El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, tras la disposición del Consejo de la Judicatura de revocar la decisión de primera instancia, que suspendía la orden de extradición de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, insta a la Corte Constitucional para que proceda a la revisión del fallo, ya que considera de fundamental importancia su pronunciamiento a fin de hacer retornar la vigencia de los derechos de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.

El Movimiento considera, al contrario de lo que dice el Consejo superior de la Judicatura, que es un perjuicio irremediable para las víctimas, el dar curso a la extradición del jefe paramilitar, toda vez que éste ha sido solicitado por el gobierno norteamericano exclusivamente por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, lo que indica que los múltiples crímenes de lesa humanidad ejecutados de manera generalizada y sistemática, que a su vez comportan graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, perpetrados por alias “Macaco” durante y con posterioridad a su desmovilización del Bloque Central Bolívar, no serán investigados, ni juzgados por la justicia estadounidense, la cual centrará su análisis en verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los delitos que entrarían en el ámbito de su competencia.

Ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni el embajador en Colombia de Estados Unidos, William Brownfield, como tampoco el subsecretario de Estado Tom Shannon pueden garantizar que los derechos de las víctimas serán respetados mediante mecanismos de colaboración con Colombia en el proceso judicial, tal y como lo han manifestado a los medios de comunicación, cuando la administración de justicia colombiana ha incumplido en el 99.9% en lo que tiene que ver con el juzgamiento de los jefes paramilitares. En este punto es bueno recordar que de los más de 35 mil desmovilizados, solo el 1.8% actualmente se encuentran en prisión.

Para el Movimiento de Víctimas es claro que alias “Macaco” acudirá a figuras jurídicas de la legislación norteamericana como el plea bargain, por medio de las cuales, acordará con las autoridades judiciales la rebaja de pena a cambio del suministro de información relevante, cuando la intención de la acción de tutela presentada era evitar la extradición, para que alias “Macaco” fuera juzgado por justicia ordinaria en Colombia, con la cual se le hubieran impuesto penas proporcionales a los crímenes de lesa humanidad cometidos, que oscilan entre 25 y 60 años de cárcel, y en consecuencia el reconocimiento de los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y reparación que comporta elementos como la restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, y no meramente indemnizatorio/ monetario, como lo ha querido hacer ver el Gobierno con la expedición del decreto sobre reparación individual por vía administrativa.

Carlos Mario Jiménez es uno de los más poderosos jefes paramilitares. Bajo su mando actuaron cerca de 7.000 hombres en diez departamentos del país, integrantes del llamado ‘Bloque Central Bolívar’. Tan solo en una de esas zonas, el departamento de Putumayo, la fiscalía colombiana estima que existen más de 3.000 fosas comunes en las que se hayan enterrados los cuerpos de una parte de las miles de víctimas de alias ‘Macaco’. Además de tener un vasto control territorial, el poder de este jefe paramilitar abarca una inmensa riqueza erigida sobre la administración del narcotráfico, la propiedad de minas de oro, cultivos de palma de aceite, enormes extensiones de tierra usurpadas a los campesinos, y el lavado de activos.