Durante el debate de control político, el senador Cepeda presentó acciones que el exfiscal general de la Nación promovió ilegalmente para ponerle trampas al Acuerdo con las Farc.

Cepeda anunció que ampliará la denuncia contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, por la presunta comisión del delito de menoscabo a la integridad nacional.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, denunció hoy que la mentira más perversa en estos cuatro años de ataques al proceso de paz es que ha sido para fortalecer al narcotráfico. Así lo expresó hoy en comisión primera de Senado durante el debate de control político contra Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación. Indicó que esa ha sido su estrategia obsesiva “para intentar acabar el proceso de paz”.

Además, recordó como pese a estar prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, Martínez permitió que agentes extranjeros realizaran operaciones y actuaran en nuestro territorio.

“Como veremos, Néstor Humberto Martínez actuó con absoluta premeditación. Aplicó el método de crear los problemas para luego presentarse como quien los intentaba solucionar contra viento y marea”, señaló Cepeda.

En siete puntos, el senador Cepeda insistió en que, desde el comienzo, Martínez Neira buscó sembrar en la opinión toda clase de desconfianzas con escándalos mediáticos que en términos jurídicos han demostrado ser montajes. Recordó los 14 procesos de supuesto testaferrato de bienes de FARC utilizando falsos testigos, como el señor Fernando Bahamón Céspedes; el allanamiento contra la JEP el 4 de octubre de 2018, cuya decisión tuvo que posteriormente revocar y reconocer su carácter arbitrario. Asimismo, su intervención en todo el trámite de las normas que dieron vida a la JEP, que tenía como objetivo principal investigar e imputar a los exguerrilleros de FARC y con ello poder acabar el proceso de paz.

Sin embargo, aseguró Cepeda, hay denuncias que demostrarían que esos intentos no se limitaron al ejercicio de la investigación penal lícita. Es el caso de los escándalos del 2019 sobre chuzadas ilegales, que presuntamente ocurrieron desde la Fiscalía. En noviembre de ese año se conoció un documento del exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo y del agente Luis Carlos Gómez Góngora, en el cual se informaba sobre presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales. Según las declaraciones de los dos exfuncionarios, los resultados de las interceptaciones ilegales eran entregadas al exfiscal Martínez Neira por intermedio del brigadier general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Martínez Neira acusó al exfiscal y al agente del CTI por calumnia agravada. Pero nunca se investigó esta grave denuncia. https://www.semana.com/opinion/articulo/la-paz-chuzada-por-daniel-coronell/641767/

Por el contrario, la operación contra negociadores del proceso de paz realizada por la Fiscalía y la DEA desde junio de 2017, según el senador Cepeda “no resiste ningún examen riguroso”.

“No es cierto que se haya tratado de una ‘operación autónoma o paralela’ de la DEA. Ya desde mediados de 2017, como lo reconoce Martínez Neira en su libro Las dos caras de la paz, hubo tres reuniones con autoridades judiciales estadounidenses”

La primera, entre el 7 y el 8 de diciembre de 2017, se realizó con la presencia del fiscal de Estados Unidos, Jeff Sessions. La segunda ocurrió el 28 de diciembre de 2017. En ella, el embajador Kevin Withaker y el agregado judicial de la embajada, Marlon Cobar, visitaron a Martínez para hablar sobre pistas de supuestos negocios de narcotráfico que podrían involucrar a miembros de las antiguas FARC. Dice Martínez en su libro que les dijo que se reunieran los equipos de la DEA y la Fiscalía colombiana para que “no se fueran a cruzar las mangueras”.

Finalmente, en enero de 2018 se produjo una reunión conjunta entre investigadores del grupo DEA-SIU (Unidad Especial de Investigación) del CTI y agentes de la DEA “y se tomó la decisión de llevar ante el gran jurado en Nueva York el caso y se obtuvo indictment” del caso.

