• Durante la operación de retoma, las fuerzas de seguridad del estado respondieron de forma desproporcional y con uso indiscriminado de la fuerza, dejando un saldo de más de un centenar de víctimas, principalmente civiles.  

• La sentencia de la Corte Interamericana en 2014 estableció la responsabilidad del Estado, pero cuarenta años después las medidas reparación, en particular la justicia y búsqueda, siguen sin cumplirse. 

• A pesar de la histórica sentencia, el persistente negacionismo perpetua la impunidad y retrasa la reparación integral para las víctimas y sus familias. 

• El Estado, en particular, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, aún desconocen hechos ya establecidos en el proceso internacional 

Colombia, 6 de noviembre de 2025 – Este 6 y 7 de noviembre se cumplen 40 años de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia: la toma y retoma del Palacio de Justicia, que tuvo lugar en 1985. Tras la toma de las instalaciones por parte del grupo guerrillero M-19, las fuerzas de seguridad del Estado respondieron de forma brutal y desproporcionada, que incluyó el uso excesivo de la fuerza, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, cometiendo graves violaciones de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).  

Estos hechos dejaron un saldo de más de un centenar de víctimas, en gran parte civiles, entre ellas trabajadores y trabajadoras, magistrados y magistradas, y funcionarias y funcionarios.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la cual encontró a Colombia responsable por graves violaciones de derechos humanos, poniendo de manifiesto la reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad del país. En su fallo, constató que el Estado colombiano conocía sobre el inminente ataque del M-19, pero no tomó medidas para proteger a quienes se encontraban en el edificio.

Dos días antes de la toma, se retiró la seguridad, dejando desprotegidos a magistrados, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. La Corte IDH consideró que la respuesta del Estado no solo fue desmedida, sino que también incluyó alteraciones en la escena del crimen, irregularidades en el levantamiento de los cadáveres y falsedad en documentos públicos. 

El Tribunal ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas: realizar las investigaciones necesarias para establecer la verdad de los hechos, determinar, juzgar y sancionar a los responsables, así como identificar el paradero de las víctimas desaparecidas y la atención médica y psicológica a los familiares. Cuarenta años después, estas medidas aún no se han cumplido plenamente. El Estado, en particular, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, aún desconocen hechos ya establecidos en el proceso internacional, especialmente con relación a las desapariciones forzadas, en el que mantiene una postura negacionista que afecta la memoria, prolonga la revictimización y deja pendiente una deuda histórica con quienes sufrieron la violencia. 

A lo largo de estos 40 años, las familias de las víctimas de desaparecidos han enfrentado hostigamientos, amenazas y el silencio institucional. Varias víctimas y familiares han fallecido esperando el esclarecimiento de los hechos y una reparación que nunca llegó. Aun así, persisten en su búsqueda de justicia, manteniendo viva la memoria de las víctimas y exigiendo el cumplimiento integral de la sentencia de la Corte IDH. 

La sentencia del caso Palacio de Justicia vs. Colombia fue una decisión histórica a favor de la democracia del país. Declaró la responsabilidad del Estado en algunas de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el marco de la operación militar, reivindicó a las víctimas de tales hechos y recordó que cuando triunfan la verdad y la justicia, gana toda la sociedad.  

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de Abogadas y Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), acompañamos a un grupo de familias y víctimas en el proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reafirmando nuestro compromiso con ellas y sus familiares. Exigimos al Estado colombiano avanzar de manera urgente en el cumplimiento integral de la sentencia de la Corte IDH, garantizar la búsqueda y esclarecimiento de los casos pendientes, y brindar reparación efectiva a quienes aún esperan justicia. La memoria de las víctimas es una herramienta fundamental para garantizar que hechos como los del Palacio de Justicia nunca se repitan y para fortalecer la democracia y los derechos humanos en el país.