Valledupar, 18 de noviembre de 2025. El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional reconocieron públicamente responsabilidad por la ejecución extrajudicial de 23 personas, entre ellas indígenas y menores de edad, a quienes presentaron ilegítimamente como bajas en ‘combate’. Estos crímenes de Estado ocurrieron en los departamentos de Cesar y La Guajira.

“(…) Les pedimos perdón a las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por exintegrantes del Ejército Nacional (…) Estos militares violaron todas las normas y procedimientos institucionales. Con la verdad revelada, confirmamos que ninguno de ellos (Las víctimas*) fue guerrillero, delincuente o muerto en combate. Fueron ciudadanos, miembros de comunidades indígenas, padres, madres, hijos y trabajadores cuyas vidas fueron arrebatadas por la acción criminal de unas personas que, además de cometer un crimen, desobedecieron la ley y deshonraron la ética militar,” señaló el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Los jóvenes y menores de edad fueron víctimas de ejecución extrajudicial por parte de integrantes adscritos a los batallones de Artillería N°2 “La Popa” y Grupo de Caballería Mecanizado N°2 “Juan José Rondón”, entre 2004 y 2006. En algunos de los casos estuvieron involucrados agentes del extinto DAS y del CTI, así como paramilitares. Varias de las víctimas eran integrantes de los pueblos indígenas Wiwa (pueblo que tiene medidas cautelares ordenadas por la CIDH), Kankuamo y Wayuú.

“(…) no vengo a hablar de odios ni a exigir venganza; vengo a hablar de verdad, memoria y justicia, porque, mientras la verdad no se diga, la herida seguirá abierta y, mientras la justicia no actúe, la paz no será más que una palabra vacía. Yo, Irma Fince, no acepto el perdón humano, porque sé que solo Dios tiene ese poder supremo, pero sí exijo responsabilidad, reparación, respeto hacia la vida humana. Mi fe me enseña a no odiar, pero mi conciencia me obliga a no callar. Que la muerte de mi hermano no se queda en la impunidad y que no se repita este acto cobarde contra ningún ciudadano indefenso, menos contra indígenas, sujeto especial de derecho (…),” señaló en su intervención Irma Fince, hermana de Luis Ángel Fince, víctima de ejecución extrajudicial por parte de agentes del Ejército, el extinto DAS y el CTI cuando apenas tenía 18 años.

El acto de reconocimiento, que se llevó a cabo en la Universidad Popular del Cesar (Valledupar), se realizó en cumplimiento de varias sentencias contencioso administrativas dictadas por los tribunales de La Guajira, Cesar y Cundinamarca, en respuesta a demandas de reparación directa interpuestas por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) en representación de las víctimas.

“(…) La planeación, ejecución y encubrimiento de estos actos criminales que concluyeron con el asesinato a sangre fría de hombres, mujeres, jóvenes e incluso niñas y niños inocentes, no fueron hechos aislados producto de desviaciones individuales, sino actos criminales reproducidos por múltiples unidades militares, lo que demuestra que fue una expresión misma de una política institucional impulsada y tolerada desde las más altas esferas, con el objetivo de mostrar resultados operacionales a través de la presentación de jóvenes inocentes como bajas en combate. Es preciso recordar que estos crímenes se cometieron en un contexto de implementación de la política de seguridad, en el que la lógica guerrerista y el enemigo interno privilegió las cifras sobre la vida, permitiendo que los incentivos, ascensos y felicitaciones se construyeran sobre el asesinato de civiles inocentes,” manifestó Sara Villamil, abogada de Cajar.

Las sentencias calificaron estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida y en varios fallos, como crímenes de lesa humanidad.

Desde el Cajar acompañamos a las familias de 9 de las víctimas: Noemí Pacheco Zabata, niña indígena Wiwa de tan solo 13 años; Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17 años; Carlos Alberto Vega Camacho, integrante del pueblo Wiwa; Javier Pushaina Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y Gasparito Cambar Ramírez (16 años), indígenas Wayuú; Néstor Oñate Arias, indígena Kankuamo protegido por medidas cautelares de la CIDH, ejecutado tras ser sacado de la finca donde vivía; Víctor Hugo Maestre, indígena Kankuamo que denunciaba violencias en su comunidad.

Las investigaciones judiciales demostraron que en ninguno de los casos existió confrontación alguna, que las víctimas estaban desarmadas y que los cuerpos fueron manipulados, uniformados y armados para fabricar resultados operacionales.

Las decisiones judiciales también señalaron que estas ejecuciones se dieron en un contexto sistemático de violencia contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y contra jóvenes de sectores populares del Caribe.

El acto de reconocimiento es una de las medidas de reparación ordenadas por los tribunales y tiene como objetivos, entre otros: honrar la memoria de las víctimas, reconocer su inocencia y desmontar públicamente la narrativa que las señaló como combatientes y dignificar a sus familias y comunidades, quienes han enfrentado amenazas, desplazamientos, estigmatización y años de impunidad.

Sin embargo, desde el Cajar, que acompaña este proceso junto a las familias y comunidades, reiteramos que la reparación solo es posible con garantías reales de no repetición, con reformas estructurales, depuración, memoria y control institucional para que nunca más se asesine a jóvenes indígenas, campesinos o urbanos para inflar resultados militares.