Ante la actual crisis institucional que afronta Colombia, en la que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se encuentran seriamente cuestionados, o comprometidos en acciones que vulneran los principios rectores que fundamentan el Estado Social de Derecho, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado considera imperativo que toda la sociedad se pronuncie manifestando su respaldo a los magistrados que integran la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

Ante la actual crisis institucional que afronta Colombia, en la que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se encuentran seriamente cuestionados, o comprometidos en acciones que vulneran los principios rectores que fundamentan el Estado Social de Derecho, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado considera imperativo que toda la sociedad se pronuncie manifestando su respaldo a los magistrados que integran la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.El acatamiento a las decisiones judiciales, el respeto a la justicia y la independencia de los jueces son valores y reglas esenciales en cualquier Estado de Derecho.

De acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución y normas vigentes, ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede situarse por encima de las leyes, y corresponde al Presidente de la República, como representante de la unidad nacional, acatar los fallos de las altas cortes, respetar sus decisiones, y reconocer la dignidad que ostentan los magistrados que conforman los más altos tribunales. Desafiar la justicia y desconocer el valor de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que valerosamente ha conducido las investigaciones y los procesos de la llamada parapolítica, es abrir el camino al despotismo y la tiranía, caminos que Colombia de ninguna manera debe transitar.