Pero más allá de eso, el senador del Polo advirtió sobre la estrecha relación de Marlos Cobar con la Fiscalía. En su libro, Martínez dice que “la gratitud hacia el señor Cobar debe ser imprescriptible”. Como lo dio a conocer el periodista Daniel Coronell, el suegro del señor Cobar, el jurista Gilberto Ramírez, ha asesorado jurídicamente al expresidente y exsenador Álvaro Uribe. De otra parte, la esposa de Cobar, la también jurista Paula Andrea Ramírez, había sido funcionaria de la Procuraduría en la época del exprocurador Alejandro Ordóñez. (ver fotos)

Sobre estas relaciones entre la DEA y el CTI, Cepeda también mencionó a Mauricio Nieto Rojas, quien se desempeñaba como Coordinador del grupo DEA-SIU. Sobre las actuaciones de Nieto, Cepeda dio a conocer una comunicación que en el año 2017 alertaba sobre operaciones ilegales de entrampamiento contra miembros del partido Polo Democrático y del nuevo partido Farc para relacionarlos con actividades de narcotráfico y lavado de activos de bandas criminales. (ver comunicación)

El senador expuso hechos adicionales relacionados con el caso del vicepresidente Óscar Naranjo e Iván Márquez, Cepeda indicó que aunque en su libro el exfiscal Martínez dice que el vicepresidente Naranjo siempre ha sido “respetuoso del estado de derecho”, calló en cuanto a que en la operación conjunta del CTI y la DEA se intentó hacer un montaje para relacionarlo con el Cartel de Sinaloa. (escuchar audios)

En cuanto a Iván Márquez se sabe que fueron recaudados 1.391 audios, y que, según lo publicó el periódico El Espectador como parte de la investigación del periodista Edinson Bolaños, se preparaba una operación consistente en alquilar una bodega con dos camionetas con cocaína para acompañar el operativo de captura.

Por su parte, Martínez afirmó que a comienzos de abril de 2018 lo visitaron los investigadores de la DEA y que le informaron que Iván Márquez estaría involucrado también en la supuesta operación de narcotráfico. Pero en la entrevista de El Espectador, Martínez negó conocer que se estuviera interceptando a Márquez.

“Es imposible que el exfiscal Néstor Humberto Martínez no conociera las grabaciones en las que se intentaba implicar al vicepresidente de la República y al jefe del equipo negociador de FARC”, dijo Cepeda.

Contrario a esto, Martínez nunca informó al Presidente de la República sobre las operaciones en curso, a pesar de que podían afectar gravemente el proceso de paz.

“En cambio, optó por entregar la información a una agencia de inteligencia extranjera sin consultar al Presidente. Este era un asunto de seguridad nacional, pues afectaba directamente el proceso de paz. El fiscal Martínez decidió adelantarlo en secreto y a espaldas de quienes estaban en la Mesa de Conversaciones” advirtió Cepeda.

Agregó que “Martínez intentó borrar las huellas y acomodar su coartada para disimular los hechos que lo incriminan”.

En tal sentido, el artículo 243 de la ley 906 de 2004, señala en cuanto a las actividades de entrega vigilada que: “está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado”.

El jurista Yesid Reyes ha puesto en evidencia esta ilegalidad. El uso de agentes encubiertos que, tratándose de delitos relacionados con el tráfico de drogas, suelen realizar entregas controladas de sustancias ilícitas a quienes por su propia iniciativa emprenden la comisión de un delito, y el llamado agente provocador, cuya característica distintiva es que hace nacer en alguien la voluntad de delinquir. Mientras la primera está permitida en Colombia, la segunda está expresamente prohibida por la ley.

Cepeda anunció que, teniendo en cuenta los hechos denunciados contra el exfiscal general Martínez Neira el 5 de junio de 2019, más los nuevos hechos expuestos en este debate, junto con el senador Antonio Sanguino ampliará la denuncia radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, para que sea investigado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción y por omisión, fraude a resolución judicial, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

“Ahora, además, solicitaremos que sea investigado por la presunta comisión del delito de traición a la patria, por cuanto habría realizado actos tendientes a afectar la naturaleza de Estado Soberano de nuestro país”, concluyó.

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