Boletín Especial sobre Derechos Humanos No. 9
1. Minga: Propuestas para reactivar la protesta social y la lucha por los derechos, la democracia y la paz.
Las demandas que movilizaron a la Minga Social y Comunitaria del Suroccidente Colombiano por la defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz y que recorrió gran parte del país entre el 12 y el 21 de octubre para plantearle al Gobierno Nacional la atención a los graves problemas que afronta hoy la sociedad colombiana, y en especial las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas dejaron en evidencia, de manera patética, la desconexión e indiferencia del Gobierno de Iván Duque con las mayorías nacionales y el deterioro creciente de la legitimidad de la coalición que controla el poder del Estado.
La silla vacía con el nombre del Presidente Duque en la Plaza de Bolívar de frente a la sede de los poderes públicos en la capital del país y ante 7 mil mingueros y mingueras que marcharon 800 kilómetros desde los departamentos del Cauca, Huila, Caldas y otras regiones del país, simboliza el desprecio por los reclamos populares de respeto a la vida, defensa de los territorios, garantías democráticas y de participación y exigencia de implementación de los acuerdos de paz y de reactivación de la salida negociada con las insurgencias, a las cuales este gobierno y el partido que lo controla se opone furiosamente. Hacía 18 meses, otra silla vacía ubicada en el parque principal de Caldono (Cauca), dejaba en claro que este gobierno no estaba interesado en escuchar las demandas de las comunidades indígenas, afros y campesinas, mientras los indígenas venían denunciando que más de 1300 acuerdos celebrados con distintos gobiernos eran reiteradamente incumplidos . En esa ocasión Duque no quiso reunirse con los indígenas pretextando razón de seguridad, dando a entender así que se trataba de personas peligrosas o al menos, que amparaban criminales en su seno.
Este año, después de negarse a ir al Cauca, el 12 de octubre, Duque no quiso reunirse con la minga en Cali. El 19 de octubre, los 7 mil marchantes que habían recorrido medio país para plantearle al Presidente un debate político sobre los grandes problemas que preocupan hoy a la sociedad colombiana, se enteraron que el Presidente no los consideraba dignos de ser atendidos y escuchados, y había preferido irse a inaugurar un Congreso de Modas en Cartagena. El Consejero de paz Miguel Ceballos, que hacía más de un año había recomendado a Duque no reunirse con la Minga en Caldono, esta vez fue el encargado de notificarle a la Minga que no había ninguna posibilidad de que Duque se reuniera con ellos, esta vez con el pretexto excluyente de que sus demandas tenían carácter político, y este tipo de debates solo podían plantearse en el seno del congreso . En su sentir, hacer política no era cosa de indios y negros, pues estos asuntos están reservados para las élites que controlan mayoritariamente las bancadas del Congreso.
Pero no bastó que el Presidente se negara a viajar al Cauca a escuchar los reclamos de la Minga, que tampoco asistiera a Cali a la cita con los indígenas, que obligara a 7 mil indígenas, afros y campesinos a desplazarse hasta Bogotá, para una vez allí, decidir irse a atender el encuentro con los empresarios de la moda, y al día siguiente a Chocó, no para atender los reclamos por el abandono estatal, la falta de infraestructura en salud, para atender la crisis por la pandemia o el recrudecimiento de la violencia represiva estatal y paraestatal sobre las comunidades; sino justamente para anunciar el despliegue de medidas represivas para sofocar las protestas y movilizaciones sociales de los chocoanos con recursos para las fuerzas de seguridad, primas de orden público para los uniformados, dos nuevos pelotones del ejército y mayor presencia de infantería de marina, y el anuncio de la dotación de drones con tecnología de reconocimiento facial para reprimir también allí los reclamos de quienes protestan . Todo ello mientras su gobierno solo ha entregado 10 camas de Unidades de Cuidados Intensivos a la red pública para atender a 550 mil habitantes en medio de la crisis de la pandemia.
