El Observatorio Surcolombiano de derechos humanos, paz y territorio, la Universidad del Tolima y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar- presentamos ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- el informe Más que estadísticas, sobre ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Tolima, que documenta el asesinato de civiles presentados como muertos en combate entre el año 2000 y 2015, a partir de 60 casos con 86 víctimas, en tres modalidades: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates simulados entre tropas del Ejército Nacional y grupos armados ilegales, ejecuciones extrajudiciales de civiles que, aun cuando no fueron presentados como bajas en combate o no se cuenta con esta información, le son atribuibles al Ejército Nacional, y asesinatos perpetrados conjuntamente entre el Ejército Nacional y grupos paramilitares.
Estos hechos comprometen la presunta responsabilidad de al menos nueve comandantes de la Quinta División, así como la participación directa de personal jerárquico de los batallones No. 18 “Jaime Rooke”, de contraguerrillas Nr. 6 “Pijaos”, el Nr. 16 “Patriotas” y Nr. 17 “Gral. Caicedo” y de la Brigada Móvil Nr. 8.
El informe documenta estos crímenes agrupándolos en dos periodos: uno comprendido entre 2000 y 2006, cuando se presentaron 20 casos con 32 víctimas, y el otro entre 2006 y 2013, con 31 casos y 51 víctimas. En ambos periodos se identificaron patrones que llevan a demostrar la existencia de un aparato criminal dentro de la Quinta División del Ejército Nacional, la Sexta Brigada y varias de sus unidades, así como el traslado de esta misma práctica a otras divisiones; lo que permite concluir que la sistematicidad y generalidad de este accionar criminal obedeció a una política dirigida desde el alto mando militar, como también se ha ido documentando en otros informes presentados por las organizaciones de derechos humanos a la JEP.
Respecto a la fase de planeación, el informe documentó en el primer periodo comprendido entre 2000 y 2006, que las víctimas eran personas en condición socioeconómica vulnerable, habitantes de zonas rurales o lugares apartados. Algunas fueron señaladas de colaborar con grupos armados ilegales con base en información obtenida de fuentes anónimas o no verificadas. Incluso una decisión judicial puso de presente la existencia dentro de la Sexta Brigada de redes de informantes con márgenes arbitrarios de actuación y denuncia. De este modo, cuatro de las víctimas, integrantes del Sindicato Agrícola de Trabajadores del Tolima –Sintragritol-,fueron catalogadas como parte del ‘enemigo interno’. En el caso de 25 de las víctimas, estas fueron abordadas por parte de las tropas del Ejército y sustraídas de sus hogares, lugares de trabajo o sitios públicos, solo por señalamientos de terceros.
En cuanto a fase de ejecución de los crímenes, hubo una simulación de combate y al menos a la mitad de las víctimas les fue implantado armamento o material de guerra, (en todos los casos el resultado de la prueba de absorción atómica -que comprobaría la manipulación del arma-, fue negativo). En el caso de ocho víctimas se logró corroborar que la trayectoria de las balas no coincidía con la descripción.
En relación con el encubrimiento, cinco de las víctimas fueron desaparecidas antes de la ejecución extrajudicial y siete fueron presentadas como Personas No Identificadas -PNI-. Dos víctimas fueron inhumadas en fosas comunes. Igualmente, se alteraron documentos relacionados con la operación, hubo declaraciones de militares negando o legitimando la práctica, e inconsistencias en sus testimonios ante la justicia.
Para el segundo periodo comprendido entre 2006 y 2013, el informe revela que en la fase de planeación se incorporó la práctica de los reclutadores civiles, entre ellos, se destaca Luis Jhon Castro Ramírez alias “El Zarco”, capturado en España y extraditado al país recientemente, quien asegura haber actuado en varios de estos hechos criminales bajo las órdenes del Ejército y, de hecho, se encuentra investigado por la comisión de algunos de estos hechos.
El informe expone también cómo 22 de las víctimas fueron señaladas por desmovilizados o vecinos, y cinco de ellas fueron asesinadas por su rol de liderazgo social, mientras que las restantes habían sido señaladas de colaborar con la guerrilla o pertenecer a grupos ilegales. En este periodo, 16 de las víctimas fueron sustraídas de sus hogares, lugares de trabajo o sitios públicos.
En la fase de ejecución entre 2006 y 2013, 43 de las 51 víctimas fueron presentadas como supuestos integrantes de las FARC-EP o de bandas criminales al margen de la Ley. En el caso de 11 víctimas, los impactos de bala no coinciden con la descripción del combate, y a 19 víctimas les fue implantado armamento o material de guerra. 24 de las 51 víctimas fueron presentadas por los comandantes con amplio despliegue mediático como operaciones ‘exitosas’. También se presentaron prácticas como el cambio de prendas civiles por uniformes camuflados, el traslado de los cuerpos a lugares distintos a los de los hechos y el levantamiento de cadáveres por personal militar.
