En una carta abierta publicada hoy, los expertos indicaron que la propuesta
de reforma tendría “implicaciones serias” para el Estado de Derecho y el
disfrute de los derechos humanos en Colombia.
“Se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de
presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas
militares o de la policía”, afirmaron.
“Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado
colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los
derechos humanos”, opinaron los expertos.
“Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la fuerza pública sobre
las consecuencias de participar en la comisión de violaciones de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, agregaron los
firmantes de la carta.
En el escrito se reconoce que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y
desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia de tribunales
militares o policiales, pero se agrega que los cambios propuestos
“ampliarían la competencia de estos tribunales”, y les otorgaría “poder para
investigar, procesar y decidir sobre casos de otras violaciones serias de
los derechos humanos”.
Estos delitos, en opinión de los expertos, “deberían estar bajo la autoridad
del sistema y las cortes ordinarias de justicia penal”.
Se trata de delitos que representan una violación del derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra, la
violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento y uso de
menores, la detención arbitraria, la tortura y los tratos crueles, inhumanos
o degradantes, y otras violaciones como los atentados contra la integridad
corporal y las mutilaciones.
También podrían quedar bajo jurisdicción militar la toma de rehenes, los
atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos humillantes, así
como la obligación de tratar con humanidad a los que no participen
directamente en las hostilidades, sin distinción por motivo de pertenencia a
grupo étnico, religión o creencia, sexo, nacimiento o fortuna u otro
criterio similar.
Asimismo, la justicia militar podría tener competencia para conocer delitos
cometidos por fuerzas de seguridad privadas.
“Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente
permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean
las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos”,
dijeron los expertos.
“Estamos particularmente preocupados por el impacto que tendría al ser la
fase de investigación preliminar fundamental para el esclarecimiento de los
hechos y las responsabilidades”, incluidos “los criterios específicos que
definen si los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o
de genocidio”.
Los expertos advirtieron de que el establecimiento de un Tribunal de
Garantías Penales, como instancia de control para tratar cualquier acusación
contra un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, “sugeriría que el
acusado” recibiría “un trato preferente, lo cual podría generar un clima de
impunidad”.
También consideraron que la existencia de este tribunal, con competencia
exclusiva para procesar al personal militar o policial, “supondría la
existencia de un sistema paralelo de administración de la justicia y
violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para todos los
individuos y entorpecería el debido proceso legal”, y atentaría así “contra
el Estado de Derecho”.
“Nos preocupa especialmente el tratamiento de las denuncias relativas a
violaciones de derechos humanos contra población civil”, incluidos
“defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la
sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de especial
vulnerabilidad y riesgo”, indicaron.
Los firmantes de la carta son:
Christof Heyns, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias; El Hadji Malick Sow, presidente del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria; Faiza Patel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la
utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos.
También Frank La Rue, relator sobre la promoción y la protección del derecho
a la libertad de opinión y de expresión; Gabriela Knaul, relatora sobre la
independencia de magistrados y abogados; Juan E.
Méndez, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; Kamala Chandrakirana, presidenta del Grupo de Trabajo sobre
discriminación contra la mujer.
Además, Maina Kiai, relator sobre el derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas; Margaret Sekaggya, relatora sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos; Olivier de Frouville, presidente del
Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; y
Rashida Manjoo, relatora sobre la violencia contra la mujer.
