Ante el juzgado 20 de ejecución de Penas en Bogotá encargado del seguimiento de las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional SU 698 de 2017, las organizaciones ABColombia y la Caravana Colombiana que reúne a juristas de Londres presentaron un Amicus (o concepto de respaldo) aportando importantes elementos sobre estándares de derecho internacional en materia ambiental…

… de derechos humanos y de pueblos indígenas que resultan especialmente relevantes en la causa judicial de la defensa del arroyo Bruno uno de los afluentes del principal río en el departamento de la Guajira, el río Ranchería.

El escrito apunta a la necesidad de brindar una protección efectiva de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud de las comunidades wayuu ante la desviación del arroyo Bruno realizada por parte de la empresa Carbones del Cerrejón para su proyecto de expansión minería de carbón a cielo abierto y en particular, se refiere a la aplicación del principio de precaución ambiental para conceder la medida provisional en favor del retorno de las aguas al cauce natural del arroyo Bruno.

Es importante recordar que este documento de apoyo se radica en el marco del trámite de verificación del cumplimiento de las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional presentado por el CAJAR en representación de las comunidades accionantes de la tutela, toda vez que habiendo transcurrido más de un año luego de su notificación, tanto la empresa como las instituciones del Estado no han adoptado medidas que garanticen de manera cierta y real los derechos fundamentales de estas comunidades que permanecen amenazados y violados.

El Amicus recopila los estándares esenciales en órganos internacionales sobre los derechos a un ambiente sano y su relación con los derechos humanos, al agua, alimentación adecuada, derecho a la salud, cultura, consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, trayendo a colación transcendentales decisiones como la Opinión Consultiva OC-23 de 2017 y la reciente sentencia hito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Lhaka Honhat vs Argentina.

EL documento cita además fundamentos del principio preventivo y principio precautorio y, en relación con el derecho de acceso a la justicia, la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales, para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños ambientales. Esto en la medida en que el principio de precaución exige actuar con prudencia y cautela para garantizar que se adopten medidas de conservación eficaces para evitar daños irreparables. En ese orden se señala que aplicando el principio de precaución “los tribunales pueden dictar órdenes para detener las operaciones hasta que se celebren nuevas consultas, intercambiar información, llevar a cabo evaluaciones del impacto ambiental o suspender las operaciones por completo sobre la base del principio”

El amicus concluye señalando como La protección del medio ambiente, incluidas sus entidades naturales como los ríos, los árboles y las selvas tropicales, es esencial para la supervivencia humana y tiene unos estrechos vínculos con las formas de vida y de ser de los pueblos indígenas que tienen conexiones culturales especiales con sus territorios. Por lo tanto, recomienda “un examen cuidadoso para garantizar que no se cause un daño irreversible contrario al principio de precaución y que no se infrinjan los derechos humanos fundamentales. Estos principios y medidas de protección son fundamentales para garantizar la protección de los ríos y su valor intrínseco, así como los derechos de los pueblos indígenas al agua, a una alimentación adecuada, a la salud y a la cultura, que son esenciales para su dignidad humana”.

Para la elaboración del Amicus ABColombia y la Caravana han instruido a través de Sue Willman (socia principal de Deighton Pierce Glynn y Presidenta del Comité de Derechos Humanos de la Sociedad de Derecho de Inglaterra y Gales) a tres abogadas pertenecientes al Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales: Jelia Sane, Keina Yoshida y Camila Zapata Besso. A su vez, el Amicus Curiae contó con el apoyo investigativo de miembros de King’s Legal Clinic en la Escuela de Derecho Dickson Poon, King’s College, Universidad de Londres, Reino Unido, incluyendo a la candidata al doctorado Clara María López Rodríguez, y la asistencia técnica por la organización London Mining Network.

Consulte aquí el Amicus