En la fase de encubrimiento, también en este periodo 2006-2013 se encontraron declaraciones de integrantes del Ejército que legitimaban o negaban la práctica, así como inconsistencias en sus declaraciones ante la justicia. Igualmente, se identificó la obstaculización de las investigaciones, así como un estado de impunidad generalizada. Solo en siete de los 60 casos documentados en este informe ha habido sentencia condenatoria y sobre el resto no hay información sobre el estado de las investigaciones.
Uno de los elementos que comprometen la presunta responsabilidad de los altos mandos superiores se extrae de la misma Directiva Ministerial 029 del 2005, que desarrolló criterios para “pagos de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”, pero también de la Militarización del territorio, el accionar conjunto entre unidades tácticas y grupos paramilitares, la instigación a la comisión o a la tolerancia de la práctica por medio de la presión por resultados, los estímulos económicos o de otra naturaleza para la presentación de resultados, la falta de control sobre los subordinados, la masividad de los eventos que constituyen la práctica y el traslado de la práctica entre unidades militares con independencia de su jerarquía.
Esta práctica tuvo como contexto la Política de Seguridad Democrática consistente en una militarización absoluta y descontrolada sobre el territorio, durante la cual el Estado colombiano dejó de lado la obligación internacional de separar el marco legal y jurídico en el que se debe desarrollarse la persecución a la delincuencia común, de las actividades bélicas para la contención del conflicto armado interno. Esta apuesta represiva tuvo como consecuencia una escalada en las acciones militares en el departamento del Tolima.
En el informe también se documentan los impactos psicosociales para las familias de las víctimas, de qué manera el asesinato de sus seres queridos tuvo una serie de afectaciones individuales, familiares y sociales como quebrantos de salud física y mental, miedo, zozobra, angustia y tristeza permanentes. También la vulnerabilidad económica, el resquebrajamiento de sus relaciones sociales, el distanciamiento y la estigmatización, la alteración de sus costumbres y creencias, sus vínculos familiares y comunitarios, en suma, la ruptura del tejido social.
Para las mujeres en específico, este impacto fue diferenciado al haber afectado estructuralmente las formas en que sus familias percibían sus ingresos, recayendo esta carga exclusivamente sobre las madres, así como, el cuidado de los hijos u otras personas a cargo. En los casos en que las víctimas se encuentran aún desaparecidas, son también mayoritariamente las mujeres como madres, esposas, hermanas, tías, abuelas, quienes asumen la tarea permanente de la búsqueda. Esto, sumado a las amenazas u hostigamientos y el temor profundo por denunciar e indagar cuando el victimario hace parte de la misma estructura estatal.
Por todo lo anterior, el informe busca que la JEP seleccione y priorice esta región dentro del macrocaso 03: Asesinatos y desapariciones presentados como muertes en combate por agentes del Estado, debido a que la masividad de esta práctica no finaliza en los casos documentos en este informe, y se debe recordar que el Auto 033 de 2021 emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz, al mencionar a los diez departamentos con más eventos de asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate, posiciona al departamento del Tolima en el sexto lugar.
Las organizaciones que presentan el informe también solicitan que el conjunto de víctimas de estos hechos, sean reconocidas por esta jurisdicción, y que se llame a rendir versión voluntaria a la plana mayor de la V División y la VI Brigada, y otras unidades de menor rango. También que la Fiscalía General de la Nación avance con las investigaciones del conjunto de hechos aquí documentados, y que se reivindique el buen nombre de las víctimas. Igualmente, que se impulsen las reformas institucionales y de depuración de la fuerza pública para que hechos como estos jamás se repitan.
Comandantes de la Quinta división durante el periodo del informe
| Comandante | Periodo | No. de víctimas |
| Freddy Padilla de León | 1 de diciembre de 2000 hasta el 20 de agosto de 2002 | 4 |
| Reinaldo Castellanos Trujillo | 18 de noviembre de 2002 al 19 de noviembre de 2003 | 10 |
| Hernando Alonso Ortiz | 19 de noviembre de 2003 al 28 de abril de 2005. | 12 |
| Carlos Suárez Bustamante | 28 de abril de 2005 al 16 de septiembre de 2006 |
6 |
| Gustavo Matamoros Camacho | 20 de septiembre de 2006 al 16 de noviembre de 2007 | 27 |
| Jairo Antonio Herazo Marzola | 16 de noviembre de 2007 al 3 de diciembre de 2009 | 19 |
| Juan Pablo Rodríguez Barragán | 2 de diciembre de 2009 al 15 de septiembre de 2011 | 3 |
| Henry Torres Escalante | 31 de enero de 2012 al diciembre de 2013 | 2 |