En el colmo de la burla y la humillación a la Minga y al país, el consejero “de Paz” Miguel Ceballos (quien atiende e incentiva los asuntos de la guerra), y quien fue comisionado por el Gobierno para atender las demandas de la minga, decidió que se iba para el Cauca a “una cita con la minga indígena”, que sería “el inicio de una serie de nueve visitas a los pueblos indígenas”, mientras los 7 mil indígenas y demás mingueros habían llegado a Bogotá para debatir con el Gobierno Nacional esperaban al Presidente al frente de la sede de Gobierno.
Estos niveles de cinismo son sólo comparables con las declaraciones que simultáneamente el Presidente Iván Duque daba ante los empresarios, haciéndoles entender su permanente disposición a atender los reclamos de la minga e interlocutar cumplidamente con los sectores que protestan, pues según él ”nada ni nadie puede argumentar que para ser escuchado en una democracia se requiere la promoción de una aglomeración” y aseveró que “nuestro Gobierno es dialogante, es abierto para entender las múltiples problemáticas de todos los sectores sociales de nuestro país”. Sin duda, esto es difícil de comprender.
2. La Minga y el Poder Corporativo
Obviamente, su preferencia a atender las reuniones con empresarios y evadir reunirse con sectores populares, es un reflejo de la prioridad de su gobierno por avanzar en un modelo de Estado corporativo, centrado en la privatización de los bienes comunes, el refuerzo de privilegios a las élites empresariales y el desmonte de derechos para las mayorías. Mientras la Minga por la Vida deliberaba frente a los poderes públicos, ese mismo día un Congreso rendido a la voluntad del partido de Gobierno aprobaba un presupuesto para el año 2021 que desconocía por completo las demandas por las cuales millones de colombianos/as se vienen movilizando masivamente en las calles y sobre todo, a partir de la declaratoria de emergencia por la pandemia.
Mientras el presupuesto aprobado no tiene renta básica ni matrícula cero, deja desfinanciada la Paz, vende empresas públicas al capital privado por $12 billones de pesos , aumenta en 42% el recaudo por IVA para financiarlo con IVA a los alimentos y deja desprotegidos a micro y pequeños empresarios; por otra parte le entrega más 2 billones de pesos a cerca de 1000 empresas (el 0.7% de las mismas), las más ricas del país , y se asegura de destinar el 38% del presupuesto del país al pago de la deuda pública (los grandes banqueros) y gastos de guerra (el estamento militar), aportando $106.000 millones diarios para guerra y represión, entre otros horrores.
Es evidente que en las decisiones de gobierno y especialmente en las relacionadas con el gasto público no caben las demandas de los sectores populares, sino el reforzamiento de privilegios de la alianza corporativa-financiera-militar-mafiosa que hoy controla todos los poderes públicos. Eso explica la negativa a reunirse al menos, tanto con la Minga como con el Comité Nacional de Paro, con el cual quiso disfrazar su incapacidad de atender las demandas, con el embeleco de una conversación nacional, que no estaba dispuesta a ninguna negociación, y en la que de nuevo los empresarios fueron convocados como actores principales para entrabar cualquier posibilidad de acuerdo directo con el Gobierno.
No obstante, la arrogancia y la humillación por parte del Presidente Duque y sus funcionarios, la Minga le habló al país formulando propuestas concretas para una transición o cambio a un país en donde el Estado cumpla sus obligaciones de respeto a la vida (garantías para la vida frente al incremento de las masacres, el genocidio, etnocidio, feminicidio, con reconocimiento y desmonte del paramilitarismo y reforma de la doctrina militar); por el derecho al territorio (reforma agraria integral, desmonte de la política extractivista de los planes de desarrollo e implementación de una política territorial – urbana y rural- centrada en la defensa de la vida); derecho a la democracia (garantías a la protesta social, garantías a la participación social y política, garantías para los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales y garantía a la consulta previa y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos); y por la paz (con desmilitarización social y territorial, implementación de los Acuerdos Paz de la Habana, continuidad de los diálogos de Paz con el ELN y cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones sociales, así como el reconocimiento a los procesos de diálogos humanitarios y pactos de paz regionales) .
