En abril de 2017, como parte de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia (que es Estado Parte del Estatuto de Roma) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP), el Congreso colombiano aprobó una ley que no cumple con los estándares de la CPI sobre la responsabilidad de mando.

“Si la Corte Constitucional de Colombia aprueba la ley en su forma actual, existe el riesgo de que fortalezca la impunidad gozada por aquellos -especialmente dentro del Ejército- que tienen mayor responsabilidad por crímenes internacionales cometidos en Colombia”, explica Andreas Schüller, director de la sección “Crimenes internacionales y responsabilidad” del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) en Berlín (Alemania). “En caso de que esto ocurra, recaerá en la CPI intervenir e investigar a altos funcionarios militares colombianos.” El ECCHR ha abordado esta cuestión de derecho internacional en un informe amicus curiae presentado ante la Corte Constitucional de Colombia el 28 de julio de 2017 en Bogotá como parte de la revisión del Acto Legislativo 001 de 2017.

En el amicus curiae, ECCHR enfatiza que el artículo que regula la responsabilidad de mando, el cual ha sido sujeto de diversas modificaciones, está formulado de tal manera que contiene lagunas de impunidad que resultan de la interpretación con respecto al control efectivo que ejercen los comandantes militares sobre sus subordinados, y de que el número de condiciones a cumplir establece un umbral excesivamente alto para determinar la responsabilidad penal de los comandantes. El amicus curiae se refiere particularmente al caso Bemba, del cual emanó la en marzo de 2017 primera sentencia de la CPI sobre responsabilidad penal de comandantes militares.

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