficaz de prevención ante los factores estructurales de riesgo que hoy se mantienen en nuestros territorios. Las garantías para un pleno reconocimiento y ejercicio de nuestra estructura de autoridad pública y propia, cuyo reconocimiento recoge el Decreto 1500 de 2018, se constituye en un pilar para el control del territorio y para el diálogo y el entendimiento con la institucionalidad regional y nacional competente. Garantizar la funcionalidad de nuestros sistemas de conocimientos y de gobierno sustenta, en suma, el éxito de una política de protección colectiva e individual para nuestros pueblos. Invitamos a la comunidad internacional, a la Unión Europea, al Gobierno colombiano, a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, a los pueblos indígenas de Colombia y sus autoridades constituidas, a continuar aunando esfuerzos para la paz integral, la armonía y el buen vivir de todo el pueblo colombiano.