Era claro que estas propuestas, que apuntan a superar los problemas estructurales referidos a la paz, la vida, la defensa de los territorios y la democracia, reflejan los mismos problemas estructurales por los cuales se han venido movilizando con fuerza distintos sectores de la sociedad colombiana desde noviembre del 2019 y frente a los cuales el Gobierno solo ha respondido con menosprecio, evasivas y represión. La claridad y pertinencia de estas propuestas y el coraje, disciplina y capacidad de auto-organización demostradas por la Minga para movilizarse por su concreción despertaron un enorme entusiasmo de los sectores populares en el recorrido de la Minga por Cali, Buga, Armenia, Calarcá, Cajamarca, Fusagasugá, Soacha y Bogotá en donde los pobladores salieron masivamente a expresar su solidaridad y entusiasmo con su presencia, pues en medio de la pandemia, la Minga demostró que sin abandonar medidas mínimas de bioseguridad, tenía la capacidad de reanimar la movilización y el ejercicio de la protesta social que habían decaído por el temor a la pandemia y la represión oficial con el pretexto de las medidas de emergencia.
Sin embargo, el gobierno de Duque, claramente empeñado en la defensa de los privilegios de las minorías representadas en la coalición de gobierno y en los intereses corporativos del gran capital, no mostró voluntad alguna para dialogar o tan solo, interlocutar con los portadores de las propuestas. Nuevamente la sordera y desfachatez de la respuesta del Presidente Iván Duque se puso de manifiesto al responder al llamado a debatir sobre esta agenda concreta, con que en su gobierno “siempre será más importante la propuesta, que la protesta”, y que este consejo era el que el quería llevar a los territorios.
Pero ha sido la desatención a las demandas de las comunidades la que ha llevado al incremento de las protestas. El Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo reconoció en un debate en el Congreso, el 5 de noviembre, que en los dos primeros años de este gobierno se han duplicado las protestas sociales frente a las presentadas entre 2014 y 2018, pues la cartera a su cargo ha tenido que enfrentar 25.879 actos de protesta, de las cuales el Esmad ha intervenido en 2.607 casos, es decir, el 10 por ciento del total de manifestaciones. Sin mencionar los motivos de este dramático incremento, al Ministro solo le preocuparon en este debate los costos gigantescos de la represión policial a estas protestas, por lo cual reclamaba dejar sin efectos las medidas que los tribunales y las cortes han ordenado para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, impugnar la prohibición de los gases para disolverlas y solicitar de nuevo la utilización de la mortal escopeta calibre 12.
Fomentando un discurso de odio contra la Minga, el uribismo acusó a la Minga de estar infiltrada por disidencias y actores terroristas, de venir a propiciar caos y un huracán de contagios por todos los pueblos por donde haría su recorrido, de estar financiada por el narcotráfico y alojar en su interior infiltrados de la disidencias de las Farc y el ELN, que atentarían contra la fuerza pública, o contra los mismos indígenas, para luego echar la culpa a la policía y de propiciar actos de vandalismo en las protestas que desarrollaría en la capital. Nada de esto sucedió para decepción del partido de gobierno y para las autoridades. Al contrario, dejó en evidencia la formidable organización, expresión del auto gobierno y la asombrosa capacidad operativa de la guardia indígena, además demostró que los infiltrados y el vandalismo no hacen parte de la Minga y la movilización. Indicador también, de que los infiltrados y el vandalismo constituyen una estrategia programada para sabotear e impedir el libre ejercicio del derecho a la protesta, que no pudo hacerse presente merced a control y vigilancia activa de los guardias indígenas para prescindir de la presencia y mantener aleja la intervención de los agentes uniformados, y sobre todo, los no uniformados, que vieron frustradas las previsiones de caos, destrucción y vandalismo que habían dispuesto y previsto para desprestigiar y disolver el ejercicio de movilización de afros, campesinos e indígenas expresados en la Minga.
Al final, la Minga no solo logró demostrar que un gobierno con mandato prestado y puesto en el cargo para obedecer el encargo de servir a los intereses de su jefe, de su partido y del respaldo que puedan darle los sectores que lo apoyan por la defensa de sus privilegios corporativos, no tiene ninguna voluntad de interlocutar con los sectores que demandan cambios, atención a sus necesidades, garantía de derechos, respeto a la vida y construcción de paz. La palabra negociación no hace parte de su agenda. Ni con la minga, ni con el comité nacional de paro, ni con ninguno de los sectores que sufren el rigor de su opción corporativa y guerrerista.
