Daniel Valenzuela Mosquera, era campesino oriundo de Cajibío, integrante de la comunidad de la comunidad campesina, padre de dos niñas menores de edad y trabajador con su moto en el servicio de transporte público.
Hechos
Miembros de la comunidad afirmaron que siendo las 8:00 p.m. del 14 de agosto, en la vía que conduce de la cabecera municipal de Cajibío al corregimiento de La Pedregosa, efectivos de la Brigada 29 del Ejército Nacional retuvieron en un retén militar a Daniel Valenzuela Mosquera y a un familiar que lo acompañaba de parrillero.
Luego, los militares, ordenaron a su acompañante que se marchara del lugar. Otro familiar de la víctima, quien también se movilizaba por esa vía, fue igualmente requisado para luego ordenarle continuar su camino. Informados del acontecimiento, los familiares esperaron que pasara la noche, y en horas la mañana del día siguiente se acercó al sitio donde había sido retenido pero los militares no dieron ninguna información.
Luego de intensas pesquisas y de requerimientos infructuosos a la fuerza pública para que dijera dónde estaba su familiar, el cuerpo sin vida de Daniel les fue entregado en el Instituto de Medicina Legal de Popayán, bajo informe de la Brigada 29 de haber sido dado de baja en combates con el Ejército Nacional.
El 15 y 16 de agosto diversos medios de comunicación del nivel regional y nacional difundieron la noticia de la muerte de Daniel Valenzuela Mosquera, dándole el alías de “Perico”, a quien señalaban, según datos recogidos de los informes dados por la Brigada 29 del Ejército Nacional, como cabecilla de las FARC muerto en combate. El mismo Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expresó públicamente que: “Alías Perico realizó varios ataques contra la población
Civil y participó en las voladuras de torres de conducción de energía y afectación de la infraestructura en el norte del Cauca (…) este terrorista de las FARC tenía en
Su poder 2 kilos del explosivo Anfo y 8 metros de cordón detonante (…) este terrorista conformaba la estructura que brinda seguridad a alías “Caliche” máximo cabecilla de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC”.
La comunidad campesina de esta zona de Cajibío expresó que siente temor y zozobra ante los hechos presentados con antelación y en riesgo permanente por la presencia de las Unidades Militares que no han garantizado su protección. Además denunciaron que los dos días anteriores a la ejecución de Daniel, miembros del Ejército Nacional estigmatizaron y señalaron a varios campesinos de ser integrantes y colaboradores de la guerrilla.
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, recoge la expresión de los familiares y vecinos de Daniel en el sentido que ellos dan fe del trajinar diario y de
La vida tranquila y hogareña que él llevaba, pero que así hubiese tenido deudas con la justicia no tenían porque haberlo asesinado.
Llama también la atención de la RED, que el hecho presentado en municipio de
Cajibío, resulta similar a lo sucedido en los municipios de El Tambo y Miranda, donde Rubén Zambrano, en el mes de abril y Luis Alberto Cúnde, en junio, respectivamente, fueron presentados por el Ejército Nacional como personas dadas de baja en combate, mientras la comunidad y sus familiares reclaman su inocencia, manifiestan que eran miembros permanentes la comunidad y rechazan la conducta del Ejército Nacional.
Para las organizaciones sociales integrantes de la Red por la Vida y los Derechos
Humanos del Cauca estos hechos requieren investigaciones serias e imparciales por parte de los organismos de Control del Estado colombiano y de las instituciones encargadas de administrar justicia para que identifiquen la responsabilidad del Ejército Nacional en estos sucesos lamentables.
También, se hace imprescindible que la comunidad nacional e internacional, en especial los organismos de defensa de los derechos humanos de las naciones unidas y otros de carácter independiente, observen el comportamiento de la fuerza pública en las zonas rurales y exijan de los actores armados acoger y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, especialmente las relacionadas con el respeto a la población civil y el principio de distinción, para que estas prácticas no continúen presentándose.
Las organizaciones sociales integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, consideran que lo sucedido en el municipio de Cajibío, como lo narran los familiares y conocidos del desaparecido Daniel Valenzuela Mosquera, resulta siendo otro crimen de Estado que muestra la inutilidad de la guerra y la ruta perversa que ha tomado la eficiencia militar que para mostrar resultados sacrifica la vida e integridad de los civiles.
