Jueves 11 de diciembre de 2014, por
A raíz del nuevo hecho de corrupción en el Ejército que involucra al recién ascendido Mayor General Nicacio Martínez Espinel, el senador Iván Cepeda recordó que en enero de este año cuestionó la celebración de contratos por valor de más de 45 mil millones de pesos entre el Ministerio de Defensa y algunas compañías mineras.
Ejecuciones extrajudiciales - Falsos positivos | Abusos de la Fuerza Pública |
El pasado 3 de diciembre fueron aprobados por la plenaria del Senado 39 ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, de los cuales, el senador Iván Cepeda, en nombre de la bancada del Polo Democrático, solicitó la congelación de siete, por su presunta relación con violaciones de derechos humanos. Dentro de este grupo se encontraba el hoy Mayor General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien, durante su periodo como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Décima Brigada (entre diciembre de 2004 y junio de 2006), estuvo al mando de unidades tácticas involucradas en 13 hechos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 36 víctimas.
A menos de ocho días de los mencionados ascensos, el Ejército informó que fueron relevados de sus cargos diez oficiales, entre los que se encuentra Nicacio de Jesús Martinez Espinel, para avanzar en las investigaciones que se adelantan desde el mes de mayo, por hechos de corrupción relacionados con recursos desviados, pagados al ejército por empresas mineras que operan en Antioquia y que contratan el servicio de escolta para el transporte de explosivos con las unidades militares del departamento.
En enero de 2014, el senador Cepeda reveló información entregada por la Contraloría General, según la cual, el Ministerio de Defensa suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto total de 45.729’809.600, para que el Ejército le brinde protección especial a las empresas mineras más grandes que explotan los recursos del país. Entre estas se encuentran las trasnacionales Drummond Ltd (por $3.982 millones), Anglogold Ashanti Colombia S.A (por $3.714 millones), CCX Colombia S.A –Antes MPX- (por $3.220 millones) y otras empresas del sector como: Carbones del Cerrejón Limited (por $12.471 millones) y Cerro Matoso S.A (por $1.053 millones). Estudiando los convenios suscritos para la época de las presuntas irregularidades que involucran al Mayor General Martínez, estas pudieron haberse presentado en alguno de estos contratos.
Teniendo en cuenta el nuevo escándalo en el que se ve comprometido un Mayor General del Ejército y 9 oficiales y suboficiales más, el congresista le solicitó al Ministerio de la Defensa una rendición de cuentas detallada sobre cada uno de los convenios suscritos con empresas mineras por parte de la Fuerza Pública. Del mismo modo, les pidió a las autoridades judiciales una investigación rigurosa a los representantes de las empresas mineras involucradas en los hechos de corrupción antes mencionados.
Para el congresista, es preocupante que las fuerzas armadas se conviertan en parte interesada en el desarrollo de los conflictos por el territorio que se vienen presentando con las comunidades en las zonas mineras.
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Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA
Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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