Pero lo más importante que demostró la Minga es que a pesar de la pandemia, del pánico que con este pretexto promueve el gobierno para mantener paralizada la movilización social y de los poderes represivos que ha concedido a la fuerza pública para sofocar la protesta colectiva, si es posible y urgente reactivar la movilización y el debate público por la defensa de la vida, los territorios, la democracia y la búsqueda negociada de la paz, asi como la implementación de los acuerdos celebrados tanto con la insurgencia como los movimientos sociales y las contenidas en los postulados del marco de un régimen de respeto integral a los derechos humanos y al Estado Social de Derecho.
CON REPRESIÓN VIOLENTA Y JUDICIALIZACIONES ILEGALES LA FISCALIA ABUSA DE SUS FACULTADES PARA PERSEGUIR LIDERES SOCIALES DEL PARO DE BUENAVENTURA
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red nacional de organizaciones sociales y ONG para la promoción y protección de los derecho humanos constata con preocupación la deriva política en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, expresadas en reiteradas actividades de persecución y señalamiento a quienes ejercen legítimo derecho a la protesta social y la oposición política.
El sábado 17 de octubre, Leonard Rentería, líder social participante del Paro Cívico de Buenaventura fue citado con fines de judicialización por la Fiscalía de Buenaventura, dado su liderazgo en el paro cívico de Buenaventura (mayo-junio de 2017), razón por la cual está siendo judicializado por el delito de “obstrucción a vías públicas que afectan el orden público”, según se lee en la boleta de citación de la Fiscalía. Al menos otros dos participantes en el paro, fueron citados con igual propósito de judicialización ilegítima.
Con estas actuaciones arbitrarias en contra de líderes sociales que ejercen el derecho a la protesta, la Fiscalía de Francisco Barbosa se coloca en contravía de principios esenciales del derecho penal que exigen realización del juicio estricto de tipicidad, certeza de dolo y gravedad del daño, así como de las normas que rigen la actuación de la propia institución que en la Directiva 008 de 2016 consagran que en las presuntas conductas típicas que pudieran ser cometidas en desarrollado de protestas “solo la violencia realizada en el curso de una protesta puede ser objeto de investigación penal” y no la mera ocupación de vías por los manifestantes o los promotores de la protesta, siendo además exigible que “en el caso de la obstrucción de vías, la conducta solo será típica si se realiza a través de medios ilícitos” tales como incendios, disparos de armas de fuego, daño en bien ajeno o empleo de sustancias peligrosas.
En el marco de un ascenso de la protesta y la movilización social, comenzada desde noviembre del 2019, y con jornadas continuadas a lo largo del presente año, se constata que ha sido una conducta reiterativa de la Fiscalía llevar a cabo actuaciones represivas en contra de líderes sociales con antelación a las movilizaciones programadas para tratar de mostrar las protestas como articuladas a conductas o actuaciones ilegales.
Previo al Paro Nacional de 21 de noviembre de 2019, la Fiscalía realizó detenciones arbitrarias y más de 20 allanamientos a sedes de organizaciones sociales y culturales que preparaban su participación en las protestas que luego fueron declarados ilegales ; antes de las jornadas del 21 de enero se llevaron a cabo capturas que pretendían demostrar la infiltración de organizaciones sociales en la protesta , y con pruebas endebles que apuntan más a un montaje, se detuvo antes de la jornada de protesta del pasado 21 de septiembre a otras 4 personas a quienes se pretende señalar como los coordinadores de los actos violentos de la noche del terror policial del pasado 9 de septiembre . En las propias protestas del 9 de septiembre, la Fiscalía llevó a cabo 25 capturas de personas que hicieron parte de las protestas, las cuales también fueron declaradas ilegales.
