Publicada originalmente en Confidencial Colombia

La Ley de Víctimas de 2011 prohíbe a “las instituciones del Estado impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial” (Ley 1448 de 2011. Parágrafo, articulo 143). Esta prohibición me ha venido a la mente frecuentemente.

Imponer una verdad oficial es un ejercicio de poder que busca controlar cómo la gente entiende la realidad que vive. El peligro es que se reproduzca inconscientemente. Así ocurrió, por ejemplo, con el discurso colonizador europeo en África a través de la escritura e imágenes de un mundo distinto, considerado mejor y más “perfecto”, cuyos imaginarios se impusieron mediante la influencia de diferentes medios como libros, periódicos y radio (Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana). Tenemos mucha experiencia con los intentos de imponer una verdad oficial en Colombia.

La “verdad oficial” del Frente Nacional -1958 a 1974- dice que fue el modelo de alternancia de los partidos liberal y conservador, con el fin de superar “La Violencia” en Colombia. En realidad lo que hizo fue excluir a las demás fuerzas políticas de izquierda, lo que desembocó en la guerra de guerrillas que actualmente persiste. En ese lapso, se incorporó la autonomía de los militares en el manejo del orden público, su politización, la alternancia de la represión oficial y paraoficial, y la militarización de la función policial.

De acuerdo a la “verdad oficial”, la Doctrina de Seguridad Nacional y “el enemigo interno” hoy no existe en Colombia. Sin embargo, la realidad es que las secuelas de la doctrina anticomunista establecida por el gobierno de Alberto Lleras Camargo todavía persisten. Fue durante esta época que los militares adquirieron autonomía en la definición de la política anticomunista y contrainsurgente, que se articuló con el uso permanente del Estado de sitio y les dio vía libre para ubicar todo tipo de crítica como blanco de represión y criminalización, al concebirlos como parte del proyecto insurgente armado. En 2009 el Consejo de Estado reconoció que estos instrumentos estaban vigentes al resolver una acción de tutela, declarando que las instrucciones contenidas en los Reglamentos de combate de contraguerrillas de 1969 y 1987 continúan vivos (Sentencia 442 de 2009). Los escándalos reiterados de “las chuzadas” muestran la persistencia del concepto de enemigo interno. El gobierno no ha probado lo contrario.

Según la “verdad oficial”, la guerra sucia no existe. Pero en los 80s y 90s no solo se exterminó al partido político Unión Patriótica, sino que en general se manifestó en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales, entre otras prácticas de represión política y terrorismo de Estado.

La “verdad oficial” sobre el Palacio de Justicia -6 y 7 de noviembre de 1985- es la de que un comando del M-19, financiado por el narcotráfico, se tomó la sede de las Cortes con el fin de quemar los expedientes de los llamados “extraditables” a los Estados Unidos, y asesinaron a los magistrados, empleados de cafetería y visitantes ocasionales. El Consejo de Estado dice lo contrario, al condenar a la Nación por la muerte de los magistrados, las torturas, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales de los empleados de cafetería y visitantes. El Informe Oficial de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de 2010, también controvierte la verdad oficial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado el 14 de noviembre de 2014 y desbarató la verdad única.

La “verdad oficial” es negar la existencia de paramilitarismo. A través de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, bautizan a los paramilitares como bandas criminales, BACRIM, Grupos Armados Organizados, GAO, Grupos de Delincuencia Común Organizados, GDCO, y Grupos sucesores del paramilitarismos, a pesar de su creación legal (Decreto 3398 de 1965 y la ley 48 de 1968) y contrario a los hallazgos de varias sentencias de la Corte Interamericana como las de Los 19 comerciantes, La Rochela, Mapiripán y Manuel Cepeda.

La “verdad oficial” sobre los homicidios colectivos desde el gobierno de Andrés Pastrana hasta el de Iván Duque busca cambiar el lenguaje para esconder la realidad. Utilizan el “homicidio plural” para oponerse al termino de “masacres”, concepto arraigado en lo nacional e internacional que ha sido empleado por la Corte Interamericana, en sus sentencias sobre las masacres de Ituango, Pueblo Bello, La Rochela, Santo Domingo y Mapiripán. El informe del 14 de octubre de 2020 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó al menos 42 masacres en 2020.

La “verdad oficial” pretende unificar las estadísticas oficiales sobre graves violaciones a los derechos humanos en la Fiscalía General de la Nación, pretendiendo “armonizar la metodología para el levantamiento de la información de los asesinatos de líderes sociales” como lo sostiene el presidente Iván Duque. No obstante, esto tiene el propósito de concentrar en el fiscal Francisco Barbosa su manejo, descartando con ello el trabajo de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales.

La “verdad oficial” de los casos clarificados o esclarecidos, entendidos como “toda acción de impulso investigativo emprendida por el ente investigador”, tiene el propósito de confundir y contribuir a generar un impacto mediático de resultados exitosos que en realidad no lo son. Se clarifica y esclarece la investigación cuando hay una sentencia en firme contra los responsables del delito, lo que implica que no se aclara en las etapas iniciales de apertura de la investigación ni con la acusación del implicado.

De acuerdo a la “verdad oficial”, los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, los y las firmantes de la paz, los y las defensoras de derechos humanos, son responsabilidad del narcotráfico, cuyo impacto es devastador en lo económico, social, cultural y en las vidas humanas. Reducir y responsabilizar al narcotráfico del conflicto armado colombiano ha sido una constante en las últimas décadas. Es una manera muy simplista de ver la realidad.

Hoy en día la estrategia del Gobierno Duque es pretender ocultar la verdad porque la contundencia de los hechos compromete al Estado y la independencia de los órganos de control e investigación. Con demasiada frecuencia la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación se alinean con la estrategia del gobierno, en vez de encontrar la verdad judicial. Es una dinámica que debilita los pesos y contrapesos y por ende la democracia.

Es muy sabia la prohibición de la Ley de Víctimas de 2011. Vale la pena tenerla en mente porque la verdad oficial no sólo es incompatible con un campo de memorias plurales, sino con la democracia misma.

Rafael Barrios Mendivil
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