Es igualmente reiterativo que ante las distintas protestas convocadas, la Fiscalía termine avalando y ampliando las fabulaciones que el Ministerio de Defensa y los organismos de seguridad han venido construyendo sobre inconcebibles narrativas de infiltración de cualquier acto de protesta social, estimulando así, la continuidad de prácticas represivas y el uso de métodos de confrontación militar a la protesta social, con el resultado de capturas ilegales, asesinatos extrajudiciales y cientos de manifestantes heridos con armas de fuego. Ante estos crímenes la Fiscalía no disimula su escasa o nula actividad por esclarecer y perseguir a perpetradores de dichos delitos ni a quienes los ordenaron, como sucedió con los 24 internos asesinados bajo custodia oficial en la masacre del pasado 21 de marzo en la Cárcel Modelo o la masacre de 14 personas en las protestas del pasado 9 y 10 de septiembre.
En el caso de la judicialización pretendida en contra del joven líder afrocolombiano de las luchas cívicas de Buenaventura las actuaciones del Fiscalía más parecen la consumación de una venganza política en contra de dicho líder juvenil Leonard Rentería por haberse atrevido a enfrentarse enérgicamente y dejar mal parado ante las cámaras en el debate sobre el plebiscito por la paz al ex Presidente Álvaro Uribe, jefe del partido político por el cual hizo campaña el actual Fiscal, habiéndolo cuestionado fuertemente por su interés de impulsar el NO en el plebiscito para poder así destruir los acuerdos de paz y reactivar una guerra en la que las víctimas principales son los jóvenes, campesinos, afros e indígenas en esa región del país.
Es curioso que la Fiscalía no haya desplegado ningún esfuerzo investigativo por las denuncias de seguimientos y agresiones que en el pasado mes de agosto sufrió Leonard Rentería por parte de dos agentes de la SIJIN de la Policía, que lo estuvieron filmando y arrebataron su celular cuando estaba reunidos con otros líderes sociales en el conocido Restaurante Sabrosuras del puerto de Buenaventura. Resulta igualmente preocupante que en este contexto de riesgos, la Unidad Nacional de Protección haya decidido retirar hace una semana el esquema que le fue asignado hace cerca de 4 años cuando sucedió el altercado público con el ex senador jefe del partido de gobierno, y el cual solo pudo ser restablecido mediante fallo del Tribunal Superior de Buga. Leonard Rentería ejerce actividades de defensa de derechos humanos en la organización Rostros Urbanos, en donde dedica sus esfuerzos al trabajo con jóvenes en la prevención del reclutamiento forzado.
La represión a los liderazgos del Comité de Paro Cívico de Buenaventura ha buscado destruir los los logros sociales alcanzados con dicha movilización social, una de las más importantes en la historia de la movilización social en Colombia para la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales en una región que presenta los más elevados niveles de pobreza, con un 91% de pobreza extrema en sus zona rural. Mientras tanto, el Ministro de Hacienda busca impedir la concreción de los acuerdos del paro y arrebata a Buenaventura 38.000 millones de pesos en regalías para el presupuesto del año entrante, dejándole solo 4 mil millones de los 42 mil que actualmente recibe, el paramilitarismo se ensaña sobre las comunidades en una de las ciudades más militarizadas del país. Luego del asesinato de Temístocles Machado, en enero de este año otra líder del Comité de Paro Cívico, María Elena Cortés Revelo, sufrió también un atentado contra su vida y El 16 de septiembre fue asesinado en las calles de esta ciudad el reincorporado de la Farc Vladimir Paredes Caicedo.
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos condena la utilización política que la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Francisco Barbosa, ha asumido para estigmatizar y perseguir a los líderes sociales y contra las personas que ejercen el derecho a la protesta social, y la precaria o nula actividad investigativa para esclarecer, reprimir y sancionar las agresiones y violencia oficial que de manera creciente viene acompañando el ejercicio legítimo de la protesta social. Exige igualmente que en las acciones desplegadas contra Leonard Rentería y otros lideres sociales participantes del paro cívico de Buenaventura, la Fiscalía se ciña integralmente a las disposiciones constitucionales y legales que consagran las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social y la acción reivindicativa de los movimientos sociales.